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En medio de la rueda de prensa que adelantó la fiscal Luz Adriana Camargo, tras conocerse la orden de captura de la Fiscalía de Guatemala en su contra por presuntos acuerdos ilegales en relación con el caso Odebrecht en ese país, la jefa del ente investigador aprovechó para dar varios anuncios sobre distintos procesos de alto nivel. Uno de ellos, el de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.
La jefa del ente investigador declaró que el Tribunal Supremo de Portugal negó la libertad que solicitaba la defensa de Marín Buitrago. Además, “otorgó un plazo de 20 días para que la autoridad istrativa que está viendo el tema del asilo decida sobre el particular. Lo que quiere decir que es muy probable que esa extradición se concrete en un término muy corto”, señaló la fiscal Camargo.
En horas de la tarde, la Fiscalía radicó formalmente el escrito de acusación contra Marín Buitrago, señalado de ser el presunto líder de una estructura criminal dedicada al contrabando y a la corrupción de funcionarios públicos. El caso quedó en manos del Juzgado Quinto Penal Especializado de Bogotá, que será el encargado de fijar la fecha para la audiencia de formulación de acusación, paso previo al juicio oral.
El ente acusador imputó a Papá Pitufo los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer, con base en evidencias recolectadas durante varios meses de seguimiento, interceptaciones y testimonios.
Según la investigación adelantada por un equipo de fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción, Marín Buitrago habría liderado una red que facilitaba el ingreso ilegal de mercancía al país, mediante el pago de sobornos a oficiales de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa). Entre los productos ingresados de forma irregular estarían cigarrillos, licores, textiles, calzado y artículos de cacharrería, a través de los puertos de Buenaventura (Valle del Cauca) y Cartagena (Bolívar).
Marín Buitrago también “estaría involucrado en la entrega de 13 millones de pesos en efectivo y un celular de alta gama a tres oficiales de Policía Nacional, y sería el responsable de auspiciar encuentros en los que terceras personas ofrecieron a distintos funcionarios dádivas representadas en el pago de arriendo de un apartamento en Cartagena, la entrega de una camioneta, dos celulares de última generación y 902 millones de pesos”, declaró el ente investigador.
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¿En qué avanza el caso de Papá Pitufo?
El pasado 29 de mayo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revivió una acción de tutela presentada por la defensa de Marín Buitrago. La tutela cuestiona la legalidad de la audiencia de imputación de cargos que se realizó en su contra el 31 de enero de 2025, en ausencia del procesado, quien permanece en Portugal.
Según el Tribunal, se habrían vulnerado las garantías fundamentales del llamado zar del contrabando, en particular su derecho al debido proceso. La imputación por los delitos de concierto para delinquir y cohecho fue adelantada en contumacia por el Juzgado 48 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá. No obstante, la defensa alegó que no se le permitió participar plenamente en la diligencia, ni se le otorgó el uso de la palabra durante casi toda la audiencia.
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Ese mismo día, tras culminar la audiencia, los abogados de Marín Buitrago presentaron la tutela en el Juzgado 5 Penal del Circuito, solicitando que se anulara la audiencia de imputación y se garantizara la presencia del acusado, quien había manifestado su intención de asistir a la diligencia.
Sin embargo, el juzgado negó la solicitud al considerar que la acción no era procedente, dado que el proceso penal ya estaba en curso y existían otros mecanismos judiciales para controvertir el procedimiento. La defensa apeló esa decisión, alegando que no se valoraron adecuadamente las presuntas irregularidades cometidas.
El caso llegó a la Sala Penal del Tribunal Superior, que no solo itió la tutela, sino que ordenó anular las decisiones adoptadas después de que Marín Buitrago fue imputado en enero. En su análisis, el Tribunal advirtió deficiencias procesales graves: solo se vinculó al juzgado que presidió la audiencia, sin convocar al resto de partes involucradas, como la Fiscalía, el Ministerio Público, las víctimas y sus apoderados, cuya participación era “imperativa”.
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Además, el Tribunal señaló que el Ministerio de Justicia también debe ser vinculado al trámite, y que ninguna de estas entidades puede alegar falta de competencia para evadir su participación en el proceso. Con esta decisión, el trámite de la tutela deberá comenzar de nuevo desde el Juzgado 5 Penal del Circuito, esta vez con todas las partes legalmente integradas, incluida la defensa de Marín Buitrago.
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