Conmoción interior y sustitución de cultivos de coca

"La sustitución de cultivos no se puede reducir al simple cambio de las plantas de coca por otras como las de café, cacao o pimienta": Yesid Reyes Alvarado.

Foto: El Espectador - Óscar Pérez

Aprovechando la declaratoria de conmoción interior en el Catatumbo, el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un programa de sustitución de cultivos de uso ilícito en esa zona. La idea de reactivar esta iniciativa es buena porque ese es el combustible de gran parte de nuestra violencia; pero al hacerlo a través de esta figura constitucional se genera la equivocada impresión de que la concentración de plantas de coca en ese punto (como en la esquina suroccidental del país) es algo que ha ocurrido de manera sorpresiva y abrupta en los últimos meses, lo cual no es cierto.

Desde hace muchos años los grupos ilegales dedicados a estas labores se movieron hacia sitios donde hubiera parques naturales, comunidades indígenas o afros, y fronteras internacionales, porque todas esas circunstancias entorpecían la aspersión aérea con glifosato. Su utilización en esas ubicaciones geográficas está muy restringida no solo en cumplimiento de sentencias de la Corte Constitucional que amparan derechos de esos pueblos y protegen el medio ambiente, sino también a consecuencia de demandas como la que perdimos con Ecuador cuando nos acusó de haber ocasionado daños a cultivos, animales y personas con el glifosato que, asperjado en nuestro espacio aéreo, terminó arrastrado por el viento a la vecina nación.

Según ha explicado correctamente la directora del programa (aunque lo presenta como si fuera una novedad), la sustitución de cultivos no se puede reducir al simple cambio de las plantas de coca por otras como las de café, cacao o pimienta. Además de desplegar esa actividad —relativamente simple—, el Estado debe crear y mantener las condiciones para que los campesinos tengan fácil y barato a los insumos que requiere la generación de esos productos, debe diseñar e implantar mecanismos que garanticen estabilidad en sus precios incluso en épocas de cosecha (algo casi inexistente en Colombia) y construir vías que permitan llevarlos hasta centros de acopio y venta (que también deben ser creados y mantenidos), no solo en un tiempo breve para evitar que se estropeen sino, además, preservando la seguridad de los agricultores y comerciantes. Lo que ha venido ocurriendo en esas regiones es que los traficantes de estupefacientes les ofrecen todas esas ventajas a los pobladores, quienes las aceptan porque aun cuando económicamente se traducen en ingresos inferiores a lo que les reportaría un salario mínimo legal, les aseguran un flujo permanente y estable de dinero, con pocos gastos de su parte.

Aunque esta solución ha mostrado ser más eficiente (así lo reflejan los informes de Naciones Unidas), debemos ser conscientes de que solo lo es a largo plazo, lo que debería llevarnos a tenerla como una política de Estado susceptible de ajustar y ejecutar de manera paulatina pero constante. En ese sentido es encomiable que se retome y se le dé un nuevo impulso al programa; lo que no veo es cómo pueda convencerse a la Corte Constitucional de que esa es una situación sobreviniente que, además, puede ser superada dentro de los estrechos marcos temporales del estado de excepción al amparo del cual se lo pretende desarrollar.