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De la corrupción de la educación contratada a la virtud de los colegios en concesión.
La Silla Vacía publicó el completo informe “El perverso negocio de los políticos con la educación de los niños en Soledad”. Un festín de corrupción que tienen con la educación contratada con particulares desde hace lustros. Al tiempo, sabemos que los colegios en concesión en Bogotá funcionan muy bien, como ha mostrado Felipe Barrera-Osorio, y los acudientes, de sectores populares, han impedido que los caduquen. ¿Por qué sencillamente no hacemos lo que sabemos que da los resultados esperados (en calidad educativa)?
En 2021 escribí “Meterle el diente a la educación contratada”, con una referencia al caso de Soledad, Atlántico, por supuesto. Ahora voy a “doblar la apuesta”: llevemos gradualmente la gestión privada de colegios públicos a un 3 % de las instituciones oficiales, alrededor de unas 300, como un mecanismo para impulsar la calidad educativa de todo el sistema. ¿Cómo? Bajo reglas claras, pasando cada año a colegios muy rezagados, al menos uno por departamento, a istración privada.
Esto exige un cambio de concepción de la contratación del servicio educativo con entidades sin ánimo de lucro: pasar de la justificación por insuficiencia de cobertura a la razón de necesidad de elevar la calidad educativa mediante la competencia de modelos de gestión con financiación pública. Con la caída de la natalidad, la cobertura será cada vez menos un reto, no así la calidad, con la que nos jugamos el futuro. Y mal haría el país en no probar cambios con ese propósito, en seguir atado de manos.
Dos políticas complementarias se necesitarían. La primera, un mecanismo legal de uso voluntario para transitar, de modo temporal o definitivo, a un régimen docente equivalente al de los colegios en istración, a cambio de una bonificación salarial y otros beneficios. Hay que tener una respuesta para el rector que diga: “si quieren resultados de aprendizaje y formación de calidad, a mí dénme las herramientas que tienen en los colegios en concesión (comenzando por la selección y la evaluación real de los docentes)”.
Es decir, podría haber colegios oficiales cuyos rectores y una parte de sus docentes se acojan a reglas, metas y mediciones como las de los colegios en istración. Si cada año el 1 % de los rectores y el 0,5 % de los docentes dan el salto tendríamos un doble laboratorio de calidad educativa. Esto además ayudaría a crear una capacidad de recepción de los colegios en istración si a la vuelta de 15 años las instituciones (sin ánimo de lucro) a cargo se cansan y no quieren seguir.
La segunda política complementaria sería un esquema para incentivar la participación de instituciones idóneas (universidades, fundaciones, colegios privados de alto nivel académico, algunas cajas de compensación) en las convocatorias públicas para recibir en istración colegios oficiales. Esas instituciones idóneas no están en todo el país y para muchas ir a otros departamentos puede ser una decisión difícil de tomar. Las facultades de Educación tendrían la oportunidad de ampliar las competencias que enseñan y probar que no solo forman maestros de aula, participando en este componente de una cruzada nacional por la calidad educativa.
Y sí, hay que darle el crédito de los colegios en concesión a Peñalosa, quien probablemente se inspiró en las escuelas charter de EE.UU.
