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El Congreso de la República debería aprovechar la oportunidad reabierta para aprobar una reforma laboral. Este lunes, finalmente, se presentará en la Comisión Cuarta del Senado la ponencia para adelantar el cuarto debate, tras una semana de discusiones donde hasta quienes consideraban catastróficas muchas de las iniciativas originales se abrieron a buscar opciones que permitan sacarla adelante. Si bien el Pacto Histórico está denunciando cambios irreconciliables y la necesidad de presentar una ponencia alternativa, lo que deberían tener claro todos los involucrados es que la resurrección de la iniciativa no puede terminar en otra frustración nacional, menos cuando hay un amplio clamor por mayores derechos laborales.
Las encuestas son dicientes. Según un sondeo realizado por Cifras y Conceptos, el 57 % de los colombianos está de acuerdo con la convocatoria a una consulta popular, que precisamente fue motivada por el hundimiento de esta reforma. Esto no significa, por supuesto, que estén de acuerdo con cada una de sus preguntas, pero sí ayuda a explicar por qué la popularidad del presidente de la República, Gustavo Petro, ha venido subiendo desde que ubicó la reforma laboral en el centro de su campaña política. Las personas quieren que haya cambios y sienten que las normativas actuales no son suficientes.
En ese contexto, y con su legitimidad lastimada por ataques externos y decisiones propias, el Congreso de la República necesita responder a esas expectativas. Aprobar una variación de la reforma laboral original es una oportunidad de oro. Sabemos que no es un proyecto perfecto, que está diseñado solo para los trabajadores formales —cuando el 57,2 % de los trabajadores del país son informales, según informó el Departamento istrativo Nacional de Estadística en abril de este 2025— y que no ataca asuntos delicados del mercado laboral del siglo XXI. También hay en ella muchos puntos por ajustar y mejorar. Sin embargo, ha quedado claro que muchas de sus medidas son muy populares, como la reducción de la jornada diurna, el reconocimiento de mayor remuneración por trabajo en domingos y festivos, así como la regulación de relaciones laborales en plataformas tecnológicas. La apuesta por la acción afirmativa con los trabajadores en condición de discapacidad y la introducción de un enfoque diferencial de género son también aspiraciones válidas que se deben contemplar.
Se quedarán cortos, eso está claro. El próximo gobierno y el próximo Congreso tendrán que volver a hablar de normas laborales. Mientras eso ocurre, sin embargo, que se apruebe una reforma imperfecta puede servir para bajarle la tensión al país y mostrarles a los colombianos que la democracia representativa sí escucha sus preocupaciones. Todos los involucrados necesitan reconocer que ese es el mejor desenlace posible en este año de tantos conflictos entre la rama Ejecutiva y la Legislativa.
Hay señales de alerta. El Pacto Histórico podría atrincherarse en la falta de concesiones y en la nueva consulta que ha presentado el Gobierno; los congresistas de oposición podrían también torpedear todo el proceso de nuevo. Sería un grave error. El Congreso está llamado a legislar, no puede claudicar en su labor.
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