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El mismo ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que la paz total no ha salido bien, pero el presidente en alocución negó una ola de violencia. ¿Cómo se refleja este tema en Antioquia?
La paz total ha fungido como sombrilla de impunidad. En el caso de Antioquia, la paz total ha significado un envalentonamiento de criminales e, incluso, le ha atado las manos a la fuerza pública. Cuando usted mantiene una disposición de cese al fuego para contrarrestar las acciones de estos grupos ilegales, lo que hace es que le ata las manos a la fuerza pública. A un soldado le queda muy difícil resolver la dicotomía de si continuar con las operaciones y terminar enjuiciado, o si quedarse como espectador y ver cómo matan a sus compañeros, como infortunadamente aconteció con la reciente arremetida de criminal del Clan del Golfo.
Solicitó asistencia militar al Gobierno por los ataques a uniformados e, incluso, usted convocó un toque de queda en algunos municipios del departamento ¿ya le respondieron?
No nos han respondido la solicitud. Esperamos que el gobierno nacional haga uso de la disposición constitucional que tiene el presidente para que las fuerzas militares, con el lleno de sus capacidades, asistan a la policía en los distintos componentes de seguridad. No solo en las zonas urbanas, también en las rurales, y que acompañen en el desarrollo de operaciones a profundidad para arrinconar a los criminales.
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¿Por qué pidió esta asistencia?
Por una razón sencilla: hace 15 años la policía de Antioquia tenía 9 mil unidades y hoy tiene menos de 5 mil unidades. En cualquiera de las distintas latitudes del departamento, usted se encuentra en municipios gravemente afectados por esta alteración del orden público con 12 o 15 unidades. Así, la policía no tiene cómo contrarrestar esa situación. Nosotros necesitamos a la fuerza pública arreciando operaciones, haciendo controles operativos permanentemente y arrinconando a los criminales. No podemos permitir que sean ellos los que arrodillen y hagan esconder a nuestros soldados y policías.
¿Cómo ha afectado al departamento el plan pistola?
Hemos tenido hasta la fecha 30 afectaciones: 11 uniformados, policías y soldados han sido asesinados. También tenemos 26 heridos, de los cuales seis son de mucha gravedad.
¿Cómo evalúa la respuesta del gobierno nacional al plan pistola?
El gobierno tiene que ser contundente y no lo ha sido. Esto ha culminando con la fuerza pública sin salir a las calle arrinconando a los criminales. Nosotros vamos a dotar a la fuerza pública con los primeros recursos de la tasa de seguridad, de chalecos balísticos. En mayo, que es cuando se termina la factura física del primer trimestre, vamos a tener un balance que esperamos sea muy superior del recaudo con cargo a este primer trimestre, pero ya incorporamos los recursos del presupuesto para este año, cerca de 300 mil millones. Todos van a ir destinados a vigorizar las capacidades técnicas de protección de nuestros soldados y policías.
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En materia del referendo de autonomía regional, ¿cree que la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) y la ley de competencias podrían generar choques en el Congreso durante el trámite legislativo?
El Congreso está compuesto por actores que representan a las regiones y ellos han mostrado que están en favor de profundizar la descentralización en el país. Entonces, el acto legislativo tiene un periodo de transición de más de una década para llegar al 39%. El referendo solo da un periodo de transición de dos años para llegar al 43%. De tal forma, el Congreso tiene que decidir si somete realmente ese cambio constitucional a la representación de los colombianos. Con el referendo se le puede dar más diente a les entes territoriales para asumir que saben hacer mejor. Por fuera de las funciones de justicia, seguridad y defensa —aunque a nosotros nos toca poner el pecho por seguridad—, política macroeconómica y relaciones internacionales ninguna otra le corresponde al Estado central.
¿Cómo se ha llevado a cabo la radicación de la ley de competencias?
La Federación de Departamentos hizo un esfuerzo muy riguroso y presentó un texto muy bien hecho. En aquel documento queda muy claro que ese proyecto de ley le puede servir tanto al acto legislativo como al eventual referendo. Con el referendo entonces ya se distribuiría el doble. Al Pacífico le corresponden 18 billones, al Caribe 28 billones, a la región centro-oriente 29 billones, a los Llanos 11 billones, al centro sur Amazonía 9.8 billones y al eje cafetero, donde está Antioquia, 16 billones de pesos. Aquí es muy importante dejarle a los territorios la redistribución de los recursos porque la nación no lo ha sabido hacer. Llevamos 30 años de este modelo de descentralización y eso no ha funcionado, yo creo que es hora de cambiar.
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