Reconstruir los cimientos

Entiendo que estemos agobiados. Hay en el mundo demasiadas dinámicas disfuncionales, grietas que parecen empeorar con el paso del tiempo, mientras cancerberos con poder insisten en decretar no un alto al fuego sino un alto a la esperanza; entiendo la tentación de cerrar los ojos y pretender que la realidad no es lo que sucede, sino la pesadilla de algún monstruo sin oficio.

Lo que no he logrado descifrar es por qué tantos analistas –investigadores, politólogos y “pazólogos” que en aulas y libros hacen disertaciones sobre la soberanía de los pueblos– han guardado silencio frente a la reciente acción de una poderosa amalgama de la Fiscalía de Colombia con la DEA; una mixtura de fuerzas que pasó por encima de disposiciones del Estado colombiano y en pleno marco de las negociaciones de paz retuvo en la capital del país a un delegado a la mesa, hoy lo tiene prisionero y ya ha sido notificada la solicitud de extradición.

Pedir (¿exigir?) que se respete una mesa de paz y se les cumpla la palabra dada a los negociadores, no es –como algún medio desinformativo pretendió presentarlo– obstaculizar la tarea de instituciones nacionales o extranjeras, ni buscar tratamientos privilegiados. Es simplemente cumplir con el derecho y el deber de explicar cuantas veces sea necesario que los delegados vinieron a Bogotá porque confiaron en la institucionalidad; creyeron (creímos) en el poder de un decreto presidencial y de una resolución de la Fiscalía. Ambas delegaciones pensamos que ellos podrían venir y regresar a sus territorios, completos, sanos y salvos. Pero la noche del 12 de febrero en medio de la más dolorosa impotencia, una acción bilingüe nos tumbó los cimientos. Ahora debemos reconstruirlos, y no será fácil.

Imaginen las cuatro patas que sostienen una mesa de paz: no son de hierro, acero ni madera; son de un material sensible, difícil de labrar y forjar; se llama confianza y, así como el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. Es maravilloso pero frágil, y exige que a lado, todos los días, haya evidencias de comportamientos y compromisos veraces y coherentes.

Ahora: señalar el efecto extremadamente adverso de meter preso a un interlocutor en pleno ejercicio de la negociación, no implica –ni mucho menos– defender sus conductas delictivas. Defendemos la palabra, su rol en la agenda de una solución concertada y la dimensión nacional e internacional que debe tener un negociador de paz; defendemos la mesa como instancia y como decisión política; una mesa plural, que desde el primer día ha tenido respaldo legal y jurídico, veedores militares, voceros civiles, acompañamiento internacional, de la Conferencia Episcopal y Naciones Unidas.

Ante algunas falacias y delirios de medios opositores, vale decir que trabajar por el sentido, los procesos y los resultados de una mesa de paz es resguardar la última opción sensata de cerrar la llave del desangre; apostarle a la posibilidad de lograr que sin disparar más tiros, se cambien por cultivos lícitos las miles de hectáreas que hoy contribuyen a satisfacer el consumo de cocaína de 23 millones de personas en el mundo (Undoc, 2024); es crear las condiciones para que las comunidades habiten territorios respetuosos de la gente, de la naturaleza y las leyes, y que no sea el miedo el amo y señor que domine a vivos y muertos.

Trabajar en las mesas –aun sabiendo el costo social y político que ello implica– es honrar la capacidad humana de resolver los conflictos con algo distinto a un disparo; es no resignarnos a que la violencia se convierta en el único lenguaje de convergencia, porque un país que solo se encuentra para matarse, está perdido.

[email protected]