“No creo en milagros y mucho menos en unos congresistas”: exministra de Trabajo

Gloria Inés Ramírez dice: “Pienso que [revivir la reforma] solo fue una estrategia para que la consulta popular no se realizara”.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Usted fue una de las autoras de la reforma laboral que terminó hundiendo, en marzo pasado, la Comisión Séptima del Senado, y esta semana se cayó la consulta popular con la que se pretendía revivirla, al menos parcialmente. ¿Qué piensa de esta nueva situación?

Pienso que el Senado ha jugado con la esperanza de la ciudadanía, ha irrespetado el mandato popular y ha hecho de la política una herramienta al servicio de intereses particulares. Desde la perspectiva constitucional, la consulta le permite al constituyente primario —es decir, al pueblo— pronunciarse sobre los derechos que el Congreso se niega a legislar, como sucedió con esta reforma que fue archivada, sin discusión, por ocho parlamentarios. Ese acto constituyó un ataque directo a los trabajadores del país, que exigen justicia laboral y social. El miércoles pasado los congresistas reafirmaron su conducta: les cerraron las puertas al Gobierno y al proceso de transformación social que lidera el presidente, y votaron en contra de un mecanismo de participación ciudadana, y con ello, impidieron que los ciudadanos ejerzan su derecho a expresarse. El hundimiento de una consulta que buscaba rescatar temas de una reforma para actualizar el Código del Trabajo, que es del siglo pasado, muestra que prima el interés de unos pocos sobre el de millones de trabajadores. Claramente, no hay una genuina intención de que el proyecto pase.

Entonces, ¿cree que revivir el texto de la reforma laboral para debatirla en el Senado fue un truco para restarle votos a la consulta?

No creo en los milagros y mucho menos en congresistas que celebran el bloqueo de la reforma laboral o que festejan cuando hunden la posibilidad de que haya una expresión ciudadana en las urnas mediante una consulta popular. La política se explicita en los actos que cada senador ejecuta de cara al mandato de representación del pueblo que votó por él. Pero lo que se ve es que hay una captura corporativa del Congreso de la República: los monopolios e industrias que financian campañas políticas con seguridad están celebrando que el país continúe con las banderas de la precarización laboral. Si hubiera voluntad real —e insisto, lo dudo—, el proyecto de ley revivido debería ser aprobado en la Comisión Cuarta de Senado, a más tardar, el lunes 26 de mayo. Luego, la plenaria tendría que discutirlo sin ningún tipo de recorte ni regresividad. Pero debo ser sincera: creo que solo se trató de una estrategia para que la consulta popular no se realizara. Lo que pasó fue un acto de censura contra la democracia directa.

Efraín Cepeda, presidente del Senado, estableció el orden del día de tal manera que se votara, primero, la propuesta de revivir la reforma laboral y, en segundo lugar, la consulta. ¿Esa estrategia le restó apoyo y votos a la consulta?

El Senado hundió la consulta con triquiñuelas. Hoy, un grupo de congresistas es instrumento de algunos gremios y le dio la espalda al pueblo al negarles a los colombianos la posibilidad de tener un trabajo digno y decente. Debo recordar que la reforma laboral que presentó el Gobierno, en agosto de 2023, fue el resultado de muchos consensos, concertaciones y diálogos territoriales no solo con gremios y sindicatos, sino también con actores sociales que estaban olvidados. Hicimos mesas territoriales y estudiamos las propuestas de los informales, del campesinado, de la población rural. Es, tal vez, la reforma social más debatida en el país. Reconozco, además, que en la Cámara de Representantes se lograron acuerdos importantes debido a que allí había interés sincero en actualizar el Código Laboral, que no cumple con los estándares nacionales ni internacionales exigidos hoy.

Pero el senador Cepeda ha alegado en múltiples entrevistas que la reforma se cayó porque el Gobierno no quiso concertar nada sobre la misma…

Eso no es cierto. El texto original de la reforma comparado con el que se aprobó en la Cámara lo desmiente. Pero, además, fueron públicos los acuerdos con las plataformas digitales, con las trabajadoras domésticas, las propuestas para el sector agrario y agropecuario, entre otras muchas modificaciones. Si el Congreso no comprende el momento político en que se encuentra el país, serán los procesos sociales y populares, con sus movilizaciones, los que permitirán la recuperación de los derechos laborales. Percibo que resucitar la reforma mediante el mecanismo de apelación fue, en realidad, una estrategia para anular, repito, la expresión del pueblo.

Usted era la ministra de Trabajo y estuvo en el Congreso “peleando” la reforma al principio. Conoce, pues, el ambiente. ¿Solo nos espera el enfrentamiento y no hay posibilidad de acuerdos? 


Creo en el diálogo social, la justicia laboral, la inclusión y la construcción en la diferencia. Fui de oposición a lo largo de mi carrera política, pero entiendo que cuando hay voluntad se puede llegar a consensos en temas que la ciudadanía exige regular. Me pregunto si algún senador quiere decirles a sus votantes que no está de acuerdo, por ejemplo, con el reconocimiento y pago de los recargos nocturnos después de las 7 de la noche o que no cree viable otorgar incentivos a los micro y pequeños empresarios. En el propósito común de conseguir justicia social, se pueden lograr concertaciones. Ahora, no se trata de discutir una “minirreforma” como la presentada por los liberales. La tarea esencial consiste en modificar el Código Sustantivo del Trabajo para que nuestro derecho laboral cumpla con lo que dice el artículo 53 constitucional (“El Congreso expedirá el estatuto del trabajo teniendo en cuenta la igualdad de oportunidades, la remuneración mínima vital proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, la estabilidad e irrenunciabilidad a beneficios mínimos establecidos en las normas”, entre otros).

Además de dirigente sindical y ministra, usted fue parlamentaria. ¿Qué opina del senador Cepeda y de la presidencia que él ha desarrollado, particularmente la forma como condujo la sesión de la sala plena el día en que se votó la consulta? Ha sido muy criticado por la bancada del Gobierno, pero muy alabado por la oposición… 


En política se asumen roles sobre los cuales podemos tener críticas y diferencias. Pero al final del día, deben canalizarse con respeto por el mandato popular y por la jefatura de Estado que hoy está en cabeza del presidente Petro. Se trata de un manejo político desafiante en un cargo que debe permitir, conforme a la Ley Quinta, el desarrollo de los debates parlamentario con garantías. Ese papel queda en entredicho cuando se acude a las triquiñuelas. Considero que el propósito de Efraín Cepeda no ha sido, como él lo ha reiterado, el de mantener la independencia del Senado frente al Gobierno, sino bloquear la agenda legislativa cuando se van a debatir las reformas sociales. Me surgen serios interrogantes: ¿cuál es la relación de los senadores con los financiadores de sus campañas políticas y qué papel cumplen con respecto a ellos? ¿Estamos ante la captura corporativa o gremial del Congreso de la República a través de la financiación de las campañas que impide avanzar en el debate y la aprobación de las reformas sociales?

El pulso por la consulta en el Senado fue muy estrecho: 47 – 49, un voto finish. ¿Qué le indica a usted esta división?

La analizo desde abajo, escuchando las voces de la ciudadanía y de los movimientos sociales, que esperaban mucho más del Senado. En definitiva, una votación es la expresión democrática de la representatividad política, por excelencia. Pero cuando lo que se vota impide la posibilidad de que el poder soberano de participación ciudadana se exprese conforme al mandato constitucional, niega uno de los derechos fundamentales del pueblo. Por eso, leo lo que pasó como una pírrica victoria de la oposición frente a la responsabilidad política que tiene con el país. Si la apuesta de ese sector fue la de hundir la reforma, nuestra respuesta será la movilización social, que es por naturaleza el escenario de la reivindicación de los derechos del pueblo trabajador. Ahí nos encontraremos. Hoy, la gente comprende la importancia de la reforma laboral. Produce frustración ver cómo hay quienes se ponen de acuerdo para frenar la posibilidad de que las personas accedan a sus derechos laborales básicos.

Contra lo que usted y el Gobierno sostienen, los empresarios insisten en que la reforma, en lugar de ser útil y darles seguridad laboral a los trabajadores, afectará la estabilidad y la generación de empleo…

Ellos no pueden seguir insistiendo en la matriz de sus argumentos, en el sentido de que el empleo se genera recortando y destruyendo los derechos de los trabajadores. Tampoco pueden seguir anclados a un modelo productivo que privilegió la flexibilización y la precarización por encima de la dignidad humana. El trabajo no solo tiene una función económica: desempeña un papel fundamental en la articulación de la vida social, pues a través suyo se establecen redes de colaboración, se fomenta la solidaridad y se promueve la cohesión social. Para que la sociedad del trabajo funcione como un eje central de la vida ciudadana de manera efectiva, es fundamental garantizar un entorno laboral justo y equitativo. Esto implica el respeto a los derechos, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la protección frente a cualquier forma de explotación o abuso.

En su opinión, ¿el gobierno de Petro destapó, con sus políticas y reformas, las diferencias económicas entre unos y otros, las cuales, aunque existían, no eran objeto central de los ámbitos políticos y mediáticos? O ¿el presidente exacerbó la polarización social con sus discursos y simbolismos? 


El presidente Petro está cumpliendo el programa con el que fue elegido: las trasformaciones sociales, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y la garantía de los derechos laborales, sociales y ambientales, y las mujeres demandamos, también, la inclusión de la justicia de género. Lo que pasa es que una parte del país, representada en la oposición política y empresarial, no acepta ese mandato y ha hecho todo lo posible para destruirlo intentando demostrar que este gobierno es incapaz y que no tiene criterios técnicos. Pero las cifras muestran lo contrario. Le menciono solo unas: 1’300.000 personas han salido de la extrema pobreza; 1’001.000 personas son menos desiguales; el desempleo está en un dígito, etc. La istración de Petro tiene claro que el empleo es una política integral del Estado y que el trabajo es un derecho fundamental, tal como está plasmado en su Plan Nacional de Desarrollo.

Pero los gremios han calificado como muy gravosas e insostenibles (económicamente) las propuestas incluidas en la reforma. ¿Ustedes tienen soportes y análisis estadísticos para refutar las afirmaciones de los generadores privados de empleo?

Mientras discutimos la reforma en la Cámara de Representantes, logramos desmontar muchos mitos y miedos de los gremios alrededor de la misma. Los organismos internacionales nos dieron la razón en el sentido de que el camino emprendido puede llevar a soluciones sociales reales.

¿Cuáles organismos?

Como le mencioné antes, la OIT, la OCDE, la CIDH e, incluso, el Gobierno de Estados Unidos, con el que tenemos acuerdos laborales en el marco del TLC con ese país. Recuerde que venimos de una promesa incumplida desde la época de Ley 789 de 2002 (gobierno de Uribe), que, en su exposición de motivos, sostuvo que la única vía para la generación de empleo era la de recortar derechos laborales: les quitaron a los trabajadores la jornada diurna hasta la 6 de la tarde y ordenaron que el día se acabara a las 10 de la noche. Lo cierto es que nunca se crearon los 640.000 empleos prometidos y que, por el contrario, se implantaron otras formas jurídicas para precarizar el trabajo. El resultado fue una tasa de informalidad que no ha variado en las últimas décadas. Este es el momento de que los gremios definan si quieren ser percibidos como actores sociales que aportan al debate con propuestas o si, por el contrario, desean instalar, con sus discursos, que solo son opositores políticos. Las empresas pueden ser sólidas y sostenibles sin precarización laboral. Con la Ley 789 de 2002 se demostró que la protección al capital no crea empleo, pero sí marchita y destruye derechos laborales.

¿La reforma laboral, atascada en el debate político del Congreso, recupera los derechos sustraídos en las leyes de décadas pasadas?

Sí. La reforma laboral tiene como eje la recuperación de los derechos que empezaron a ser recortados desde la época de la Ley 50 de 1990 (gobierno de Gaviria) en plena apertura neoliberal y, también, con la Ley 789 de 2002 que mencioné en la respuesta anterior, entre otras leyes. Restituir el pago pleno de los recargos nocturnos en un 100 % y una jornada diurna que podría ir de 6 de la mañana hasta las 7 de la noche es una propuesta que está soportada en recomendaciones de organismos internacionales; España, México y Chile, por ejemplo, han dado discusiones interesantes sobre la estabilidad laboral que se deriva de los contratos de trabajo o la reducción de la jornada laboral. Por eso propusimos que el contrato a término indefinido sea la regla general; también debatimos sobre el uso indebido de figuras jurídicas que evaden derechos de los trabajadores y nos detuvimos en la tercerización y la intermediación laboral, entre otros temas.

Sin embargo, hay quienes atacan la actual reforma porque no incentiva la creación de nuevos empleos ni combate la informalidad.

La informalidad está asociada a factores estructurales que no solamente afectan a Colombia, sino a toda región. Para el Gobierno, sin embargo, el empleo es una política integral. Invito a estudiar en detalle el texto del proyecto de ley. Recuerdo, por ejemplo, que en la Cámara de Representantes avanzamos mucho en artículos que permitirían formalizar a trabajadores hoy excluidos y precarizados. En igual sentido, se estudió la propuesta de formalización de los trabajadores agropecuarios; recuerdo, también, el buen diálogo que tuvimos con la SAC, con Fedegán y con las organizaciones campesinas. Debo afirmar, además, que con este Gobierno se ha reducido la informalidad debido a la política pública liderada desde el Ministerio del Trabajo que se denomina “Empleos para la Vida”, en la cual, entre 2024 y lo que va del 2025, se han entregado casi un millón de incentivos para la generación de empleo: 552.000 han sido asignados a jóvenes y 225.000 a mujeres. Se trata de casi $400.000 millones a favor de la creación y sostenibilidad de empleos.

Suponga que la reforma vuelve a ser negada: ¿cuál sería el camino para conseguir más derechos laborales en Colombia? Me parece que estaríamos abocados a una sin salida…

Como le dije antes, creo en el diálogo social. Pero, de otro lado, si la reforma laboral es negada nuevamente, se consolidaría la teoría que el Senado está capturado por las corporaciones y los financiadores de campañas políticas, lo cual sería muy grave y dejaría herida la democracia. De todos modos, si se vuelve a negar la reforma o las preguntas que estaban en la consulta, ese será un tema central de la próxima campaña para el Congreso y la Presidencia de la República. La reforma laboral se ha presentado antes y se volverá a presentar. La historia de los derechos humanos nos invita a recordar que no hay avances sin movilización y exigencia. Algunos no han comprendido que este Gobierno es una expresión de los movimientos sociales y populares, y que, por ello, la exigencia en las calles es parte de nuestra actuación. Soy optimista de la voluntad general. En las próximas semanas veremos movilizaciones pacíficas y la veeduría permanente a las acciones políticas del Senado.

¿Es cierto que usted está considerando ser precandidata presidencial o tal vez pretende regresar al Senado en 2026?

El trabajo político que he desarrollado durante mi vida pública, es el fiel testigo de que mi interés no es otro que el de fortalecer las bases democráticas de una izquierda que ve, en las transformaciones sociales, la lucha por la igualdad y el desafío por acabar la pobreza. En esta tarea estoy concentrada. Hago pedagogía por los derechos de las mujeres y sigo recorriendo el país informando las bondades de una promesa constitucional que se llama reforma laboral. Mis banderas están del lado del diálogo social, la construcción de paz y la búsqueda de consensos. Pero, sin duda, me verán en la movilización social que es, como he sostenido, el escenario de la reivindicación de los derechos del pueblo trabajador. El cambio ya empezó y es imparable.

“La dinámica de la calle está activada”

¿Cuántas reformas laborales ha conocido o presentado usted?

En mi camino como maestra y sindicalista siempre ha estado presente la necesidad de que se le dé cumplimiento al artículo 53 de la Constitución, el mismo que obliga al Congreso de la República a expedir un estatuto del trabajo. En el año 1993, recolectamos casi 3 millones de firmas para que ese propósito se hiciera posible. No se pudo. Luego, siendo senadora, calculo que hicimos por lo menos tres intentos adicionales de regular la materia. Fueron infructuosos. Lo que sí es nuevo para mí, es que el proyecto de ley sobre reforma laboral avanzara en la Cámara y fuera entregado al Senado con consensos que permitían discutirlo. Fue cuando, de repente, los 8 senadores conocidos activaron un bloqueo político que impidió el debate con las consecuencias políticas que hoy estamos viendo.

Me parece importante insistir en un punto: ¿Usted cree que la diferencia tan pequeña en votos por la consulta, se definirá en la calle o puede solucionarse en el Congreso?

Todo depende de la dinámica que se desarrolle en el Congreso porque la dinámica de la calle ya está activada: hoy existe la consciencia colectiva de los derechos laborales y de la apremiante necesidad de disfrutarlos.

“La reforma cumple con los estándares de la OIT, la OCDE y la CIDH”

Senadores elegidos como voceros de religiones (Mira y Colombia Justa Libres) se opusieron a la consulta. Pero se supone que las iglesias favorecen los derechos de los más débiles. Cuando usted era la ministra de Trabajo, ¿habló con ellos?

Soy respetuosa del pensamiento religioso en un país con una Constitución Política que, por definición, es laica. Uno pensaría que, por sus doctrinas, estarían del lado de los más débiles, como usted dice. Mientras fui ministra y en medio de las discusiones técnicas de la reforma pensional, recibí argumentos de los voceros de esos sectores que abogaban por la estabilidad y la seguridad social. Sus posiciones fueron tenidas en cuenta en la construcción de esa reforma. En la laboral, lo que sucedió fue que en la Comisión Séptima del Senado la hundieron sin discusión ni diálogo pese a que el articulado cumplía con los estándares de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), y la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Esa reforma fue construida mediante el diálogo y la participación amplia de organizaciones sociales, académicas, organismos internacionales, empresarios, trabajadores y trabajadoras.