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Este martes, 18 de marzo, será un día clave para el gobierno del presidente Gustavo Petro y para el Congreso. En el pulso, cada vez mayor, que sostiene el jefe de Estado con una parte del Legislativo, lo que ocurra durante la jornada podría definir lo que pase con las reformas, toda vez que, mientras que en las calles están convocadas movilizaciones a favor de la reforma laboral, en la Comisión Séptima del Senado se votará su hundimiento.
Fueron precisamente los hechos que ocurrieron la semana pasada en esa comisión los que desencadenaron la jornada de este martes. Hace siete días, un grupo de ocho senadores presentaron una ponencia de archivo que, virtualmente, hunde la reforma laboral. Ante esto, el presidente anunció que convocará a una consulta popular y llamó a sus seguidores a manifestarse.
Los firmantes fueron: Ana Paola Agudelo (MIRA); Lorena Ríos (Colombia Justa y Libres); Honorio Henríquez y Josué Alirio Barrera (Centro Democrático); Esperanza Andrade y Nadia Blel (Conservador); Sor Berenice Bedoya (ASI); y Miguel Ángel Pinto (Liberal).
Desde entonces, la agenda política ha estado mediada por ambas discusiones. El grueso del Ejecutivo, con ministros y altos funcionarios convocando a las marchas, con Armando Benedetti (ministro del Interior) como la cara más visible. A esta ya han anunciado que se sumarán organizaciones sociales e indígenas.
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Incluso, el presidente Gustavo Petro decretó día cívico para que los funcionarios de entidades públicas que lo deseen, puedan manifestarse. La declaratoria, no obstante, abrió un nuevo frente de pelea. Alcaldes de las principales ciudades como Carlos Fernando Galán (Bogotá), Federico Gutiérrez (Medellín), Alejandro Eder (Cali) y Dumek Turbay (Cartagena) anunciaron que no se sumarían y que la jornada se realizaría con normalidad en las dependencias que dirigen.
Además, la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático) presentó una demanda de nulidad, argumentando que “hay desviación y abuso de poder, presión a funcionarios públicos para que salgan a marchar en apoyo al gobierno Petro”.
En todo caso, se espera que haya marchas en, por lo menos, 30 ciudades y municipios del país, incluyendo las ciudades capitales. En Bogotá, el Puesto de Mando Unificado informó que habrá 1.200 policías monitoreando las movilizaciones. Se tiene previsto que a las 2 de la tarde, el presidente Petro llegue a la Plaza de Bolívar donde se dirigirá a sus seguidores. Su discurso, en teoría, ocurriría después de que se conozca lo que pase con la reforma laboral.
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A las 10 de la mañana está citado el debate en la Comisión Séptima del Senado. El primer punto del día es, justamente, esta reforma, que se discutiría en tercer debate. Hay cuatro ponencias radicadas: una negativa, una positiva del Pacto Histórico y dos que buscan modificar la reforma, una que es de autoría de la senadora Norma Hurtado (La U) y otra, del senador Fabián Díaz (Alianza Verde).
Ante la relevancia del tema, y como la semana pasada hubo manifestaciones en el Edificio Nuevo del Congreso, la Presidencia del Senado, a cargo de Efraín Cepeda (Partido Conservador), definió nuevas medidas de seguridad.
En la resolución de medidas se estableció que los esquemas de seguridad de los de la Comisión Séptima del Senado deberán ubicarse en el “tercer piso, en la parte trasera del recinto”, mientras que el espacio de barras será exclusivo para medios de comunicación y periodistas, quienes deberán portar un carné visible.
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Además, en una reunión de seguridad presidida por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, junto con altos mandos de la Policía y el jefe de Seguridad del Congreso, se determinó que, debido a las manifestaciones de este martes, el al Capitolio estará restringido únicamente a congresistas, funcionarios, contratistas y medios acreditados.
“Desde hace una semana hemos sido objeto de ataques, calumnias y amenazas por parte del Gobierno Nacional. Para ello han utilizado todos los recursos del Estado, la televisión nacional, las emisoras, las redes sociales institucionales y personales [...] Me duele que las familias de los senadores que nos acompañan en esta decisión se sientan hostigadas y amenazadas en su integridad”, explicó la presidenta de la comisión, Nadia Blel (Partido Conservador).
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