Corporaciones Autocráticas Regionales

El Gobierno de Gustavo Petro viene cumpliendo una tarea destacada en su política ambiental. El presidente ha podido llamar la atención del concierto internacional con la idea de que si quieren enfrentar la crisis ambiental deben hacerlo invirtiendo en la Amazonía y en los países con mayor biodiversidad. La propuesta de pago ambiental a cambio de deuda externa es audaz y ha atrapado la atención de las grandes potencias. Sin embargo, el Gobierno viene sufriendo una silenciosa derrota en la elección de los directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales, que en realidad son las piernas y los brazos de la política ambiental.

Hace 30 años, por estas mismas épocas y honrando la Constitución de 1991, se creó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Con esa misma ley se creó también el Sistema Nacional Ambiental (Sina), cuya cabeza está en Bogotá, pero sus extremidades están en las regiones y son las tristemente célebres CAR. Unas corporaciones que fueron creadas para proteger la biodiversidad, otorgar permisos ambientales y proferir sanciones a quienes burlen la ley. Pero lejos de cumplir esta misión, desde que existen han sido botín exclusivo de los caciques políticos locales. Allí han entronizado un sistema corrupto de negocios personales y burocracia. Y entrarle a esa realidad ha sido un calvario para el gobierno de la revolución verde.

La ley ordena que antes del primero de enero de 2024 estén elegidos los directores de las 33 corporaciones. En este momento han sido elegidos 30 directores, tres elecciones están aplazadas para el otro año, y en al menos cuatro casos el gobierno ha demandado por considerar que las elecciones fueron espurias. Y es que el proceso de elección ha sido un viacrucis de fin de año para la ministra Susana Muhamad. El Gobierno ha perdido casi todos los pulsos, y en los pocos que ha ayudado a elegir ha tenido que llegar a acuerdos con los politiqueros de oficio. Es el caso de la Corporación para el desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, que tiene jurisdicción en Guaviare, Guainía y Vaupés. Allí salió elegido Óscar Javier Vargas Urrego, un hombre de la entraña de Alan Jara y el Partido Liberal que se convirtió en la candidatura viable para hacerle frente al gobernador Juan Guillermo Zuluaga y al cartel de los deforestadores. Sin embargo, la elección de Vargas ya tiene demandas en la Fiscalía y la Procuraduría.

Y esa victoria del Gobierno es diminuta frente a las corporaciones perdidas. En el Cormacarena, por ejemplo, el ejecutivo perdió con el gobernador Zuluaga, quien impulsó a Jhorman Saldaña, un hombre que viene de ser defensor del pueblo de Meta y llega con todo el uribismo detrás. El Gobierno trató de atravesarse, pero le faltó músculo. “La puja en esto es política. Toca conseguir los votos. Íbamos 6 a 6 pero el grupo del gobernador movió una tutela con un juez, se apresuró a convocar votación y acertó. Se quedó con una de las corporaciones más importantes del país”. Esta elección está suspendida por orden de un juez y tocará resolverla en los tribunales.

Otro patio en el que la derrota del Gobierno fue estruendosa fue Corporinoquia, donde hace un mes se reeligió Doris Bernal, una subalterna del senador Alirio Barrera. Y aunque la elección de Bernal está demandada, vale la pena exponer el modus operandi con el que la eligieron. El 7 de noviembre, llegadas las 10 de la noche, el consejo directivo de Corporinoquia convocó para elegir director. A los delegados del Gobierno los tomó por sorpresa y la propia ministra Muhamad solicitó el aplazamiento para poder llevar sus representantes. Ante el pataleo, Barrera y su séquito, ardidos por haber perdido la Gobernación, apretaron el paso y mandaron a buscar en chárter a su grupo de apoyo. Y así fue como muy temprano el 8 de noviembre, el Centro Democrático, con el amansador de bestias a la cabeza, se quedó con la dirección de la entidad ambiental.

Esta dosis se la han repetido en varias corporaciones al Gobierno. Y aunque parece un juego de poder, no lo es. Lo que está en juego es una de las principales políticas del Gobierno, porque para hacer una revolución ambiental se necesita intervenir las CAR, que hoy son la caja menor de los senadores y representantes para pagar favores y mantener sus negociados. Sin ellas el Gobierno está mocho para impulsar la bandera de la protección ambiental para enfrentar la crisis climática.