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Este viernes 28 de febrero se vence el plazo que le dio la Corte Constitucional al Ministerio de Salud para crear una mesa de trabajo con actores de todo el sector para discutir una nueva metodología para definir la UPC, es decir, la plata que se le gira el Estado a las EPS para garantizar el plan de beneficios en salud.
La convocatoria de estas mesas fue ordenada por el alto tribunal a través del Auto 007 de 2025, en el que se determinó que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no garantizaba la suficiencia financiera para los regímenes de salud contributivo y subsidiado. Por esta razón se ordenó, en un plazo de diez días, conformar estas mesas para su reajuste.
Según pudo conocer este diario, hasta el momento, el Ministerio de Salud no ha llamado a actores como Acemi, uno de los principales gremios de las EPS, a organizaciones de pacientes como la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, ni tampoco a gremios de la salud como Acuerdos Fundamentales.
Vale señalar que hace diez días el Ministerio de Salud solicitó la nulidad del auto que ordena la creación de estas mesas, alegando que existen irregularidades procesales y que se vulnera derechos fundamentales como el debido proceso, la defensa y la contradicción.
Además de esto, Minsalud señaló en su solicitud al alto tribunal que el auto “carece de sustento probatorio” para afirmar, por ejemplo, la insuficiencia de la UPC en 2024 y que se hizo una valoración arbitraria de las pruebas presentadas, omitiendo otras relevantes.
Lo cierto es que, de no cumplir con las órdenes de la corte, el Ministerio de Salud podría estar incurriendo en incidente de desacato.
Además de esta orden, en el próximo mes Minsalud tendrá un mes para presentar un informe donde justifique la fijación de la UPC del 2025, que aumentó 5,36 %. Hay que recordar que la gran mayoría de gremios en el sector apostaban por la necesidad de incrementar la UPC entre un 14 % y 16 %.
Otras de las órdenes de Corte Constitucional era el pago el valor correspondiente al ajuste de los presupuestos máximos de la vigencia 2022, que asciende a poco más de $800.000 millones que se le adeudaba en totalidad a las EPS y al sistema de salud. El pasado 21 de febrero, el Gobierno realizó el primer giro de $200 mil millones mensuales a las EPS para saldar esta deuda para mayo de 2025.
La recusación contra el magistrado Reyes
El pasado lunes 24 de febrero, la cartera de Salud presentó una recusación contra el magistrado de la Corte Constitucional José Fernando Reyes Cuartas, quien ha liderado las ponencias de ese tribunal sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos en el sistema de salud.
Reyes hace parte de la llamada Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional, la cual ha emitido varias decisiones clave en el sector salud. Por ejemplo, en diciembre de 2024, esta sala declaró el incumplimiento del componente de suficiencia de los presupuestos máximos y abrió un incidente de desacato contra el Ministerio de Salud.
Según el documento de recusación, al que este medio tuvo , el Ministerio de Salud argumenta que algunas declaraciones públicas de Reyes podrían constituir prejuzgamiento sobre temas que aún debe resolver dentro del seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008. En particular, señala que el magistrado ha emitido decisiones constantes sobre el financiamiento del sistema de salud con recursos públicos y que, además, en una entrevista televisiva realizó afirmaciones que fueron ampliamente replicadas en redes sociales, generando un alto impacto mediático.
“Si bien es cierto, el Honorable Magistrado Dr. José Fernando Reyes Cuartas por su condición de magistrado no pierde su condición de ciudadano ni mucho menos de del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sí se predica de él un comportamiento especial”, se lee en un aparte del documento. “Él debe garantizar su imparcialidad y criterio objetivo como garante de la recta impartición de justicia”.
El Minsalud solicita a los magistrados Vladímir Fernández Andrade y Miguel Polo Rosero que inicien el trámite de recusación contra el magistrado Reyes Cuartas. Para ello, pide que se siga el procedimiento establecido en los artículos 25 a 31 del Decreto 2067 de 1991, garantizando el debido proceso en la evaluación de su imparcialidad como magistrado sustanciador e integrante de la sala.
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