Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Procuraduría acaba de radicar una solicitud de medidas cautelares ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual busca prevenir la destrucción y garantizar la no repetición de las acciones que han llevado a los daños en la Sierra Nevada de Santa Marta. Con esa solicitud, el Ministerio Público busca la protección de los bienes culturales, materiales e inmateriales, y del territorio ancestral colectivo de la región.
Lea: A la cárcel coronel retirada por direccionar contratos y recibir $94 millones
Las medidas cautelares buscan la protección de la denominada Línea Negra de la Sierra Nevada, la cual está conformada por 348 sitios sagrados representados por las comunidades de los Wiwas, Koguis, Arhuacos y Kankuamos. La idea es que la JEP tome medidas para garantizar los derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad de las autoridades indígenas tradicionales y políticas.
“Los 348 sitios sagrados afectados por el conflicto han sido algunos arrasados, ocupados, menguados, por eso esta solicitud que ha sido considerada por las magistradas como ‘histórica’, busca la efectividad de la prevención y recuperación que estos sitios demandan”, explicó Jairo Ignacio Acosta, delegado de la Procuraduría.
Lea también: Los puntos que llevaron a su fin al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos
La medida está involucrada con los macrocasos de la JEP 01, secuestro por parte de las FARC; 03, sobre ejecuciones extrajudiciales, contando con el subcaso del Batallón La Popa; 08, relacionado con crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles; 09, sobre crímenes contra pueblos y territorios étnicos; y 10, crímenes no amnistiables cometidos por exguerrilleros de las FARC.
“Lo histórico de la solicitud radica en la dimensión integral, ya que no sólo tiene que ver con los riesgos y afectaciones, sino que hace parte de un continuo de violencias. De ahí la conexión que tiene con varios macrocasos, lo cual se constituye en una medida sin precedentes y un reto interno para la jurisdicción”, concluyó la Procuraduría.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
