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En respuesta al editorial del 29 de abril, titulado “El cruel asesinato de militares y policías”.
Al patrullero de la Policía Nacional, Andrés David Padilla Mejía, lo asesinaron el Sábado Santo, mientras acompañaba una procesión en el municipio de Lourdes (Norte de Santander). Él fue uno de los seis policías asesinados en diferentes puntos cardinales de Colombia durante la Semana Mayor. Las víctimas fatales no fueron solo policías: en el municipio de Pitalito (Huila), la explosión de una bomba terminó con la vida de los jóvenes hermanos Trujillo Peña e hirió a veintiséis personas más. En el departamento del Guaviare, las disidencias de las FARC de Calarcá —liberadas por la política de “paz total” de Petro— asesinaron a seis jóvenes soldados. Así, en diferentes regiones del país, la violencia campeó, y de manera brutal, los hampones de todo pelambre demostraron una vez más lo reconfortantes que pueden ser para ellos tres años de la política gubernamental del “amor”: ¡veintiún (21) héroes de la Fuerza Pública, policías y militares, asesinados en tan solo dos semanas!
Ante esta barbarie, apenas parcialmente descrita, aparece en los medios de comunicación un presidente Petro escurridizo —como ya es su costumbre frente a sus responsabilidades, deberes y compromisos— sentenciando: “La guerra de hoy se debe al incumplimiento del Acuerdo de Paz”. ¡Vaya acto de escapismo que ni el mismo Harry Houdini habría logrado! ¿Y acaso el cumplimiento de los referidos acuerdos no es, en buena medida, responsabilidad del presidente Petro y del Gobierno que ha dirigido por casi tres años? ¿Acaso no son el presidente y sus ministros los encargados de fijar una política efectiva, seria y confiable de seguridad y defensa? ¿Acaso no fue Petro, en campaña, quien prometió firmar la paz con el ELN en tres meses?
El simplismo con el que Petro presenta las causas de la debacle en seguridad que vive el país es tan ofensivo para la razón como lo son las soluciones que propone. Hemos llegado a este séptimo círculo del infierno, no de la mano del poeta Virgilio, sino por la imposición de una mal concebida y errática política de paz: para algunos, ingenua; para otros, los más acertados, gestada en una visión romántica del crimen y del criminal. “Abrazos y amor para los integrantes del Tren de Aragua”, repite el presidente, embriagado de amor, mientras día a día asesinan policías, militares y ciudadanos: víctimas de la política gubernamental del amor.
El presidente Petro no es el único accionista de la creciente tragedia que se esparce por cada rincón del país, pero sí es uno de los mayores. Su política de paz, errática, descoordinada y fantasiosa —al igual que la mutilada y endeble política de seguridad y defensa, tan magistralmente instaurada y supervisada por el exministro Velásquez— ha brindado una oportunidad feliz a toda la caterva de delincuentes que destruyen a Colombia para fortalecerse: despejes, ceses al fuego, salvoconductos, excarcelaciones, suspensión de órdenes de captura, territorios vedados a la institucionalidad, suspensión de operaciones ofensivas de la Fuerza Pública… Que al final del día los hampones monetizan en más hectáreas de coca, más toneladas de cocaína, más dinero, más armas, más control territorial, más esclavitud para el campesino, mientras desde la Casa de Nariño se pretende conjurar la crisis humanitaria con abrazos y amor.
En esta sangría que cubre de dolor y luto a las familias de nuestros héroes militares y policías también hay una responsabilidad política protuberante que se ha querido desconocer y ocultar. La fantasiosa y mal concebida política de la “paz total”, impuesta a la Fuerza Pública y al país durante casi tres años, ha generado las condiciones propicias para el fortalecimiento y expansión del terror en buena parte del territorio nacional. Colombia tiene a los mejores y más valientes soldados y policías —de eso no hay duda—; juraron defendernos, al igual que a nuestra libertad y a nuestra democracia, y lo están haciendo aún a costa de su integridad y su propia vida. Entonces, lo mínimo que debe brindar el gobierno es respeto a su sacrificio y respaldo irrestricto a su misión constitucional.
“La historia de los procesos de paz en Colombia tiene un trágico libreto que se repite con fidelidad y apego: candidatos en campaña prometiendo paz total y expedita; presidentes generosos en concesiones y haciendo oídos sordos a la historia, para sentir solo con el tiempo los resultados pérfidos de su negociación y condenar a policías y militares a restituir el territorio y la soberanía que su irresponsable actuar cedió”.
La responsabilidad política en Colombia históricamente ha sido tenue, casi imperceptible. En este Gobierno ha desaparecido por completo. El caos y el dolor concebidos en la incompetencia del Gobierno y su vano experimento de paz total amenazan con pasar a la historia solo como una anécdota trágica e impune de la política presidencial del amor.
Por Ramsés Muñoz M.
