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Este martes, los hospitales públicos y privados del país sostuvieron una reunión con la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, para discutir las preocupaciones financieras del sector, así como los riesgos de cierre de servicios y las dificultades que están teniendo estas instituciones para cumplir, de manera oportuna, con el pago de salarios y seguridad social de los trabajadores de la salud.
En el espacio participaron los tres gremios principales que agrupan a los hospitales del país, además de más de 15 gerentes de instituciones de diferentes regiones. Allí se presentaron cifras y análisis detallados en torno a “los factores que están afectando gravemente la operación de los hospitales y clínicas”.
Los asistentes, a través de un comunicado, dieron a conocer los tres puntos que consideran más preocupantes, los cuales se citan a continuación:
1. Retrasos y déficit en los recursos girados por las EPS, lo cual aumenta la deuda, afecta el pago a proveedores, puede causar y ha causado el cierre de servicios o camas e impide el pago de salarios, honorarios y seguridad social a las y los trabajadores de la salud.
2. El hecho de que los recursos de la UPC no puedan ser usados para el pago de deudas de vigencias anteriores, el giro directo por debajo de un porcentaje inferior a lo establecido, así como nuevas exigencias informáticas que dificultan la facturación, afectan el flujo de caja operativo.
3. La intervención o liquidación de entidades fue señalada como el factor más crítico: evidencia serios problemas de eficiencia en la gestión istrativa, afecta la oportunidad de pagos y el reconocimiento de la cartera.
Además, los participantes afirman que estos problemas financieros, sumados a los requisitos istrativos, pueden dilatar la atención en salud. La situación, dicen, ha puesto en riesgo la vida de niñas, niños y pacientes, especialmente aquellos en zonas apartadas con barreras tanto geográficas, como de transporte. “La Defensoría del Pueblo mantendrá abiertos los canales de diálogo con todos los actores del sistema, con el fin de encontrar soluciones que garanticen el derecho a la salud”, se lee en el comunicado.
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