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“Solicitamos con urgencia se derogue este decreto que no es más que un nuevo requerimiento para el sector de la salud, que pasa por un momento agónico generando una crisis humanitaria que afecta la vida de pacientes, s y de todos los ciudadanos”.
El párrafo es de un comunicado que acaba de publicar el Movimiento Todos Por la Salud, que fue lanzado hace un par de semanas, por el exministro de Salud Alejandro Gaviria, en compañía de organizaciones de pacientes y de asociaciones gremiales, como Acemi (de las EPS)y la Andi. En el texto son claros: como a varios actores del sistema, no les cayó nada bien el decreto que expidió el Ministerio de Hacienda y que aumenta las retenciones para varios servicios en salud.
Señalan que, a pesar de haber enviado varios comentarios sobre el decreto e indicar múltiples desacuerdos, el Gobierno optó por sacarlo adelante, con “modificaciones fiscales que afectan directamente a varios sectores económicos del país, donde el sistema de salud no es ajeno”.
“En un contexto donde toda la cadena del sector salud enfrenta ya una grave crisis financiera por varias causas como una UPC desfinanciada (ya decretada por la Corte Constitucional), altos niveles históricos de cartera y cambios en los giros a la red por las EPS manejadas por el Gobierno Nacional, este nuevo esquema tributario representa una carga adicional con el cual no contaban las empresas”, aseguran los integrantes de Todos por la Salud.
Como explicamos en este artículo, el decreto busca que prestadores de servicios, como las clínicas y los hospitales, paguen este año el anticipo del impuesto de la retención en la fuente del 2026.
Las actividades de salud incluidas en el decreto son los servicios de hospitales y clínicas con internación, es decir, la hospitalización a los que se les retiene un 3,50%; las consultas médicas sin internación, la práctica odontológica y otras actividades de atención humana no especificadas, todas con un 1,10% de retención; y finalmente, las actividades de apoyo diagnóstico y terapéutico, así como la atención residencial para pacientes con condiciones de salud mental específicas, que tienen una retención del 3,50%.
“No estamos en condiciones de soportar un adelantamiento de pago de impuestos porque no tenemos caja. El gran problema que tenemos en este momento es que no tenemos plata fluyendo”, había dicho a El Espectador Jorge Toro, director de la Unión de IPS de Colombia (Unips), un gremio que reúne a algunos hospitales y clínicas en el país.
“Las IPS no tienen el flujo de caja ni la liquidez suficiente que les permita cumplir con el pago anticipado de las retenciones y del impuesto de renta ni el incremento en tarifa alguna”, había señalado, por su parte, Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, en una carta que le enviaron al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Para el Movimiento Todos en Salud, la medida terminará afectando la atención de los pacientes y de los s del sistema de salud. “La obligación de anticipar mayores recursos al Estado mediante retenciones y autorretenciones reduce aún más el flujo de caja disponible, ya de por sí afectado por la insuficiencia de la UPC para la operación diaria, la inversión en equipos y tecnologías, el pago a proveedores y el cumplimiento oportuno de salarios al talento humano en salud”, indican.
También afirman que, a corto plazo, ese decreto profundizará la “fragilidad financiera de numerosas instituciones prestadoras de servicios de salud y proveedores”. A largo plazo, dicen, estas dificultades se pueden traducir en “cierres de servicios, disminución en la calidad y oportunidad de la atención”.
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