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El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que quienes apoyen las sanciones de Estados Unidos contra su país, incluida la suspensión de las operaciones de la petrolera Chevron, se someterán a la Ley Simón Bolívar, aprobada en noviembre del año pasado.
“Si hicieran eso en Estados Unidos, aplicaría la ley marcial. Aquí tenemos la Ley Bolívar y claro que sí se va a aplicar con toda la rigurosidad. El que ha caído en excesos, que asuma su responsabilidad, porque nosotros asumimos la nuestra”, comentó el jefe de cartera el lunes en una rueda de prensa, en la cual también aprovechó para confirmar que se suspendieron los vuelos de deportación de migrantes venezolanos desde el país norteamericano.
La istración del republicano le dio a los trabajadores de la petrolera estadounidense un mes para salir de Venezuela, luego de que su antecesor, Joe Biden, flexibilizara su postura ante la operación de la compañía, en un intento por mediar con el régimen de Nicolás Maduro para desarrollar condiciones democráticas en el país vecino.
¿Qué es la Ley Bolívar de Venezuela?
Es una disposición que incluye medidas para procesar a personas en ausencia, y la confiscación de todas las propiedades de aquellos que hayan propiciado, invocado o respaldado la aplicación de estas sanciones. Este instrumento contempla penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para aquellos que expresen su apoyo a los castigos impuestos contra Caracas.
El Parlamento venezolano, controlado por el oficialismo, aprobó el instrumento legal por unanimidad y en respuesta al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos. El texto afirma que su objetivo es “proteger al pueblo contra la actuación de personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras que promuevan, invoquen, respalden o participen en la imposición de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas”.
La votación a favor de esta disposición se dio después de que Washington reconociera a Edmundo González Urrutia como el ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio y luego de que fueran sancionados 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el papel que jugaron en el “fraude electoral” cometido durante los comicios.
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