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El pasado viernes 16 de mayo, un grupo de 20 encapuchados armados con machetes y hachas protagonizó serios disturbios en las inmediaciones de la Universidad Nacional. En los videos se observa cómo estos payasos agitaban sus machetes al mejor estilo de los titiriteros de los semáforos, o de los chefs en los restaurantes elegantes de sushi. Hace unos años, en la Universidad Nacional agitadores disfrazados con prendas rojas protagonizaron similares disturbios pero, al ser tildados como “caperucitas rojas”, muy rápidamente se disolvieron. Los disturbios del 16 de mayo provocaron el cierre de varias estaciones de Transmilenio, afectando a más de 230.000 s del sistema de transporte masivo, a decenas de miles de vehículos y a miles de pasajeros que no pudieron abordar sus vuelos. Obligada la Universidad a suspender sus clases, los disturbios también perjudicaron a miles de estudiantes y profesores. Bogotá volvió a ser rehén, esta vez no de delincuentes comunes, pinchallantas o cacos de turno, sino de un puñado de cobardes con la cara tapada que decidieron que el machete, el hacha y la caperuza son el nuevo símbolo del pensamiento crítico universitario.
El gobierno central ha enfatizado que ningún miembro de la Fuerza Pública debe levantar las armas contra el pueblo durante manifestaciones. Además, ha instado a la movilización de la ciudadanía, amenazando con una huelga indefinida como forma de expresión popular. Aprovechando esta “patente de corso”, los líderes sindicales anunciaron un “gran paro nacional” los días 28 y 29 de mayo para rechazar la decisión del Senado de tumbar la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro, consulta con la que se busca, aparte de embutirnos una reforma laboral y parte de la de salud, es arrebatarle al Congreso la capacidad de legislar. El presidente de la CUT, Fabio Arias, durante una cumbre en la Pedagógica, propuso adicionar otro paro nacional de 24 horas para el 11 de junio. Ni los líderes sindicales, ni el Gobierno que amenaza con un paro indefinido, parecen darse cuenta del enorme costo que tienen para el país las huelgas generales. Colombia enfrenta una muy delicada coyuntura fiscal: en este Gobierno la deuda pública ha crecido en más de $260 billones de pesos, acercándose al 63 % del PIB. Este guarismo pone en evidencia que el Gobierno se ve obligado a dedicar un tercio de los ingresos fiscales en atender esos pasivos; y con menos de 8 billones de pesos en caja, cada día le será más oneroso al Ministerio de Hacienda arbitrar recursos para financiar sus obligaciones. Los costos directos a precios de hoy asociados con una huelga general pueden estar por encima de los 710 mil millones de pesos diarios. Esta suma no tiene en cuenta la disminución del recaudo fiscal, ni las pérdidas en los productos perecederos como es la leche, ni el lucro cesante del sector productivo. Y los principales afectados van a ser los informales, cerca del 60 % de la fuerza laboral.
Apostilla. Daniel Quintero tiene 19 procesos activos en la Procuraduría y al menos 70 en la Fiscalía. El deslumbrante y sólido prontuario judicial de Quintero explica que sea él, y no Bolívar, el candidato preferido de la Casa de Nariño.
