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Todas las alarmas están prendidas en torno al comportamiento de la economía venezolana a partir de este año tras la decisión del gobierno de Donald Trump de suspender las licencias petroleras de la empresa norteamericana Chevron, que le permitieron a la alicaída industria de los hidrocarburos venezolana elevar un 25 % su producción, un auténtico balón de oxígeno para el régimen de Nicolás Maduro, que lleva años enfrentando una aguda crisis económica y social.
Si bien los graves problemas económicos que padece Venezuela comenzaron mucho antes que las sanciones económicas adelantadas durante el primer gobierno de Trump (2017-2021), sin duda alguna estas contribuyeron a agravar la situación que desembocó en una caída del producto interno bruto (PIB) del 80 % entre 2014 y 2021, así como a impulsar un proceso hiperinflacionario que empobreció a sus habitantes y generó que ocho millones de venezolanos abandonaran el país.
Tras los acuerdos alcanzados en Catar entre la istración de Joe Biden y el Gobierno venezolano en 2023, las autoridades norteamericanas aliviaron parcialmente las sanciones económicas a Venezuela, entre ellas las de Chevron para que pudiera operar en el país, a cambio de la celebración de elecciones presidenciales libres y supervisadas internacionalmente.
Si bien los comicios se celebraron el 28 de julio de 2024 con toda clase de obstáculos para que la oposición no participara con las garantías debidas, esta logró un triunfo avasallador que fue desconocido por Nicolás Maduro, quien se posesionó el 10 de enero para su tercer período presidencial (2025-2031), incumpliendo así los acuerdos alcanzados en Doha.
El republicano volvió a la Casa Blanca el 20 de enero y aunque en un comienzo se especuló que podría alcanzar algún entendimiento de convivencia con Maduro si él colaboraba con la recepción de migrantes deportados de los Estados Unidos, iniciativa sobre la cual el presidente de Venezuela se mostró por cierto muy solícito, finalmente Washington se decantó por apretar de nuevo las tuercas para hacerle la vida más difícil al mandatario venezolano, aduciendo no solo sus incumplimientos electorales, sino también la lentitud en traer de vuelta a sus compatriotas deportados.
Los analistas económicos han coincidido en que la reducción de los 230.000 barriles diarios de petróleo que produce Chevron, que llevaron la producción total en Venezuela a cerca de un millón de barriles diarios, puede alimentar la devaluación de la moneda nacional y presionar la inflación debido al menor ingreso de divisas, lo que les ha hecho recordar a muchas personas los peores años vividos recientemente por el país, marcados por el estancamiento económico y la hiperinflación.
Esta situación se vería agravada, además, por los recientes anuncios de Trump de extender el levantamiento de las licencias petroleras y gasíferas en Venezuela a la también norteamericana Global Oil Terminals, así como a Repsol (España), ENI (Italia) y Maurel & Promy (Francia).
La patronal venezolana Fedecamaras calcula que el crecimiento del PIB para 2025 podría reducirse de 3,5 % a -1,3 % y la previsión inflacionaria para este año pasaría de 83 % a 175 %, en el caso de que Chevron tenga que salir del país de manera inmediata. Por otra parte, los ingresos petroleros venezolanos bajarían de US$17.400 millones a US$12.200 millones, como consecuencia de una reducción de la producción petrolera de 1 millón a 735.000 barriles diarios.
Además, el anuncio de la reanudación de las sanciones llega en momentos en los que la inflación en Venezuela, que había dado muestras de cierta moderación, está volviendo a repuntar, pues en febrero se situó en una tasa anualizada de 117 %, según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF). El bolívar también ha estado sometido a fuertes presiones devaluacionistas, todo esto sin que hasta la fecha se haya hecho efectiva la reducción de la producción petrolera.
Este negro panorama se ve adicionalmente impactado por la calamitosa situación social del país, que se puede apreciar en el hecho de que el 86 % de la población vive en pobreza, de acuerdo con un estudio del OVF, que estableció la línea en US$391 por familia, equivalente al costo de la canasta alimentaria familiar mensual de diciembre de 2024.
No es difícil pensar en que un agravamiento de las condiciones económicas y sociales del país pueda volver a incentivar el gigantesco proceso migratorio venezolano, equivalente a más del 20 % de su población y cuya importancia también puede apreciarse en que el 24 % de los hogares venezolanos recibe remesas para poder subsistir, según el reporte de la OVF.
El Gobierno anunció el plan “Independencia productiva absoluta” para contrarrestar la salida de Chevron, cuyos detalles se desconocen, a menos que sea la práctica que Venezuela llevó a cabo en el pasado reciente de vender petróleo con descuento en el mercado negro del océano Índico, lo que le permitió sortear parcialmente las sanciones, a cambio de menores ingresos por el crudo exportado. Esta alternativa, sin embargo, podría verse frustrada si se cristalizan las amenazas de la Casa Blanca de aumentar los aranceles a aquellos países que compren petróleo venezolano, lo que es un claro llamado a India y China.
Sea cual sea el desenlace de las sanciones petroleras, pues hay que tener en cuenta las idas y venidas en el discurso de Trump, las perspectivas no parecen buenas ni para Nicolás Maduro, que verá restringida su capacidad de acción, ni para la población venezolana, que tiene muy frescos aún los recuerdos de las extremas dificultades vividas en el país.
*Txomin Las Heras Leizaola es investigador adscrito del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y del Radar Colombia Venezuela, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, así como presidente del Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.
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Por Txomin Las Heras Leizaola*
