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El demoledor y valiente salvamento de voto del magistrado Jorge E. Ibáñez, frente a la Sentencia C-148/2025 del Catatumbo, muestra cómo la situación es estructural y no corresponde a hechos sobrevivientes. “Es la manifestación de una crisis estructural prolongada, reiteradamente advertida y no enfrentada con los medios disponibles. Pretender justificar poderes de excepción sobre la base de la inacción estatal previa constituye un abuso del orden constitucional. (...) Si la violencia se ha agravado, no es por su inevitabilidad, sino porque el Estado renunció a cumplir sus deberes. (...) Lo que debía ser un recurso excepcional se convierte en un premio a la negligencia: basta con no actuar para autoatribuirse facultades excepcionales de carácter legislativo. (...) Frente a una crisis que tiene raíces profundas, la respuesta debe ser igualmente profunda: sostenida, estructural y con vocación transformadora”.
La deliberada inacción del Gobierno tendenciosamente agrava y retrasa el desarrollo territorial, deliberadamente utilizada para poder incubar sus narrativas. Pero es la transformación necesaria y urgente la que me lleva a exponer unos puntos que deberían estar incluidos para avanzar, fruto de iniciativas de diálogo social y analistas connotados.
Lo primero de fondo es que cada territorio es diferente y requiere transformaciones productivas que brinden alternativas legales y rentables en remplazo de las economías criminales. Siendo pertinente lo planteado en mi último artículo en este diario, sobre estructurar múltiples PRESUPUESTOS POR PROYECTOS o PROGRAMAS en cada territorio, permitiendo que florezcan nodos productivos que habiliten el desarrollo. Estos pueden ser agropecuarios como Palma, Cacao, Marañón, Sacha Inchi, Tilapia y reforestación, pero también turísticos y mineros, entre otros. Involucrar a universidades y gremios en programas Universidad-Empresa-Estado en las regiones se vuelve fundamental.
Estos proyectos requieren no solo claras mejoras en la seguridad, sino también bienes públicos encadenados y articulados, especialmente troncales secundarias y vías terciarias, más educación, salud, justicia, electrificación, cobertura digital, entre otras, bienes públicos implementados con completitud y concurrencia. Se precisa un levantamiento catastral moderno que habilite titulación masiva de predios sobre todo a poseedores.
En el campo educativo y formativo, privilegiar la formación para el trabajo, convivencia y resolución de conflictos. Debe facilitarse el extensionismo tecnológico agropecuario o de otro tipo para elevar sustancialmente las productividades de las actividades promovidas. Debe haber presencia estatal con el aparato institucional.
En lo ambiental, un claro foco en protección de cuencas, fuentes, páramos, parques nacionales. Y para enfoques de largo plazo habrá que crear una especie de consejos mixtos de política pública alrededor de los nodos productivos, para articular presupuestos de regalías y recursos territoriales, participando universidades, sector privado, campesinos asociados, entes territoriales y ambientales, generando continuidad en el tiempo.
El Gobierno, más que tratar de beneficiarse políticamente de sus omisiones e ilícitos, debiera comenzar a trabajar de verdad por las regiones.
