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Hace unos días se confirmó que la JEP encontró restos humanos sepultados ilegalmente en el actual Batallón de Logística del Ejército, antiguo Batallón de Inteligencia Charry Solano. Usted lleva décadas siendo el vocero de las familias de las víctimas del Palacio de Justicia, en 1985. ¿Qué sabe sobre este escalofriante hallazgo?
El Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano tuvo una activa participación en la retoma del Palacio de Justicia. En los días posteriores a esos hechos de noviembre de 1985, los familiares de las personas desaparecidas en medio de la retoma recibimos la información de que habían trasladado a varios detenidos a esa unidad militar. Tal es el caso de los estudiantes de Derecho Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo, que fueron llevados al Charry Solano y sometidos a torturas y otros vejámenes. Cuarenta años después, hace apenas unos días, con las excavaciones realizadas por la JEP, se viene a confirmar que ese batallón operó como centro de torturas, desapariciones y asesinatos. El Departamento de Estado de Estados Unidos tuvo la misma información. En 2011 me reuní con algunos de sus funcionarios, en Washington. Ellos conocieron el patrón criminal que se ejecutó en las instalaciones del Charry Solano.
¿Por qué usted fue al Departamento de Estado de Estados Unidos en búsqueda de información? ¿Qué tenía que ver con la retoma del Palacio?
El Gobierno de Estados Unidos participó en la retoma por intermedio del Comando Sur, que les envió explosivos a los militares colombianos para derribar el portón de ingreso al Palacio de Justicia y tumbar paredes y techos para poder acceder a los pisos tercero y cuarto de la edificación, en donde se encontraban los magistrados y los del M-19. Alice Garside, integrante de las Brigadas de Paz Internacional, me consiguió la cita con funcionarios de esa dependencia del Gobierno estadounidense. Estuve hablando con Stuart Lippe y Elizabeth Bailey. Ellos me confirmaron que el Batallón Charry Solano se clausuró en 1998 por informaciones que se tenían sobre graves violaciones de derechos humanos en su interior. Ante mi petición de que desclasificaran los documentos al respecto, contestaron que Estados Unidos lo haría en su momento. Eso todavía no se ha llevado a cabo.
Entonces, ¿no le sorprende la confirmación de que esa hipótesis es cierta por el hallazgo de la JEP?
No. Durante muchos años, pero sobre todo en las décadas de los 70, 80 y 90, la tesis que prevalecía en la doctrina militar era la del “enemigo interno”, lo que desató actividades criminales propias de la guerra sucia contra personas acusadas de ser simpatizantes de izquierda o de ser militantes activos de las guerrillas. Así se cometieron crímenes como la desaparición de la guerrillera Irma Franco Pineda y, también, los asesinatos de defensores de derechos humanos, del también defensor Jesús María Valle, del abogado Alirio Pedraza y de los 11 estudiantes de la Universidad Nacional y de la Universidad Distrital que fueron desaparecidos, en 1982, por integrantes de la Policía Nacional; por este acto criminal fue investigado el entonces general Nacin Yanine Díaz. De manera, pues, que el tiempo nos va mostrando que siempre hemos tenido la razón.
Aparte de los estudiantes y civiles que no tenían nada que ver con el M-19 y que, pese a ello, fueron detenidos y vejados por los agentes del Estado después de la retoma de Palacio de Justicia, ¿cuántos guerrilleros que sí pertenecían a esa organización fueron capturados, torturados o desaparecidos en esas fechas?
Tengo en mi poder las fotos de los cuerpos de por lo menos 12 personas con marcas de tiros a o que fueron presentados como pertenecientes a guerrilleros dados de baja en combate. En realidad, esas personas habían sido detenidas dentro del Palacio de Justicia y fueron asesinadas fuera de la edificación. Eso les sucedió, además de Irma Franco, a los alzados en armas del M-19 William Almonacid, el panameño Diógenes Benavides Martinelli, Ariel Sánchez, Elkin Quinceno y otros; hubo otros integrantes de la guerrilla que permanecieron detenidos en la Casa del Florero, y también se presentaron otros casos de gente que estaba en el Palacio y fue detenida y torturada sin que tuviera nada que ver con la guerrilla, como el funcionario de la Corte Suprema Orlando Arrechea Ocoró, que fue conducido en una camioneta del Ejército al Cantón Norte, en donde lo torturaron.
Usted también fue miembro del M-19 y su hermana, Cristina Guarín, fue detenida y desaparecida durante la retoma. ¿Cree que a Cristina, cuyos restos fueron encontrados 31 años después (en 2016), la asesinaron porque los militares de aquella época la vincularon con la guerrilla?
Así lo considero. No hay otra forma de interpretar la respuesta que el coronel Edilberto Sánchez Rubiano le dio a mi hermano Carlos, en el Cantón Norte, cuando le dijo que le parecía muy raro que una licenciada en Ciencias Sociales —como era Cristina— se desempeñara como cajera de cafetería. Hay que recordarles a todos quienes lean esta entrevista que la Constitución Política de Colombia no autoriza a que alguien de quien se sospecha que se ha alzado en armas pueda ser torturado, desaparecido ni asesinado. Debería ser judicializado, lo que es muy diferente.
Volviendo al hallazgo de restos en el Batallón de Logística, ¿históricamente es exacto que los rumores sobre la existencia de sepulturas clandestinas de víctimas de asesinato por parte de militares de ese batallón eran, más que versiones, noticias precisas y de buenas fuentes?
Sí. Desde hace 40 años, en los diferentes grupos familiares de personas desaparecidas se recibían informaciones relacionadas con crímenes estatales y con su ocultamiento en predios militares, pero solo ahora ha comenzado la intervención física de esos terrenos. Por eso y por otras informaciones que tuve cuando, por instrucciones del presidente Petro, participé en el empalme de la Dirección Nacional de Inteligencia con funcionarios del gobierno anterior, les pedí a estos que desarchivaran los documentos del antiguo Departamento istrativo de Seguridad (DAS), tarea que se ha venido haciendo de manera muy rudimentaria, ahora, por parte del Archivo General, que los tiene en custodia. Hay más verdad en esos documentos del DAS que en las versiones de los comparecientes ante la JEP.
Un hecho insólito sucedió en torno al hallazgo de esos restos humanos en el batallón del sur de Bogotá: la JEP decretó medidas cautelares (de protección) del terreno boscoso en que se encontraron esos restos para preservarlo, con fines de investigación. Pero, hace unos días, unos uniformados violaron la orden judicial y excavaron en el lugar. Abrieron un hueco del tamaño de una tumba. Cuando el presidente de la JEP, el magistrado Ramelli, le relató lo sucedido al ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, este se puso del lado de los militares. ¿Qué opina usted de la posición oficial del general?
La Justicia Especial para la Paz debe hacer las valoraciones judiciales correspondientes y revisar las implicaciones que tiene la violación a la medida cautelar dictada. Más allá de una opinión o de una postura personal del ministro, violar una medida de protección ordenada por la JEP bordea la ilegalidad. El ministro Sánchez les debe una explicación a su jefe, el presidente, y a los familiares de las víctimas que estamos indignados con él.
Los uniformados que excavaron en el lugar prohibido por la JEP adujeron que lo hicieron porque iban a enterrar, allí mismo, unos desechos hospitalarios. Fue cuando, enterado por el presidente de la JEP de esa disculpa, el ministro de Defensa dijo que les creía…
Las normas técnicas que existen para el manejo de residuos peligrosos son claras. Con esto que usted me acaba de informar puedo deducir que está ocurriendo una de dos cosas: el ministro no conoce los protocolos que regulan el manejo de residuos peligrosos o, aun haciendo parte del Gobierno del cambio, continúa practicando la política de encubrimiento. Si bien los familiares de las víctimas tenemos claro que el Estado colombiano ha sido tradicionalmente dilatador de los fallos judiciales, la persistencia en nuestros propósitos nos lleva a tener fe en que también ha llegado la hora de conocer la verdad sepultada por décadas.
La excavación irregular de hace unos días en ese batallón corresponde al sitio que otro uniformado —que confesó sus delitos ante la JEP— había señalado como el de la tumba clandestina de Irma Franco, guerrillera a quien usted ya mencionó. ¿Qué le ocurrió a ella y cuándo fue la primera vez que tuvieron información sobre lo que le sucedió?
La primera persona que aseguró que la guerrillera Irma Franco Pineda salió viva del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, fue el soldado Édgar Moreno. Él afirmó que había custodiado a Irma Franco en el Museo Casa del Florero, adonde fueron trasladadas muchas personas que se encontraban en el Palacio cuando empezó la toma del M-19. El soldado Moreno también contó que ella fue llevada, después, a una dependencia militar en un jeep del Ejército. Además, el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, quien era identificado como Arcano 2 en las comunicaciones de los grupos militares encargados de la retoma, informó, por radio, que había sido capturada una “sujeto abogada” que había sido reconocida por el personal; Sánchez Rubiano recibió respuesta, por la misma vía, del segundo comandante de la Brigada XIII, coronel Luis Carlos Sadovnick, a quien llamaban Arcano 5. Este le contestó: “Esperamos que si aparece la manga, no aparezca el chaleco”. Según analistas, se trataba de un lenguaje cifrado para ocultar la desaparición forzada en la que, según los indicios, participó toda la cadena de mando. Por último, también se supo que Irma Franco había sido interrogada, torturada y asesinada, y que su cuerpo fue sepultado en el Charry Solano, el mismo en donde se encontraron partes de restos humanas hace unas semanas.
¿Ha habido condena de militares por la desaparición de la guerrillera Franco?
Sí. En junio del año pasado el Tribunal Superior de Bogotá revocó parcialmente la sentencia absolutoria de un juzgado y condenó a una pena principal de 31 años y 10 meses al general Iván Ramírez Quintero y al coronel Fernando Blanco Gómez como coautores impropios del delito de desaparición forzada de Irma Franco.
Volvamos a la reunión del ministro de Defensa con el presidente de la JEP. Al comienzo de la cita, el general (r) Sánchez le reclamó al magistrado Ramelli la publicación, en varios medios, de la información sobre el hallazgo de los restos humanos. Parece una actitud desconcertante de quien ha sido militar durante más de tres décadas, pero ahora representa al Gobierno…
El ministro de Defensa del Gobierno del cambio no puede ser un funcionario que se viste con traje de paño, pero quien, por dentro, tiene incrustado el ropaje de la doctrina militar, cuyo método de operación fue el “todo vale” en la lucha contrainsurgente. Desconozco el grado de obediencia y respeto que los comandantes actuales de las Fuerzas Armadas le profesan al ministro de acuerdo con sus rangos, pero él, como máxima instancia del sector Defensa, debe honrar la responsabilidad que le delegó el comandante supremo de las Fuerzas Militares y de Policía, presidente Gustavo Petro. Reitero que es importante que el ministro se desmarque, públicamente, de sus declaraciones y de unas actitudes que generan dudas sobre su compromiso con el respeto por los derechos humanos.
¿De qué manera le pide al ministro que se desmarque? ¿Qué debería hacer? Él y los militares de hoy podrían sentir solidaridad con sus antecesores y podrían contestarle que usted, como guerrillero que fue, no puede exigir nada….
Que yo haya sido guerrillero —y le aclaro que me uní al M-19 después de tres meses de la desaparición de mi hermana, como consecuencia de ese acto criminal— no anula mi calidad de victima, por ser familiar de una persona asesinada durante la retoma. Tampoco hace desaparecer mis derechos y los de las demás víctimas del conflicto armado; ni produce la consecuencia de que los crímenes y las graves violaciones a los derechos humanos en que incurrieron muchos agentes del Estado no deban ser sancionados.
¿Sabe usted si el presidente le hizo algún llamado de atención al ministro Sánchez?
Tengo información, de primera mano, de la molestia del presidente con el ministro por esa declaración que coincidió, además, con las contradictorias declaraciones del general Sánchez sobre el regreso del uso del glifosato en los cultivos de coca mientras el mandatario estaba fuera del país. El ministro no ha expedido una declaración en que rectifique ni ratifique su posición frente al hallazgo de los restos humanos en el Batallón Charry Solano o frente a la violación de las medidas cautelares en el terreno protegido por la JEP.
En el ánimo de algunos militares —no todos— debe prevalecer la idea de que el Gobierno está en manos de los “enemigos guerrilleros”, a pesar de que el M-19 renunció a las armas hace 30 años y de que sus integrantes han cumplido el proceso de paz que suscribieron con el presidente Virgilio Barco. ¿Cree que es así?
El proceso de paz entre el Estado colombiano y el M-19, firmado el 9 de marzo de 1990, no ha sido cumplido por nosotros sino sobrecumplido. No de otra forma se entiende que, aunque asesinaron a Carlos Pizarro seis semanas después de dejar las armas además de otros graves hechos, los integrantes del M-19 hayamos permanecido en la institucionalidad, dando las batallas políticas correspondientes. En cuanto a cómo puedan calificar unos militares al gobierno de Gustavo Petro, hay que recordarles que ellos están obligados a acatar la Constitución y los resultados democráticos de las elecciones, de tal modo que el presidente elegido se llama Gustavo Petro, aunque tenga pasado guerrillero. Por el contrario, lo que sí es cierto es que, siendo un gobierno legítimo, le han negado todas las reformas que ha puesto sobre el tapete.
¿Qué hace usted en la Presidencia? ¿En qué consiste su trabajo y cuáles son sus responsabilidades?
Cuando comenzó el Gobierno, fui el subdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Posteriormente fui, un tiempo corto, jefe de Tecnología de la Agencia de Desarrollo Rural y, ahora, estoy ejerciendo, desde hace dos años, como jefe de Tecnología de Presidencia, en donde se maneja todo el soporte tecnológico de la Casa de Nariño y de la Vicepresidencia. De esta oficina dependen asuntos tan delicados como las comunicaciones del avión presidencial, los soportes tecnológicos a los consejos de ministros, la seguridad de la información de la Presidencia en sus sedes de Bogotá, Cartagena y Sopó; la página en donde se publican las hojas de vida de los aspirantes a cargos oficiales, el sistema que aprueba comisiones al exterior de todos los funcionarios del Estado, además de todo el soporte istrativo y financiero para el funcionamiento de esta entidad.
“Abundan las deslealtades”
Usted conoce al presidente Petro desde las épocas del M-19 y hoy trabaja en la Casa de Nariño como jefe de tecnología de Presidencia ¿Cómo va a lidiar con la que parece ser una contradicción intrínseca entre el mandatario y usted de un lado, y un ministro de Defensa que parece estar en otra orilla? ¿Estaría dispuesto a renunciar ante esa contraposición?
El presidente de la República fue elegido con la mayor votación en la historia. Como bien usted recuerda, él y yo fuimos integrantes del M-19 en los años 80. La construcción de un país para las mayorías nacionales requiere de la participación de diversos sectores de la sociedad. Debemos superar las contradicciones con grandeza para hacer realidad aquello que nosotros llamábamos “la Colombia del tamaño de nuestros sueños”. Creo que tenemos que terminar el círculo vicioso de la guerra. Por eso es importante romper los esquemas que han prevalecido en las Fuerzas Militares y de Policía. Ahora bien, sobre su pregunta en cuanto a si yo pensaría en renunciar, le contesto que no hay que dejar solo al presidente: abundan las deslealtades y un jefe de Estado necesita de personas incondicionales, como somos quienes venimos de la guerra, padecimos torturas y pasamos por la cárcel.
“Conocer la verdad es un acto de dignidad, no de revancha”
Hay políticos, militares activos y retirados, y otros personajes influyentes que afirman que quienes hoy están en el Ejecutivo y fueron militantes del M-19, llegaron al poder para vengarse ¿Ustedes están buscando una revancha histórica?
No se puede sugerir, de ninguna manera, que el presidente (Petro) actúa por venganza, por su antigua militancia. Conocer la verdad de lo que sucedió en el marco del conflicto armado es un acto de dignidad, no de revancha. Es importante establecer qué pasó con las personas que compartieron con nosotros y que no cayeron en acciones militares sino en operaciones de guerra sucia, en mi caso cercano, más de 20 víctimas cuya memoria merece ser dignificada. Algunos de nosotros estuvimos en la cárcel, padecimos tortura y persecución y, pese a todo, sobrevivimos. Ahora, cuando ya superamos los 60 años de edad y cuando es hora de reflexionar sobre nuestras vidas, tenemos que optar por un final de nuestra existencia en una cama, rodeados de médicos y enfermeros, o por la persistencia en la realización de un proyecto político legítimo del que surja una Colombia diferente.
