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El Ministerio de Salud reportó este miércoles que ya terminó de pagar la deuda de presupuestos máximos que el Estado debía del año 2022 (y que ascendía a poco más de $800.000 millones). Entonces, le solicita formalmente a la Corte Constitucional que haga el archivo definitivo del incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que ese tribunal había abierto en el pasado, y que se abstenga de imponer cualquier sanción en su contra.
En el auto 2049 de 2024, la Corte le ordenó a Minsalud pagar el valor correspondiente al ajuste de los presupuestos máximos de la vigencia 2022, una deuda que ascendía, específicamente, a $819.667 millones. Hay que recordar que con la plata de presupuestos máximos se paga todo aquello que está en el Plan de Beneficios en Salud que no se paga con los recursos de la UPC. Esto incluye tratamientos y medicamentos de alto costo (como los de las enfermedades raras).
Esta deuda surge de un ajuste que se debe hacer año tras año. Al principio de cada vigencia, el Ministerio de Salud destina una suma estimada de recursos para cubrir los servicios y tecnologías en salud que no se financian con la Unidad de Pago por Capitación (UPC), a través de los llamados presupuestos máximos. Sin embargo, al finalizar el año, se revisa el gasto real ejecutado por las EPS y se realiza un ajuste contable y financiero. Si se identifica una diferencia entre lo presupuestado y lo efectivamente utilizado, el Ministerio debe asumir ese faltante. Eso fue lo que ocurrió con la vigencia 2022, en la que el ajuste final arrojó un saldo pendiente.
El 19 de febrero de 2025, Minhacienda expidió la resolución 0369 en la que dispuso realizar el giro a la ADRES (el banco de la salud) del dinero en cuatro pagos, que la ADRES debía después girar a las EPS. Los pagos se realizaron entre febrero y mayo en tres cuotas de $200.000 millones y una cuarta de $219.000 millones.
De este modo, dice Minsalud en su solicitud, “se entiende por hecho superado, la situación que se presenta cuando, durante el trámite de la acción de tutela o de su eventual revisión ante dicha Corporación, sobreviene la ocurrencia de hechos que demuestran que la presunta vulneración de los derechos fundamentales, en principio informada a través de la instauración de la acción de tutela, ha cesado”.
La deuda alrededor de presupuestos máximos y la tardanza por parte del Estado en el giro de esos recursos ha sido uno de los argumentos que las EPS han utilizado para justificar su difícil situación financiera, señalando que esta demora afecta su flujo de caja, la continuidad en la prestación de servicios y el pago oportuno a clínicas, hospitales y proveedores. La Corte, por ejemplo, también le ordenó a Minsalud que haga los giros futuros a tiempo, con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos y evitar afectaciones en la atención de los s.
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