Aborto seguro: la necesidad de confiar en el sistema de salud

El al aborto en Colombia ha sido objeto de un álgido debate durante años, especialmente desde su despenalización bajo las tres causales establecidas en 2006 y luego en 2022, cuando la histórica sentencia C-055 les dio la posibilidad a las mujeres de interrumpir voluntariamente su embarazo hasta un límite de gestación. A pesar de estos avances legislativos, un reporte del colectivo Mesa por la Vida reveló que entre 2022 y 2023 asesoraron a 255 mujeres que enfrentaron barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. En el mismo período, el colectivo Jacarandas reportó que 106 mujeres solicitaron su asesoría debido a obstáculos de o calidad en la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, cifra que no pasa inadvertida, cuando menos, si pensamos en las mujeres, especialmente en situación de vulnerabilidad, que siguen enfrentando obstáculos abrumadores para acceder a un aborto seguro, aunque, en teoría, la ley las respalda.

Dado que las vías de al aborto por medio del sistema de salud han estado truncadas por el estigma y la desinformación, muchas mujeres optan por alternativas informales y potencialmente inseguras, en lugar de recurrir a los mecanismos legales dispuestos por el Estado. Si bien el sistema de salud tiene aún mucho por mejorar, los prejuicios, la incertidumbre y la falta de privacidad son factores que siguen levantando barreras más grandes que los esfuerzos realizados a lo largo de todos estos años para erradicar los abortos clandestinos y la mortalidad materna vinculada a estos. Por eso estos factores determinantes siguen alejando a miles de mujeres de los servicios legales y seguros ofrecidos por clínicas y entidades capacitadas.

En 2024, la Fundación Oriéntame y el Instituto Guttmatcher publicaron un estudio realizado a mujeres de Bogotá y el Eje Cafetero que encontró que la falta de confianza en el sistema de salud, el desconocimiento de la ley y la preocupación sobre las repercusiones legales han motivado a la mayoría a preferir métodos abortivos sin el acompañamiento e instrucciones por personal capacitado e idóneo. La preferencia de este camino por encima de los procedimientos dispuestos por el sistema de salud, que aseguran efectividad y cuidados adecuados, sigue representando un desafío ante todos los avances logrados. Esto es especialmente retador cuando recordamos la decisión de la Corte Constitucional orientada a incentivar el uso de clínicas autorizadas para este fin sin ninguna restricción jurídica y con personal médico y psicológico capacitado.

En Colombia, las disparidades socioeconómicas y geográficas agravan aún más esta situación. Hoy sabemos que las mujeres que viven en zonas rurales, son migrantes o provienen de contextos económicos vulnerables enfrentan dificultades adicionales para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva. La distancia, el alto costo y la escasa infraestructura en ciertas regiones impiden que muchas mujeres ejerzan este derecho fundamental de manera segura. A este panorama se le suma una agravante: la persistencia de los abortos clandestinos. Acudir a un establecimiento que no tiene las condiciones exigidas por la ley, o el uso de medicamentos sin el adecuado instructivo o acompañamiento tiene una alta tasa de riesgo y puede resultar en complicaciones graves absolutamente evitables. En consecuencia, estos procedimientos generan una sobrecarga para el sistema de salud, que debe resolver los efectos de los abortos inseguros, cuando cada año dispone de más herramientas buscando generar confianza y tranquilidad a mujeres que han decidido abortar, amparadas por la legalidad que brindan el Estado colombiano y las vías para hacerlo bajo condiciones óptimas.

El Estado colombiano no puede seguir siendo un espectador pasivo mientras las mujeres enfrentan barreras para acceder a un aborto seguro. Garantizar este derecho implica capacitar al personal de salud, eliminar trabas istrativas, asegurar información clara y ampliar los servicios en zonas rurales y vulnerables. No basta con una ley si en la práctica persisten el miedo, el estigma y los obstáculos. Es momento de traducir el marco legal en acciones concretas que protejan la vida, la autonomía y la salud de todas las mujeres.

* Directora de Women’s Equality Center para Latinoamérica.