El Gobierno y sus abogados vs. la Corte y las víctimas del sistema de salud

En medio del eterno debate sobre el sistema de salud en Colombia, el Gobierno Nacional y la Corte Constitucional han entrado en un nuevo enfrentamiento, esta vez por el manejo de los Presupuestos Máximos (PM), su insuficiencia y el absurdo retraso en su giro.

Para empezar, los Presupuestos Máximos son los recursos adicionales que el Gobierno destina a las EPS con el fin de cubrir medicamentos, procedimientos, dispositivos médicos y tecnologías fuera de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). En otras palabras, sin estos recursos, miles de colombianos con enfermedades raras, VIH y algunos tipos de cáncer, quedan a la deriva, sin a tratamientos esenciales. La Honorable Corte Constitucional, consciente de la importancia de estos recursos y en el marco de la Sentencia T-760 de 2008, venía haciendo un seguimiento permanente al Gobierno Nacional y al cumplimiento de su obligación de girar, oportunamente y por el monto necesario, los PM requeridos para atender a todos los pacientes diagnosticados con enfermedades raras, entre otras.

Producto de este seguimiento, en los últimos dos años, la Corte se encontró con una difícil situación de los PM en el país y, mediante Auto 2881 de noviembre de 2023, le ordenó al Gobierno garantizar la suficiencia de estos recursos “sin olvidar que no puede sacrificar la prestación y la efectividad del derecho a la salud, so pretexto de la sostenibilidad financiera”.

Como ya es su costumbre, el Gobierno ignoró durante más de un año la orden judicial, no tomó ninguna acción para garantizar la suficiencia de los PM y, para rematar, dejó de girar estos recursos durante todo el segundo semestre de 2024, olvidándose por completo de los pacientes con enfermedades raras y sus tratamientos, obligándolos a resignarse a la incertidumbre, al dolor y, en muchos casos, a la muerte. Ante esta terrible situación, la Corte hizo lo propio y expidió el Auto 2049 del 13 de diciembre de 2024. Allí dejó en evidencia el inisible y reprochable proceder del Gobierno, su desacato a las órdenes judiciales ya emitidas y su indiferencia ante la crisis sanitaria. Como consecuencia, la Corte declaró:

1. El incumplimiento generalizado del componente de suficiencia de los PM.

2. La orden de pago inmediato de los montos pendientes entre junio y diciembre de 2024.

Frente a la orden, el Gobierno Nacional sacó a relucir su peor repertorio y, en lugar de acatarla de inmediato, optó por entorpecer aún más el proceso, llenando de tinta innecesaria el expediente, con una solicitud de aclaración que solo sirvió para dilatar su obligación de cumplir con las decisiones judiciales. Una jugada vulgar, propia de las barandas de algunos juzgados, donde no se discute la vida de miles de personas.

Después, como era de esperarse, la Corte negó la procedencia de la mayor parte de esta maniobra dilatoria, dejando claro que el Gobierno solo buscaba ganar tiempo a costa de la salud de miles de pacientes.

Pero las jugaditas “jurídicas” que padecen los colombianos no se limitan a los presupuestos máximos. El Gobierno también ha querido manejar a su antojo la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Esta unidad se refiere al valor anual que el Gobierno paga a las EPS por cada afiliado al sistema de salud, con el fin de garantizar la prestación de los servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).

En su habitual confrontación con la salud y la vida de los colombianos, el Gobierno decidió establecer un valor insuficiente de la UPC, atendiendo a una paupérrima justificación. Lo de insuficiente no se refiere a una opinión personal, fue la misma Corte Constitucional, basada en estudios juiciosos, la que, mediante Auto 007 de 2025, declaró el incumplimiento general del Gobierno sobre el componente de suficiencia de la UPC y, a su vez, ordenó el reajuste de esta unidad para el año 2024.

Sin lugar a sorprendernos, la acción del Gobierno no se vio encaminada a cumplir con la orden de la Corte para beneficio de los pacientes y de la suficiencia de los recursos que se requieren para atenderlos. El tintero se volvió a derramar y el Gobierno, junto con sus abogados, prefirió radicar una nulidad en contra del Auto 007 de 2025 porque, supuestamente, la Corte no es competente para pronunciarse sobre la suficiencia de la UPC. Entre tanto, el Gobierno no ha emprendido acciones para reajustar la UPC de 2024 y, mucho menos, la de 2025.

Los pacientes siguen enfrentándose a un sistema de salud empobrecido que no puede atender sus necesidades. Todo este panorama refleja una actitud mezquina del Gobierno. Es deplorable que, mientras las vidas se siguen perdiendo, utilicen los abogados de sus entidades para negarse o retrasar el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, legales y judiciales.

Ni hablar de la actitud de los “licenciados” que se han prestado para este entrame, en el que, se debe reiterar, les sobra tinta. Contrario a lo que ellos creen, la función pública debe atender a un principio de moralidad y de esta se escapan todas la maromas y jugaditas que vayan en contra de la salud y la vida de los colombianos. Es lamentable que un abogado que presta sus servicios al Estado vele por interés político, mientras la vida de los ciudadanos está en juego. Preocupa que estemos en manos de aquellos a los que, para darse la razón, no les resulta fácil escoger entre una maroma procesal y la vida de los colombianos.

Lo que ocurre debe generar conciencia en los que ejercemos esta maravillosa profesión y más en los que lo hacen como servidores públicos. Cuando la vida de miles está en juego, el debate tiene que ser serio, racional y además debe buscar soluciones rápidas y concretas.

¿Qué tal si antes de revisar las normas procesales le dan una repasada a la Constitución y los derechos que allí se consagran? Finalmente, los días ya empiezan a contarse en vidas gracias a las jugadas del Gobierno por tratar de oponerse y retrasar el cumplimiento de sus obligaciones. Ojalá los responsables de esta catástrofe entiendan que ya no hablamos de “pacientes que el sistema no atiende” sino de víctimas. La pregunta es retórica: ¿víctimas de quién?

* Abogado, especialista y magíster en derecho público de la Universidad de los Andes