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El 11 de diciembre de 2023, el Ministerio de Hacienda amplió en $700.000 millones de pesos el presupuesto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El incremento presupuestal, justificado como una medida para atender emergencias, en realidad era el ingrediente indispensable para terminar de cocinar el mayor escándalo de corrupción en la historia de Colombia. En este corrupto trama se han identificado vínculos con numerosos políticos y funcionarios, incluyendo a Ricardo Bonilla (exministro de Hacienda), María Alejandra Benavides (exasesora del ministro Bonilla), Luis Fernando Velasco (exministro del Interior), Carlos Ramón González (exdirector del Departamento istrativo de la Presidencia) y Sandra Ortiz (exconsejera presidencial para las regiones). El presidente, en relación con la corrupta tramoya de la Ungrd, ha afirmado que es un “caso de corrupción estructural y profesional”. Habría que agregar que la corrupción no es un fenómeno espontáneo, sino el resultado de una red de actores, incentivos, debilidades institucionales y cultura política permisiva. Y en el caso del Ungrd, casi la totalidad de los implicados fueron nombrados directamente por el presidente, siendo Bonilla y González de sus entrañas. El pasado martes, la fiscal anunció que le imputará cargos a González, haciéndose la desentendida de que este pajarito ya había alzado vuelo y que las posibilidades de su pronto regreso son inexistentes.
En este escándalo ya han sido detenidos el exsenador Iván Name y el exrepresentante Andrés Calle: la Corte Suprema los investiga por los delitos de “cohecho impropio” (al haber recibido sobornos para influir en decisiones legislativas) y por “peculado por apropiación a favor de terceros” (al haber desviado recursos públicos para beneficio personal o de terceros). Asumimos que la Corte también tendrá que investigar si en el presunto esquema de sobornos está involucrada la elección del magistrado Vladimir Fernández en la Corte Constitucional. Según la revista Semana, una serie de mensajes de WhatsApp aportados a la Fiscalía por Sandra Ortiz ponen en duda la legitimidad de la elección de Hernández como magistrado. Según la revista, en una de las comunicaciones el magistrado agradece a Ortiz: “Sandrita hermosa, gracias por todo tu apoyo de verdad. Te la debo”, nota que puede sugerir una relación directa entre las gestiones realizadas y su elección. Sin ánimo de prejuicio, la pregunta obvia es: ¿qué le deberá don Vladimir a Sandrita?
Apostilla 1. Muchos tienen excelente concepto del Dr. Vladimir Fernández, incluyendo el apreciado colega en El Espectador, Felipe Zuleta Lleras. Sin irrespetar el principio de presunción de inocencia consagrado en la Constitución, no puede existir la más mínima sospecha sobre la elección de un magistrado. Siendo la Corte Constitucional la máxima instancia encargada de salvaguardar la Constitución y los derechos fundamentales en Colombia, la permanencia de Fernández puede afectar la legitimidad de futuras decisiones del tribunal, afianzando la desconfianza en las instituciones judiciales. El magistrado debería hacerse a un lado hasta que su situación sea aclarada.
Apostilla 2. ¡Aplausos para un Senado no se dejó arrodillar!
