Oposición le pidió al Consejo de Estado suspender decreto que anticipa impuestos

Presidente Gustavo Petro y ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Foto: Presidencia

Al Consejo de Estado acaba de llegar una acción de nulidad contra el decreto 0572 de 2025, con el cual el Ministerio de Hacienda ajusta las reglas del cobro de la retención en la fuente, lo que en otras palabras implica anticipar impuestos de 2026. Se trata de un medida para intentar tapar el hueco fiscal de esta vigencia, ya que el Gobierno tuvo que aplazar $12 billones por cuenta de la caída en el Congreso de la ley de financiamiento.

La acción mencionada está suscrita por el partido opositor del Centro Democrático, que le solicitó al alto tribunal una medida cautelar que de “urgencia” deje sin efectos el acto istrativo emitido por la cartera. De acuerdo con la colectividad, el Ejecutivo está dictando, “sin fundamento técnico y fuera de los márgenes legales”, nuevas cargas tributarias que no son progresivas.

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A esta medida se suman otras instauradas por juristas y políticos como el exsenador de Cambio Radical David Luna para buscar tumbar el decreto. “Acabamos de radicar ante el Consejo de Estado la demanda contra el decreto confiscatorio del Gobierno Petro. Anticipar el cobro de la retención en la fuente es una reforma tributaria disfrazada. No vamos a permitir que sigan raspando la olla para financiar aplausos”, dijo el ahora precandidato presidencial.

Son varias las figuras de la oposición que se han ido en contra de la decisión del gobierno Petro y, como lo contó este diario, se espera que en las próximas horas se radiquen más demandas contra ésta. “Aquí se inventaron un anticipo forzoso que pone la carga sobre empresas y personas naturales, afectando su liquidez. El decreto reconoce que los ingresos fiscales caen, pero en lugar de corregir, improvisan. Y lo más grave: lo hacen por decreto, sin debate público ni pasando por el Congreso como debe ser”, dijo la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.

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Desde las filas de Cambio Radical el senador Carlos Abraham Jiménez criticó que “firmar un decreto que adelanta impuestos del 2026 para cobrarlos en 2025 es un atropello. ¿A quién golpea? ¡A las MiPymes, a quienes crean empleo y a todo el país! ¡Una muestra más de improvisación y abuso fiscal del gobierno Petro!”.

También se han pronunciado en contra personalidades del sector económico detractores de la actual istración. El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, hoy director de la Universidad EIA, consideró que se trata de una “reforma tributaria encubierta que adelanta ingresos del 2026 al 2025 a costa del flujo de caja de las empresas. Exprime su liquidez, las obliga a endeudarse y pone en riesgo el empleo. Y como si fuera poco, deja una bomba fiscal al próximo gobierno al anticipar recursos futuros en una mayor proporción”.

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Así las cosas, la pugna entre el petrismo y sus opositores, que venía desarrollándose en las plenarias y comisiones del Congreso, se trasladará –durante las próximas semanas– a un nuevo escenario: el de los estrados judiciales. En varios despachos avanzan procesos que podrían tumbar leyes y decretos claves para el Ejecutivo, como la reforma pensional o la medida que busca anticipar ingresos para aliviar la crisis fiscal. Y la respuesta del oficialismo podría ser incluir al poder judicial en su narrativa del “bloqueo institucional”.

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