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Estados Unidos actualizó en las últimas semanas su alerta de viaje más alta a Venezuela: nivel 4: “No viajar”, reforzando su advertencia sobre los riesgos extremos que enfrentan sus ciudadanos en un país sin presencia diplomática estadounidense y con alta probabilidad de detención arbitraria.
La nueva actualización de este mes, publicada en la página del Departamento de Estado, bajo la Oficina de Asuntos Consulares, este gobierno advierte con contundencia: “No hay forma segura de viajar a Venezuela”.
Según ellos, las razones son múltiples: detenciones arbitrarias, tortura en centros de detención, terrorismo, secuestros, criminalidad, protestas violentas y un sistema de salud colapsado.
A los estadounidenses que ya están en territorio venezolano, se les aconseja salir de inmediato, sin esperar apoyo consular: “Todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en Venezuela deben abandonar el país inmediatamente”, afirma el aviso oficial.
Más allá de las advertencias consulares, que sin duda responden a riesgos reales documentados por medios independientes y organizaciones de derechos humanos, el tono hiperbólico y dramático de la advertencia puede ser interpretado como parte de una narrativa más amplia de aislamiento del Estado venezolano por parte de Washington.
Si bien los problemas estructurales de seguridad y justicia en Venezuela son innegables, este tipo de comunicados, sin matices, refuerzan una visión binaria del conflicto.
Alimentan percepciones que pueden servir para endurecer posturas diplomáticas o justificar otras medidas unilaterales. La diplomacia de advertencia, en este caso, se puede leer también como un acto político.
Testamento, seguro médico y “prueba de vida”
Entre las recomendaciones más impactantes para quienes, pese a todo, decidan viajar a Venezuela, el gobierno estadounidense sugiere preparar un testamento válido en EE. UU., designar beneficiarios de seguros y otorgar un poder legal, así como contratar una empresa de seguridad privada.
También plantea establecer un protocolo de “prueba de vida” con familiares, para el caso de ser “secuestrados o torturados”.
El Departamento de Estado recuerda que desde marzo de 2019 no hay presencia diplomática estadounidense en Caracas y que “no existe capacidad alguna para ofrecer ayuda en caso de emergencias (...) los ciudadanos detenidos en Venezuela no pueden ar a sus familiares ni contar con abogado independiente. En algunos casos han permanecido encarcelados por hasta cinco años sin debido proceso y han sido sometidos a tortura”, señala la publicación.
Los riesgos como estadounidense en Venezuela, según el Departamento de Estado de EE. UU.
Los riesgos comienzan incluso antes de pisar suelo venezolano, dice EE. UU., enfatizando que es obligatorio tramitar una visa venezolana con antelación, ya que no se otorgan visas a la llegada.
Ingresar al país por cualquier frontera sin ella, “aunque sea por unos pocos metros”, puede derivar en detención indefinida y sin consular.
Además, el aviso destaca que viajar de noche entre ciudades o desde el aeropuerto de Maiquetía hacia Caracas es particularmente peligroso, y que el gobierno venezolano puede cancelar visas o permisos de residencia sin previo aviso, incluso si están vigentes.
El mensaje del Departamento de Estado no deja lugar a ambigüedades para sus ciudadanos porque no pueden ofrecer protección. El aviso oficial es: “No viaje a Venezuela por ninguna razón”.
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