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La Sentencia SU-184/25 de la Corte Constitucional marca un hito en la defensa del derecho a la verdad, a la información y a la justicia. Con este fallo, el alto tribunal ordena a instituciones religiosas y a la Fiscalía que entreguen información completa a periodistas sobre denuncias de abuso sexual cometidas por autoridades eclesiásticas. Se trata de una decisión que honra el derecho de las víctimas, respalda el ejercicio periodístico y afirma, con toda claridad, que no existen prerrogativas religiosas que justifiquen encubrir a depredadores sexuales.
Durante años, la Iglesia católica ha optado por manejar estos crímenes de manera interna, apelando al secreto pontificio. Lo ha hecho incluso en contra de sentencias previas de la misma Corte (T-091 de 2020 y SU-191 de 2022), que ya habían reafirmado la obligación de entregar esta información a quienes la soliciten mediante derecho de petición. Lo ha hecho, además, con pleno conocimiento de que los delitos sexuales contra menores son de los más severamente castigados en nuestro ordenamiento jurídico. Encubrir a un abusador no es un acto de piedad: es un crimen moral y una infracción legal.
La Corte ha sido contundente: “El funcionamiento y el manejo de la información de los integrantes adscritos a las instituciones religiosas no constituyen una razón constitucionalmente isible para restringir y limitar, de manera desproporcionada, los derechos fundamentales de petición y de a la información periodística”. En esta decisión se reafirma que no hay excepciones religiosas frente a la transparencia, y que los derechos fundamentales, especialmente cuando protegen a víctimas de violencia sexual, no pueden ser subordinados a lógicas de poder institucional.
La sentencia es también un reconocimiento al trabajo persistente de los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán, coautores del libro El archivo secreto, y Andrea Díaz, de la BBC, quienes presentaron las tutelas resueltas en este caso. Su labor ha sido fundamental para destapar una realidad que la Iglesia católica colombiana se ha negado sistemáticamente a reconocer. Gracias a sus investigaciones se han documentado, incluso con limitado a la información, al menos 517 casos de sacerdotes que habrían abusado de menores y no fueron reportados a las autoridades. ¿Cuántos más permanecen ocultos?
La Fiscalía, por su parte, tampoco ha cumplido con sus deberes de forma satisfactoria. A Andrea Díaz le entregó información incompleta sobre los 86 procesos abiertos entre 1992 y 2021 por delitos sexuales cometidos presuntamente por religiosos, incluyendo cardenales, monseñores y pastores evangélicos, pero sin identificar nombres ni cargos. La falta de transparencia en estos casos no solo vulnera el derecho de la periodista a obtener respuestas, sino que perpetúa el silencio cómplice que rodea a muchos de estos abusos.
Resulta preocupante, aunque previsible, la reacción de la Conferencia Episcopal de Colombia, que calificó la sentencia de “discriminatoria” y contraria a la presunción de inocencia, basándose en los dos votos disidentes del fallo, ignorando que seis magistrados votaron a favor. Nada más alejado de la verdad. Este fallo no viola derechos de nadie: los refuerza.
La Iglesia tiene ahora la oportunidad —y la obligación legal y moral— de actuar con la verdad. Si quiere recuperar algo de legitimidad, debe dejar atrás el silencio, abrir sus archivos y colaborar con la justicia ordinaria. Ya no hay excusas. El derecho de las víctimas a saber lo que les ocurrió, a que se nombre a los responsables y se les juzgue conforme a la ley, no es negociable.
En un país donde tantos abusos han sido barridos bajo la alfombra del poder, este fallo es una victoria para la verdad, la democracia y el periodismo libre. Celebrarlo es apenas justo; cumplirlo, un deber ineludible.
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