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El 16 de enero de 2025, desde Venezuela y con anuencia del régimen de Nicolás Maduro, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) lanzó una ofensiva en el Catatumbo contra el Frente 33 de las Disidencias de las FARC, la cual cobró al menos 23 vidas en las primeras 72 horas. Hoy van más de 64.000 desplazados y 106 asesinatos, la región está sumida en la violencia, el control territorial de los grupos armados ilegales en esa zona es evidente y no ha sido posible que retorne la tranquilidad. Por el contrario, los enfrentamientos entre ELN y disidencias de las FARC continúan y la población civil sigue en la mitad, sufriendo las consecuencias de esta situación.
El aumento de cultivos de coca en el Catatumbo, las economías ilegales crecientes, el dominio de territorio, la extorsión, la lucha por el poder y, sobre todo, una frontera que ofrece ventajas estratégicas a los delincuentes y que sirve de refugio para esconderse y atacar, son elementos que agravan la ecuación.
A esto se le suma la fracasada política de Paz Total, que no ha dado resultados en ninguno de sus frentes, incluidos los diálogos con el ELN. Por el contrario, la Paz Total ha creado las condiciones perfectas para la crisis de violencia en el Catatumbo. Los ceses bilaterales entre el Gobierno y el ELN han permitido que este grupo se fortalezca militarmente, mientras que la reducción de las capacidades de las Fuerzas Armadas ha afectado su oportunidad de respuesta en el Catatumbo. Según un informe de inteligencia, la respuesta del Gobierno ante la crisis se ha visto diezmada por la reducción en el pie de fuerza, corrupción al interior de las fuerzas y la necesidad de cubrir 11 frentes de guerra sin tener los recursos necesarios.
Por otro lado, entre el 2022 y el 2023 el área sembrada de cultivos de coca en todo el territorio nacional aumentó 10 %. Entre los territorios más afectados por el aumento en los cultivos ilícitos se encuentra Norte de Santander, que hace parte de los 15 enclaves más productivos del narcotráfico, y es uno de los cuatro departamentos con más de 30.000 hectáreas. Además, la propuesta del Gobierno de comprar la hoja de coca a los cultivadores solo empeora la situación y es una estrategia que ha sido probada en el pasado, y cuyo fracaso solo sirvió de estímulo para que crecieran los cultivos.
A pesar de la contraofensiva del Frente 33 de las FARC, el ELN ha demostrado supremacía sobre su enemigo, controlando rutas clave para el narcotráfico y aumentando su influencia en la región. La respuesta del Gobierno fue establecer un cese al fuego con el Frente 33 de las FARC prorrogado hasta el 18 de mayo, lo que pareciera indicar que el Gobierno toma partido a favor del Frente 33.
Para acabar de empeorar las cosas, no podemos perder de vista la dañina relación entre el gobierno de Gustavo Petro y la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, y cómo esto influye en la zona de frontera para bien de los delincuentes. El ELN ha utilizado el territorio venezolano como retaguardia internacional durante más de 30 años, pero en la última década, el ELN se ha convertido en un aliado estratégico de Maduro, recibiendo financiamiento y protección del régimen a cambio de colaboración en una variedad de temas, incluyendo control social durante las elecciones. Esta relación con el régimen en Venezuela fue instrumental para la ofensiva del ELN en el Catatumbo.
Debe preocupar a todos los colombianos la reciente propuesta de Petro de establecer una zona económica especial en colaboración con Maduro en el Catatumbo, si la Corte Constitucional declara inexequibles los decretos de conmoción interior. Esta “gran zona económica binacional” sería equivalente a ceder la soberanía de Colombia sobre el Catatumbo a Nicolás Maduro y, por lo tanto, al ELN.
Es importante tener en cuenta las lecciones que ha dejado la historia, de cómo la estrecha relación entre Hugo Chávez y Fidel Castro, y entre los servicios de seguridad de Cuba y Venezuela, le permitieron a Chávez y a Maduro aumentar su control y mantenerse en el poder. No debemos perder de vista que cualquier tipo de cooperación militar o bilateral entre los gobiernos de Colombia y Venezuela representan un gran riesgo para nuestro país y debemos exigirle al gobierno manejar esta relación con transparencia.
El Catatumbo y su gente están sufriendo las consecuencias de las malas decisiones del Gobierno y de su inoperancia. El Gobierno debe entender que la seguridad no es un lujo, es un derecho, y estas comunidades tienen el derecho a vivir tranquilas. La soberanía nacional está en entredicho, y el régimen de Maduro se está aprovechando de la debilidad y la confusión en nuestro lado de la frontera, lo que agrava aún más la situación de inseguridad y abandono estatal.
