¿Ecosistemas campesinos, territorios agroalimentarios o paisajes rurales?

Hace unas décadas se hablaba de los pueblos indígenas como “nativos ecológicos”, queriendo decir que habían nacido, evolucionado y prosperado en medio de los ecosistemas originales característicos de cada territorio. Con el tiempo, el concepto se enriqueció con las consideraciones de la hibridación cultural y la evidencia de que cada forma de habitar el mundo respondía a un experimento intergeneracional cuyos resultados estaban codificados en la memoria y prácticas de la gente, pero también en la disposición de las aguas, los suelos, las plantas y los animales; es decir, en los paisajes rurales.

Se proponen hoy “territorios agroalimentarios”, benévolas regiones productivas de alimentos, excluyentes de usos mineros o urbanos, en una idealización del ordenamiento que tiene como fundamento ecologías imaginarias más que modelos justos o sostenibles de producción. Y ello sucede porque el campesinado colombiano (y en distintos grados, el latinoamericano) se forjó como parte del proceso colonial que, tras el genocidio de los pueblos nativos, ocupó aguas y tierras con la hibridez del conocimiento milenario sobreviviente y las prácticas ibéricas (también milenarias) que trajeron esas vacas, cerdos, pollos, caballos y ovejas africanas o asiáticas que hoy se piensan tan nativos como casi todo lo que consumimos. Incluido el café, el banano, la caña, las verduras, las legumbres, la tilapia.

Al cabo de los siglos, ese proceso colonial, sus religiosidades y la globalidad comercial derivada, tan pendularmente arancelaria, configuraron ecosistemas completos en búsqueda permanente de una sostenibilidad que no está ni en el pasado ni en un futuro autoritario: el desarrollo rural requiere una reinterpretación ecuatorial centrada en la adaptación al cambio climático de una sociedad que ya usa wifi e inteligencia artificial para seguir transformando sus modos de vida, incluyendo sus sistemas productivos, pero que sigue enfrentando discriminación, desplazamiento forzado, reclutamiento infantil y exposición al riesgo ambiental. En Colombia se estima que solo un 20 % de la población habita las áreas rurales (50 % de las cuales sigue en estado relativamente silvestre), después de décadas de una guerra civil que se ha ensañado en ellas con diferentes propósitos, según el momento histórico, pero en general para acaparar tierras.

La política agraria, que nunca ha considerado las ecologías, ha cortejado el retraso histórico del país en términos catastrales para permitir enriquecer unos pocos a partir del a información privilegiada sobre recursos o proyectos estratégicos (vías, represas, yacimientos, puertos), lo que explica la persistencia del vergonzoso GINI. Pero, además, es innegable que aún existe una visión genuinamente colonizadora en la mente de los colombianos, sin distingo de clase, lo cual es paradójico: hay aún pequeños, medianos y grandes desecadores de humedales, volteadores de tierras, cocaleros, padrinos y ahijados de ganaderías deforestadoras, ecocidas por interpuestas personas y organizaciones que siguen pensando en “civilizar” la Tierra como acto genuino de beneficio social, en vez de construir alianzas bioculturales basadas en el reconocimiento pleno de todos los agentes del territorio, incluida la biodiversidad.

Hoy se discute en el Congreso de la República una Ley (PL 338 de 2024) que “redelimita” la Reserva Forestal de Ley 2da con el argumento de entregar tierra a los campesinos, un sinsentido ambiental que sólo demuestra la incapacidad de nuestros legisladores de entender los problemas de insostenibilidad que también aquejan a la ruralidad y que no se resolverán echando abajo el bosque que nos queda. Mis respetos y cariño siempre a los campesinos y campesinas colombianos, ojalá cada vez más forestales, más nativos, más ecológicos.