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A pesar de haber intermediado más de $9 billones desde que empezó a funcionar en agosto de 2017, llama la atención el posible desvío de $2 billones de recursos del sistema público de salud entregados a Medimás EPS, y que no han sido pagados a las clínicas, hospitales ni a profesionales que forman parte de la red de atención de esta maltrecha EPS.
El literal d) del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007 establece los términos dentro de los cuales las entidades promotoras de salud (EPS) deben cancelar a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) las facturas por servicios, fijando los plazos, con el fin de permitir el flujo de recursos como condición esencial que garantizan la calidad y oportunidad para los s.
El contralor de Medimás, con fecha 4 de octubre de 2019 y radicado NURC 1-2019-630322, advirtió al superintendente de Salud sobre el descomunal monto de los pasivos de esa EPS con cerca de 2.000 IPS y profesionales que componen su red de atención. Con corte de agosto 2019, notificó que la deuda insoluta ascendía a $1,99 billones con IPS y $0,8 billones con otros acreedores, exigiendo también “realizar al menos la capitalización de que trata la Resolución 2426 de 2017, con el fin de mejorar la difícil situación financiera que atraviesa”.
Como la a de los Recursos de la Seguridad Social en Salud (Adres) ha hecho entrega a Medimás EPS de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que esta a su vez debe trasladar a las clínicas, hospitales y profesionales por los servicios brindados a los pacientes, los crecientes pasivos con IPS sugieren un posible desvío de recursos públicos que pone en peligro inminente la estabilidad de todo el sistema de salud.
Esta hemorragia financiera de Medimás EPS significa una sistemática vulneración de los derechos a la salud y a la vida para más de tres millones de afiliados, razón por la cual la Contraloría General de la República debe adelantar, de forma prioritaria y urgente, las acciones fiscales para determinar a los responsables de este desvío de recursos públicos y, junto con la Procuraduría General, obligar al superintendente de Salud a que cumpla la ley y/o sancionarlo por omisión. Las demoras en la toma de estas decisiones implican varios delitos.
@jrobertoacosta1
