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La permanencia de Ricardo Roa a la cabeza de Ecopetrol ya se ha hecho insostenible. Con el nuevo concepto de la Procuraduría sobre el manejo de las finanzas durante la campaña presidencial del 2022, en la que solicita al Consejo Nacional Electoral que lo sancione por violación de topes de financiación y ocultamiento de información de gastos, la atención sobre la empresa más importante del país se sigue centrando en su presidente, lo cual genera un ruido que le hace mucho daño.
Ecopetrol es esencial para Colombia. También lo es para los objetivos del gobierno del cambio. El presidente Petro ha dicho en repetidas ocasiones que su deseo es transformarla para hacerla sostenible a largo plazo, alejarla de los hidrocarburos y convertirla en un espacio de innovación. No hay relato nacional, en todo el espectro ideológico de la política criolla, que no pase por Ecopetrol como la joya de la corona y un insumo que debemos proteger. Entonces, se hace urgente la pregunta: ¿por qué permitir que una persona con serios cuestionamientos sea el rostro nacional e internacional de la empresa?
“Ricardo Roa Barragán, en su condición de gerente de la campaña del Pacto Histórico a la Presidencia, realizó maniobras tendientes a ocultar que el valor real del evento realizado el 19 de junio de 2022 en el Movistar Arena ascendió a $250’000.000, y no a $150’000.000, como fue informado al CNE. El saldo restante, de $100’000.000, fue pagado por ServiRed S. A. S.”, dijo la Procuraduría en el concepto presentado esta semana. Fue más allá. Dijo que también realizó actos para ocultar que se violaron los topes en la primera vuelta. Por esto, pidió sanciones contra Roa y contra Lucy Aydee Mogollón Alfonso, tesorera de la campaña, y contra María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus Gómez, quienes ejercieron como auditores.
Sí, el concepto de la Procuraduría no es vinculante. Sí, el Consejo Nacional Electoral extralimitó sus funciones al incluir al presidente Gustavo Petro en sus investigaciones. Pero todas las evidencias apuntan a que desde la gerencia de la campaña, es decir de Roa, hubo, cuando menos, falta de diligencia al llevar a cabo los reportes de cuentas. En la peor interpretación de los hechos, hubo ofensiva negligencia. En ausencia de una decisión judicial, este tipo de situaciones son suficientes para que inversionistas nacionales e internacionales se pregunten: ¿esa es la persona que debe estar dirigiendo Ecopetrol?
No se trata de violar la presunción de inocencia, sino de reconocer que la dirección de una empresa mayoritariamente estatal y fuente principalísima de recursos públicos exige idoneidad más allá de cualquier tacha. Contra Roa, por cierto, hay otras denuncias en prensa que merecerían más atención, como la que también esta semana ha revelado Caracol radio alrededor de un contrato, precisamente para estudiar los efectos sobre la compañía de las investigaciones a su presidente. La reputación de una empresa como Ecopetrol está por encima de los individuos que la conforman.
Si bien es la Junta Directiva de la compañía la que deberá evaluar la permanencia de Roa, es claro que el apoyo irrestricto de la Casa de Nariño es lo que lo sostiene. El presidente Petro puede querer, por supuesto, que haya una persona cercana a sus ideas en el cargo, pero candidatos sobran. Lo que hace aún más necesaria la pregunta: ¿por qué la lealtad a Roa por encima de la lealtad a Ecopetrol y a los colombianos?
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