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La ilusión de garantizar el derecho a una educación de calidad se sigue diluyendo con el actual gobierno. Después de dos años y medio, el avance es ínfimo. Es poco probable que la tendencia se modifique en el año y medio que le falta. Muy grave para las niñas, los niños, los jóvenes y el desarrollo nacional.
Cuando fue nombrado el actual ministro de Educación, publiqué un trino en mi cuenta de X que decía lo siguiente: “Daniel Rojas no tiene el perfil, los conocimientos, la formación, ni la experiencia para ser mineducación. La decisión de nombrarlo evidencia la poca importancia que el gobierno concede a la educación y termina siendo un insulto a los educadores del país. ¡Mayúscula equivocación!”. Él venía haciendo un trabajo muy destacado en la SAE, pero en el MEN volvimos a la vieja y mala costumbre de nombrar personas que no saben del sector. Así es imposible mejorar el derecho y la calidad de la educación. Ya han pasado más de seis meses y hoy me tengo que ratificar.
Muchos esperaban que el gobierno de Gustavo Petro enfatizara en el derecho a una educación de calidad, tal como nos comprometimos como Estado al firmar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para 2030. Pero todos hemos visto que no ha sido así. En educación arrancamos mal cuando, el 19 de junio de 2022, el recién elegido presidente trinó para pedirles a gobernadores y alcaldes que le seleccionaran lotes para construir universidades y colegios, como si ellos supieran de eso. Quienes hemos trabajado en el sector sabemos que los lotes no definen ni las instituciones educativas ni el derecho a una educación de calidad. Se requieren, entre muchas otras condiciones, proyectos educativos pertinentes y contextualizados, equipos profesionales que lideren los procesos, rectores, maestros, currículos y análisis de las necesidades de la región. Quien inicia pensando en lotes no entiende lo esencial de la educación, que es el desarrollo integral de niños y jóvenes, así como el desarrollo sostenido articulado a las regiones y la nación.
Inicialmente, llegó un ministro que conocía el sector, pero duró pocos meses y terminó muy distanciado cuando el gobierno de Gustavo Petro optó tempranamente por la polarización. Muy rápidamente se abandonaron interesantes ideas pedagógicas para reestructurar el currículo y llenar el país de jóvenes recién graduados de las universidades que acompañarían la transformación pedagógica en las regiones. De eso nunca se volvió a hablar. Luego llegó la ministra Aurora Vergara, una socióloga y académica, con un novedoso e interesante perfil, quien se concentró en sacar adelante una Ley Estatutaria que al final no tuvo el apoyo necesario en el Congreso. Cero y van dos.
Pero con Daniel Rojas el gobierno optó por elegir como ministro a un activista que desconoce el tema educativo y que, fiel a su historia, vino a cumplir el papel de agitador. Rojas carece de ideas pedagógicas y reconocimiento en el sector. No tiene la capacidad para abordar los diversos y complejos problemas de la educación en Colombia, relacionados con la articulación del sistema y la formación de maestros. Se necesita un sistema articulado con la sociedad que nos ayude a impulsar un desarrollo humano integral, equitativo y sostenible; un sistema que impulse la transformación cultural y la paz, que garantice el derecho a una educación de calidad y que dé solución al viejo problema de una niñez que no recibe el derecho que la ley estableció hace más de treinta años. En Colombia existen enormes brechas entre regiones, estratos, géneros y sectores. La educación pública básica sigue siendo de muy baja calidad y mientras siga siendo así las brechas no se podrán cerrar. El problema es que de eso Daniel Rojas no sabe. Aun así, no se ha rodeado de gente que le ayude a resolver los problemas, sino de personas que lo apoyen para promover la agitación política. Tampoco tienen los conocimientos y las competencias para liderar un complejo sector que trabaja con cerca de diez millones de estudiantes y está totalmente desarticulado.
El Ministerio tiene prácticamente abandonada la educación básica. No habla del Plan Decenal que se estableció en 2017, culmina en 2026, y que todavía no ha empezado a implementarse. Tampoco reflexiona sobre currículo, formación de docentes, transformación pedagógica, facultades de educación, lectura o pensamiento crítico. Desconoce estudios, otros sistemas educativos, teorías y experiencias significativas validadas. No hay ningún avance en metas tan importantes como disminuir la deserción escolar o garantizar el tránsito del grado 9º al 10º. Tampoco hay mejoría en los indicadores de calidad que el propio gobierno estableció para el cuatrienio en los resultados de las pruebas SABER en grados 5º y 9º. En la meta de orientadores escolares establecida por el gobierno para las escuelas en los municipios PDET, algo esencial en esta época, tan solo vamos en el 4 %. En Colombia se ha incumplido con garantizarles a niños y jóvenes el derecho a una educación de calidad. Las brechas siguen aumentando y no existen ideas, propuestas o proyectos en curso para atender un sistema educativo que, en lugar de mitigar, sigue aumentando las desigualdades y frenando la movilidad social.
El más importante decreto que ha puesto en discusión resulta un atentado contra la calidad educativa. Este establece que la jornada de los docentes no puede pasar de 6 horas diarias, lo cual quiere decir que al finalizar no podrían permanecer en la escuela. Indirectamente, el decreto reduce la jornada de los niños en 17 días y frena la expansión de la jornada única. Así mismo, sin reuniones de docentes será totalmente imposible mejorar la calidad de la educación pública. No podremos repensar el currículo y los sistemas de evaluación o coordinar proyectos conjuntos entre profesores. Necesitamos exactamente lo contrario: más reuniones y cualificar la formación in situ y contextualizada de los docentes. Ojalá no se apruebe el decreto, porque terminaría por seguir aumentando las brechas al prohibir en la práctica las reuniones de docentes.
El énfasis del gobierno ha estado en la educación superior. Al fin de cuentas allí están los jóvenes que lo eligieron y quienes votarán en 2026. Todos conocemos su promesa de campaña de crear 500.000 nuevos cupos. Era una meta irreal, que carecía de estudios en las regiones, proyectos, ideas articuladoras, procesos de selección y formación de directivos y docentes. De allí que resulte comprensible que dos años y medio después tan solo se lleve 13 % de los cupos creados y, dadas las graves dificultades financieras del gobierno, es muy probable que no avance en el año y medio que le queda e incluso que retroceda.
Las declaraciones del ministro sobre ICETEX fueron en extremo irresponsables, iniciando por afirmar que la entidad no dependía del Ministerio, aunque él presida la junta directiva. El ministro ha sido insistente en que no quiere que la juventud se endeude. Es loable que un gobierno progresista priorice la educación pública, así debe ser, pero que desconozca la necesidad y el aporte de la educación privada resulta una idea infantil. El ICETEX le ha garantizado educación a más de cinco millones de jóvenes colombianos y hoy tenemos un millón de créditos activos. Con la vida de esos jóvenes no se puede jugar. Un gobierno responsable puede y debe subsidiar las tasas, pero poner en riesgo un sistema validado que ha cambiado la vida de millones de jóvenes lo puede proponer un agitador político en un discurso de campaña, no un ministro de educación. El problema es que en el caso de Daniel Rojas los dos roles no están diferenciados.
Paradójicamente, en donde más ha avanzado el país es en el cumplimiento del derecho a la educación superior para los jóvenes. No es casual, porque ellos votan, en tanto los niños de jardín y de colegio todavía no lo hacen. En 1990, el 8 % de la población accedía a la educación superior; para 2023, el 55% de la población realiza estos estudios. En eso vamos bastante bien. Allí no están los principales problemas de la educación en Colombia.
Si el ministerio reprueba casi todas las asignaturas, podemos decir que reprobó el año. Lo más grave es que eso mismo viene pasando desde inicios de siglo. Ya el gobierno de Iván Duque había sido sancionado por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia SU-032-22, por violar el derecho a la educación durante la pandemia. Ese gobierno y los anteriores se habían rajado al incumplir con la función más importante asignada a la educación: garantizar que los hijos de los pobres no tengan que vivir en la pobreza. En Colombia históricamente hemos abandonado el derecho a una educación de calidad. Ahora todo indica que volvimos a perder otros cuatro años en los que se podrían haber impulsado los cambios que necesita la educación.
Cuando el presidente Gustavo Petro conoció los resultados de Colombia en las pruebas PISA en diciembre de 2023 exclamó: “la educación en Colombia ha fracasado”. En ese momento, le escribí una extensa carta pública para compartir su opinión y recomendar algunas estrategias para enfrentar el persistente problema. Llevamos dos años y medio de su istración y hoy debemos decir que la educación durante su gobierno también fracasó. ¡Qué triste para los niños, los jóvenes y el desarrollo nacional! Tenemos que hacer todo lo posible para que en 2026 por fin llegue un gobierno que esté comprometido con impulsar los cambios que demanda la educación en Colombia. Sería muy grave que retornen quienes la habían llevado al fracaso en las dos primeras décadas del presente siglo.
P.D.: Esta columna reaparecerá el 21 de enero. ¡Los mejores deseos para ustedes y para el país en el año que inicia!
*Director del Instituto Alberto Merani (@juliandezubiria)
