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El pasado lunes 19 de mayo, los ministros del Interior, Armando Benedetti; del Trabajo, Antonio Sanguino; y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, radicaron, una vez más, la consulta popular en el Senado. Con el nuevo documento, el Gobierno ha planteado cuatro preguntas adicionales a las 12 originales, las cuales son:
- ¿Está de acuerdo con que el Gobierno Nacional compre o produzca los medicamentos necesarios para garantizar la entrega completa y oportuna a los pacientes?
- ¿Está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y la ADRES pague directamente a hospitales y clínicas?
- ¿Está de acuerdo con que se garantice a los colombianos un modelo de atención primaria en salud, preventivo y resolutivo, con ampliación de los servicios especializados necesarios de carácter público, privado y mixto?
- ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial que garantice a los empleados y trabajadores de la salud la vinculación formal, los derechos laborales y el salario justo?
Estas preguntas, al tener que ver con la salud, han generado varias respuestas por parte de los actores del sector. Una de las reacciones fue la de Pacientes Colombia, que agrupa a 200 organizaciones de pacientes de todo el país. A través de un comunicado, manifestó su rechazo a las propuestas de la consulta popular.
En primer lugar, la organización se refirió a la situación de los medicamentos, afirmando que “el problema central no es quién los compra, sino cómo se gestiona la política farmacéutica”. Según Pacientes Colombia, aunque actualmente hay mecanismos de regulación de precios y compras centralizadas, los pacientes se enfrentan a un desabastecimiento frecuente, así como demoras en las entregas. A sus ojos, no es necesario que el Estado sea el único productor, sino que se implemente una política eficiente, transparente y técnica.
En cuánto a la segunda pregunta adicional, la organización afirma que si se eliminan las EPS como intermediarias, esa función se trasladaría a nuevas “gestoras” y entes territoriales cuyas responsabilidades no estarían muy claras. El giro directo que ya existe, plantea, requiere de mayor veeduría ciudadana.
Por otro lado, frente a la atención primaria, Pacientes Colombia menciona que hoy en día existen 20.000 equipos extramurales “sin resultados”. En su opinión, aunque un modelo preventivo es buena idea, en la práctica se ha quedado corto. “Se necesita capacidad resolutiva, redes integradas y hospitales fortalecidos, no solo visitas domiciliarias”, se lee en el comunicado.
La organización agrega que, aunque la formalización del talento humano es un deber del Estado, esto no es posible de decretar sin recursos ni planificación. En el documento se hace énfasis en cómo los profesionales en salud siguen con contratos “indignos”.
“Por todo esto, le exigimos al Gobierno nacional un plan serio de financiación y priorización presupuestaria, con soluciones técnicas y no ideológicas, una planificación con participación ciudadana real, una veeduría y un control social efectivos en el uso de los recursos y garantías presupuestarias para asegurar derechos”, dijo Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.
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