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Hay preocupación en el sector prestador del mundo de la salud con la última decisión financiera anunciada por el Gobierno. Para algunos de sus dirigentes, el decreto 572 de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda, podría empeorar la situación financiera y acelerar el cierre de servicios hospitalarios, así como la posibilidad para mantener las condiciones laborales del talento humano en salud.
El objetivo de la medida, que se conoció en la noche del miércoles, dice Paul Rodríguez, economista de la U. del Rosario, “es aumentar la retención, y de esta forma no cambiar el monto de la renta (que requiere una reforma tributaria), pero sí acelerar la disponibilidad de los recursos. En otras palabras, traer la plata que llegaría en 2026 por renta a 2025, y así solucionar los problemas de liquidez”.
Para entender esto, hay que tener claro primero un concepto: la retención en la fuente. Normalmente, estamos acostumbrados a pagar impuestos “año vencido”. Según la cédula o el calendario tributario, cada persona tiene una fecha en 2025 para pagar los impuestos que corresponden a los ingresos durante el 2024.
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La retención en la fuente, sin embargo, es un mecanismo mediante el cual el Estado recibe una parte del impuesto de manera anticipada. Es decir, no se espera a que se haga la declaración anual de renta para cobrar el impuesto completo, sino que se va recibiendo por adelantado en pequeños pagos mensuales. Básicamente, consiste en descontar una parte del dinero que recibe una persona o empresa en el mismo momento en que lo gana. Esa parte descontada es lo que se conoce como un anticipo del impuesto de renta. Eso es normal que suceda.
Lo que hace el decreto 572 es ordenar que algunas empresas, en algunos sectores específicos, paguen una autorretención adicional. Esta funcionaria como un anticipo del impuesto de renta del próximo año, 2026. Las nuevas tarifas serán aplicables a partir del 1 de junio y las antiguas serán aplicables hasta el 31 de mayo.
En palabras mucho más sencillas, el Gobierno no está creando un nuevo impuesto, pero sí está pidiendo que parte del impuesto conocido, que normalmente se pagaría en 2026, se pague desde ya en 2025.
“Esto es un golpe a las finanzas públicas porque es desfinanciar el 2026 con 2025. Creo que esto ya lo había hecho Iván Duque a menor escala, y fue lo que pasó. Para las empresas, y algunas personas naturales que tienen que retener, el problema es de caja: en sus cuentas están las fechas en las que deben pagar renta y los flujos de caja se diseñan para tener ese dinero disponible; pero con este nuevo requerimiento, deben ajustar estos flujos y eso podría llevar a iliquidez a más de uno”, dice Rodríguez.
Es decir, un hospital, por ejemplo, debe pagar, después de prestar un servicio, un anticipo de renta correspondiente al año en curso, en este caso 2025. Pero con la nueva medida, además de ese anticipo, tendrá que pagar también parte del anticipo del 2026.
“El sector salud es uno de los que más sufriría porque ya la liquidez es un lío; si un prestador, además de la creciente cartera y tiempos cada vez más largos para cobrar, se le suma el mayor porcentaje que debe pagar por retención, el panorama se le complica aún más”, dice Rodríguez. Justamente, el sector prestador ha sido el primero en poner el grito en el aire.
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“El sistema de salud enfrenta, ya por varios meses, una complicada situación de liquidez. Las demoras en los pagos, la acumulación de la deuda entre aseguradores y prestadores, motivada esencialmente en la insuficiencia de los recursos de la salud, ha generado una situación crítica”, dice Ana María Vesga, directora de Acemi, el gremio de las EPS del régimen contributivo. “La reciente medida del Ministerio de Hacienda que obliga a anticipar retención de la fuente sobre ciertos servicios particulares de las atenciones de prestación, generará una mayor dificultad y un mayor esfuerzo en estos prestadores que terminará reflejándose en mayores dificultades de atención, prestación y mayores barreras para miles y millones de pacientes que hoy están viendo ya afectadas su atención en salud”.
Situación financiera de las IPS es delicada
El decreto establece que, cada vez que alguien pague a un contribuyente, este debe retener y entregar una parte del dinero como anticipo del impuesto de renta, pero ese porcentaje dependerá de la actividad económica que haga esa persona o empresa. En el sector de la salud, esto significa que si una persona paga por una consulta médica, un examen de laboratorio o una estadía en el hospital, una pequeña parte de ese dinero (un porcentaje que varía según el servicio) no irá directamente al médico o al centro de salud correspondiente, sino que se separará para entregarlo al gobierno como un adelanto.
Las actividades de salud incluidas dentro de la medida son: los servicios de hospitales y clínicas con internación, es decir, la hospitalización a los que se les retiene un 3,50%; las consultas médicas sin internación, la práctica odontológica y otras actividades de atención humana no especificadas, todas con un 1,10% de retención; y finalmente, las actividades de apoyo diagnóstico y terapéutico, así como la atención residencial para pacientes con condiciones de salud mental específicas, que tienen una retención del 3,50%.
“No estamos en condiciones de soportar un adelantamiento de pago de impuestos porque no tenemos caja. El gran problema que tenemos en este momento es que no tenemos plata fluyendo”, dice Jorge Toro, director de la Unión de IPS de Colombia (Unips), un gremio que reúne a algunos hospitales y clínicas en el país. “Una vez salió el borrador del decreto, le escribimos a la Presidencia y al Ministerio de Hacienda pidiéndoles reconsiderar esa medida. Nosotros hoy tenemos un impuesto de 1.1%, que es lo que venimos pagando, pero para varios servicios, en especial para los de internación, es decir, la hospitalización, nos lo aumentan de 1.1% a 3.5%. Sube 2.4%. Eso es un golpe muy fuerte para las cajas de las clínicas”, dice.
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Esto significa que por cada pago que reciben por servicios de internación, deben apartar mucho más dinero para pagar impuestos por adelantado. Y, recuerda Toro, los servicios de internación se suelen prestar en las clínicas de mediana y alta complejidad, que son las que más recursos generan en el sistema de salud.
“Para que se entienda, si usted va a comprar un bien por $100, mañana ya lo va a tener que comprar en $130. No solo entonces nos adelantan el pago, sino que lo suben. En este momento, que el mismo Gobierno reconoce que estamos en crisis, ¿cómo nos vienen a aplicar este aumento?”, se pregunta Toro.
En la misma línea opina la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, el gremio de IPS privadas más importante del país. En una carta que envió este miércoles al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, con el título “mensaje de urgencia”, señala que “las IPS no tienen el flujo de caja ni la liquidez suficiente que les permita cumplir con el pago anticipado de las retenciones y del impuesto de renta ni el incremento en tarifa alguna”.
La carta, que aparece firmada por Juan Carlos Giraldo, el presidente del gremio, señala que, “en momentos de estrechez económica, un sector como el de salud con instituciones prestadoras de servicios que se esfuerzan por mantener su operación, resulta, por decir lo menos inoportuno e inequitativo, que se les equipare a otros sectores o empresas productivas del país”.
Además, le pide a Jaramillo que “se corrija esta medida excluyendo a las instituciones prestadoras de servicios de estos recaudos tributarios anticipados y el ajuste de la tarifa y se les permita continuar en las condiciones actuales”.
Precisamente, y preguntado por algunos medios de comunicación en el Foro Latinoamericano de la Industria Farmacéutica que se desarrolla por estos días en Bogotá, Jaramillo dejó abierta la puerta a cambios: “En el caso de este Gobierno, siempre está presto a revisar la situación que de pronto pueda ser desfavorable, no solamente para el buen desarrollo de la actividad económica, sino muy especialmente si esto atenta contra la salud y la atención que deben recibir cada uno de los pacientes”.
Frente a la pregunta de si la medida puede ser modificada en el futuro, el ministro de salud agregó: “Por supuesto. Siempre que se promulga una ley, resolución o decreto, pueden presentarse situaciones no previstas. Una resolución se cambia con otra resolución. Un decreto se puede cambiar con otro decreto. Afortunadamente, todo tiene solución”.
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