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Carlos Ramón González no es un perseguido político. Eso lo debe tener claro cualquier país que esté evaluando una posible solicitud de asilo, que tampoco puede ser apoyada por la Casa de Nariño. La Fiscalía, dirigida por una persona nominada por el presidente Gustavo Petro, le imputó cargos con base en el testimonio, no de opositores políticos, sino de personas cercanas al Gobierno e incluso una que pertenece al mismo partido político de González. Es una falta de respeto para las instituciones colombianas que un exfuncionario de tan alto nivel no sea capaz de enfrentar la justicia nacional dando la cara, respetando la separación de poderes y demostrando que las reglas de los procesos penales aplican para todos por igual. Todo lo anterior, por supuesto, sin negarle el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Las formas importan, así sea para defender con vehemencia la inocencia propia, especialmente porque los cargos contra González son de suma gravedad. La semana pasada, en la imputación de más alto nivel relacionada con el gobierno de Gustavo Petro, la Fiscalía dijo tener suficientes pruebas para lograr la condena del exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y del Departamento istrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros. En el marco de la captura de los congresistas Iván Name y Andrés Calle, del proceso contra Sandra Ortiz y las condenas ya en firme de Sneyder Pinilla y varios de sus cómplices, el ente investigador considera que el exfuncionario es la pieza esencial para comprender los sobornos que se ofrecieron en plena época electoral a cambio de obtener el apoyo para proyectos de interés del Gobierno. En síntesis, dice la Fiscalía, González fue el determinador de uno de los más graves casos de corrupción conocidos por Colombia en los últimos años.
Nada está probado aún, por supuesto, y González lo ha negado todo desde el principio. “No acepto los cargos, dado que todos son calumnias sin fundamento”, dijo en la audiencia reciente de imputación, y en varias ocasiones ha insistido en su inocencia. Como hemos dicho en los casos que involucran a Calle y a Name, todos tienen derecho al debido proceso. La Fiscalía tiene una enorme responsabilidad de llevar los procesos con transparencia, rigurosidad y precisión. Por eso es tan importante que estos casos avancen frente a los jueces para que el país entienda lo que ocurrió. Lo que nos parece claro es que algo terrible ocurrió, pero ya Colombia ha visto cohechos donde solo una de las partes paga su responsabilidad. Nada nuevo en el país del realismo mágico.
El comentario necesario es preguntar por qué González, una persona que estuvo a cargo de la Inteligencia nacional, está en un lugar del mundo sin divulgar y ha estado modificando su patrimonio. Si, en efecto, los rumores de un asilo político son ciertos, se trata de un mecanismo de evasión de la justicia irresponsable y de un pésimo mensaje para los colombianos. La justicia está ofreciendo todas las garantías y lo que se espera de los investigados es que respeten las normas. El 6 de junio se definirá la medida de aseguramiento, lo lógico sería que González esté en persona demostrándole al juez que no hay riesgo alguno de fuga.
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