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Una serie de acciones armadas atribuidas a las disidencias dejó este martes 10 de junio un saldo de al menos ocho personas muertas y 28 heridas en varias regiones del país, según informó la Policía. Los ataques, que se concentraron principalmente en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, fueron calificados por las autoridades como una jornada de violencia que estaría coordinada por las disidencias de alias Iván Mordisco.
De acuerdo con el balance oficial, se registraron 24 acciones violentas, que dejaron cinco civiles y tres de la Fuerza Pública muertos: los patrulleros Jair Gonzalo Gurrete Bolaños, en Caloto; y Duván Andrés Ramírez Cárdenas, en Villa Rica; ambos en Cauca.
Otro policía muerto fue el capitán Juan Carlos Amaya Méndez, quien perdió la vida en Sonsón (Antioquia), durante operaciones contra el Clan del Golfo. Por su parte, entre los 28 heridos se cuentan 19 civiles, siete uniformados de la Policía y dos militares.
¡𝗗𝗢𝗟𝗢𝗥 𝗗𝗘 𝗣𝗔𝗧𝗥𝗜𝗔! Condenamos con la mayor vehemencia los atentados criminales que segaron la vida del capitán Juan Carlos Amaya Méndez, en Sonsón (Antioquia); del patrullero Duván Andrés Ramírez Cárdenas, en Villa Rica (Cauca), y del patrullero de policía Jair… pic.twitter.com/VZ0rfVjBhh
— Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) June 10, 2025
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En Valle del Cauca se reportaron 13 ataques en zonas urbanas y rurales de Cali, Jamundí, Palmira y Buenaventura. Mientras tanto, en el departamento de Cauca ocurrieron 10 acciones armadas en nueve municipios: Patía, Suárez, Toribío, Villa Rica, Timbiquí, Morales, Corinto, Caloto y Buenos Aires.
Durante los ataques, según el balance entregado por las autoridades, los violentos usaron cuatro carros cargados con explosivos, tres motocicletas bomba, hubo al menos diez lanzamientos de artefactos explosivos, cuatro ataques con armas de fuego y el hallazgo de dos cilindros bomba en vías públicas.
La Policía informó que, en coordinación con el Ejército, se han desplegado operativos para enfrentar las acciones de los grupos armados ilegales, en especial de la estructura Jaime Martínez, una disidencia de las Farc que delinque en el suroccidente del país y quienes, según las primeras versiones, serían los responsables de los ataques.
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Como parte de las medidas adoptadas, el Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta $300 millones por información que permita evitar nuevos atentados o dar con el paradero de los responsables de los hechos ocurridos.
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