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El oficialismo y la oposición se preparan para el efecto que tendrá en la agenda legislativa la salida de Ricardo Bonilla del gabinete de Petro. Además de la tensión e incertidumbre que genera en el ámbito financiero, la movida modificaría las cargas de poder en el Senado y la Cámara, afectando en primer lugar las apuestas económicas del Gobierno.
El primer golpe, precisamente, lo recibiría la ley de financiamiento propuesta por el presidente Gustavo Petro y diseñada por el ahora exministro Bonilla. La propuesta, que buscaba tapar un hueco de $12 billones en el presupuesto del 2025, nunca logró el consenso de las mayorías, pero ahora parece estar virtualmente hundida debido al escándalo de la UNGRD que afectó a la cartera de Hacienda.
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Varios congresistas manifiestan que no se vería bien apoyar una iniciativa de esa cartera justo cuando se enfrenta a dudas de transparencia. Además, desde sectores independiente y de oposición resaltan que el proyecto es una nueva reforma tributaria y que no pueden arriesgarse a perder capital político, justo en medio de una campaña electoral anticipada, al votar por cambios que podrían afectar el bolsillo de los colombianos.
Según el presidente Petro, quien se refirió al tema desde Uruguay, la oposición no aprueba el proyecto porque no quiere que los más ricos del país paguen más y porque también tienen la intención de que “el gobierno caiga”. El mandatario ha señalado que la caja del Estado está en problemas por la alta deuda que, según él, dejó el gobierno Duque, por lo cual estarían en riesgo varias apuestas sociales.
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Además de los reparos naturales al articulado, seguramente la oposición argumentará la sombra de corrupción en el Gobierno para intentar archivar la propuesta. El tema no es menor, pues también podría impactar en los demás proyectos del Ejecutivo, que en este momento está en una carrera contrarreloj para salvar varias de sus banderas.
Con el término del periodo legislativo a la vista, el próximo 16 de diciembre, el Gobierno mueve sus fichas para avanzar en la aprobación de la reforma laboral, a la salud, la política y la ley que reglamenta la jurisdicción agraria. Esta última, por ejemplo, se debate con mensaje de urgencia en las comisiones primeras, pero hasta el momento no genera consenso en torno a los temas más sensibles.
El ministro del Interior prepara una estrategia para responder a la contingencia y muy seguramente citará a sesiones extras para intentar evacuar todos los proyectos que están en juego. Sin embargo, la oposición también haría lo propio buscando marcar una agenda de control político a todas las carteras envueltas en las sombras de presuntas irregularidades.
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