El turno para la Nueva EPS con la Fiscalía

El superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano G., declaró que “la intervención forzosa a la Nueva EPS comienza a arrojar resultados importantes que repercutirán en la atención en salud para los s”. Desde el 10 de abril, los medios corporativos han difundido la imputación de cargos de la Fiscalía contra exdirectivos de la EPS, que Rubiano sentenció como “la punta del iceberg”, al revelar que más de $70.000 mil millones habrían sido desviados y que, gracias a la intervención (2024), se destapó uno de los fraudes más grandes en la historia del sistema de salud colombiano.

Mientras los senadores de la Comisión 7ª fingen desconocer que el sistema de la intermediación en salud naufraga en el lodazal de la corrupción, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó recientemente la condena a 15 años y un mes de prisión y el pago de 820 salarios mínimos, al expresidente de Saludcoop Carlos Palacino, por delitos de estafa, fraude procesal, falsedad en documento privado y peculado por apropiación a favor de terceros (2012).

Una de las firmas externas más visibles con contratos en Saludcoop fue la de don Enrique Vargas Lleras, quien también fue abogado de Palacino. Este historial delictivo se enquista en la Nueva EPS, en la que se detectó “presunta alteración deliberada de los estados financieros, para aparentar estabilidad y evitar la intervención estatal”, añadió Rubiano.

Hubo ocultamiento de deudas billonarias y pasivos acumulados durante varios años, que no fueron procesados ni contabilizados por la entidad.

Presentaban balances aparentemente positivos, mientras acumulaba deudas impagables que hoy superan los 4 billones de pesos en facturas sin registrar. La Fiscalía 44, en medio de la audiencia de imputación, afirmó que, entre 2019 y 2023, se dejaron de procesar alrededor de 14 millones de facturas que habían sido expedidas por diferentes IPS con las que la investigada tenía algún tipo de relación contractual.

Conceptuó que los indicadores financieros señalaban una pérdida millonaria, año tras año, situación que nunca fue puesta en consideración de la Supersalud, “que de haberse hecho, la Nueva EPS, en cabeza de José Fernando Cardona U., hubiese sido objeto de intervención hace mucho tiempo atrás, como en efecto ocurrió en 2024”.

A Cardona Uribe, expresidente de la entidad de 2009 a 2024, le imputaron los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, omisión de control de recursos de la salud y peculado por apropiación. Su conducta resulta decepcionante para quienes lo conocimos como asesor permanente de la Comisión de Salud de la Academia Nacional de Medicina, en la presidencia del profesor José Félix Patiño. Cardona irrespetó su memoria. El ente acusador se dirigió a Cardona en los siguientes términos: “Señor José Fernando, a usted como representante legal de la EPS y como ordenador del gasto le correspondía poner en conocimiento a la asamblea y a la junta directiva de la verdadera situación económica de la EPS y usted no lo hizo. Por el contrario, aprovechó su posición para defraudar al sistema de salud con el único propósito que la Nueva EPS se mantuviera en el sistema”.

El superintendente destacó que se espera que la Contraloría y la Procuraduría actúen con la misma contundencia. “Esto no puede quedarse en una imputación simbólica. Se trata de recursos públicos, del derecho fundamental a la salud y de millones de colombianos afectados por una gestión negligente y posiblemente delictiva”.

Resultaría inaceptable que los senadores de la Comisión 7ª., a pesar de los anuncios precipitados de algunos de sus , permanezcan en el obstruccionismo al debate de la reforma a la salud, que busca subsanar la corrupción perpetuada en el sistema de la intermediación privada y la cooptación del Estado, en el sector salud.