Medidas cautelares

Avanza durante este gobierno la política agraria. Durante el último Consejo de Ministros, el presidente Petro nos habló de la entrega de 570.000 hectáreas de tierra como un avance histórico en la reforma agraria y recordó la importancia de “transformar la desigualdad rural en Colombia”. En redes sociales el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural explica cómo (con ayuda de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria) avanzan en planes maestros de reconversión productiva agropecuaria. Estos “precisan y territorializan” medidas puntuales para mejorar el “desempeño y sostenibilidad de la cadena a nivel subnacional por regiones teniendo en cuenta sus especificidades y necesidades territoriales”.

Las mentadas medidas predican el uso eficiente del suelo y del agua, la reducción de conflictos de uso del territorio, la diversificación agropecuaria, la adecuación de tierras, la adopción de cambios tecnológicos y (en algunos casos) el cambio de cultivos. La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, dijo en la Radio Nacional que “el agro colombiano vive su mayor auge económico en más de 30 años”, pues el Estado ha hecho inversiones por 86 billones de pesos.

Es acá donde vale la pena caminar con cautela. En contextos de altísima desigualdad, grandes reformas e inversiones estatales suelen combatir ciertas injusticias, pero corren el riesgo de ahondar otras. En el mundo, algunas reformas agrarias han provocado formas de comercialización del agua, con efectos a menudo perjudiciales para la equidad de género en el . Usualmente generan presiones para aumentar la productividad. Buscando mayores eficacias, se acoge casi siempre el riego por goteo. La adopción de este método, que suministra agua directamente a las raíces de las plantas, provoca un proceso de reasignación del agua (y de los derechos al agua o a las infraestructuras hídricas) hacia usos y s considerados más productivos y eficientes.

Las investigadoras Lisa Bossenbroek y Margreet Zwarteveen examinan las transformaciones desencadenadas por las reformas agrarias de las últimas décadas en Marruecos. Revelan cómo las identidades labores y relaciones sociales, marcadas por roles de género, influyen y son influenciadas por las nuevas dinámicas agrícolas y de gestión del agua. El estudio muestra que los llamados “emprendedores” agrícolas y los campesinos con recursos para modernizarse —generalmente hombres— son los principales beneficiarios de los subsidios estatales.

Describe además cómo sólo un pequeño grupo de jóvenes privilegiados logra adoptar identidades agrícolas modernas, replicando modelos empresariales. Las mujeres pertenecientes a familias con poca tierra terminan dependiendo del trabajo asalariado agrícola para subsistir. Estas transformaciones agrícolas han reconfigurado el trabajo rural, reforzando distinciones de género, ya que dependen de mano de obra asalariada —en su mayoría femenina y mal remunerada— para tareas intensivas como la siembra, el deshierbe y la cosecha.

Ante las grandes inversiones y cambios los actores rurales negocian, adaptan o incluso crean nuevos espacios para perseguir sus aspiraciones. Si el campo de juego es muy desnivelado, las mujeres corren el riesgo de verse en desventaja frente a las reformas pese a las buenas intenciones. En Colombia, las mujeres poseen solo el 26 % de los títulos de tierra en zonas rurales, a pesar de ser cruciales en la producción agrícola. En el informe “Mujeres rurales en Colombia: entre la invisibilidad y la sobrecarga laboral”, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) explica cómo las mujeres rurales trabajan hasta tres veces más que los hombres en labores no remuneradas. Muchas trabajan en parcelas familiares sin ser dueñas, lo que las deja en situación de vulnerabilidad económica.

En este contexto, el Gobierno debe mantener la preocupación por la (falta de) equidad de género en el campo en el corazón de las reformas rurales.