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Este martes 3 de junio inició la jornada 50 del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien enfrenta una acusación por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. La Fiscalía intenta probar que el exmandatario es responsable de haber buscado, a través de emisarios, testigos para favorecerlo en otros procesos en los que fue relacionado con grupos paramilitares. Todo, según el ente investigador, a cambio de dádivas.
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En la última jornada, el viernes pasado, la defensa del expresidente Uribe, que está en la fase de presentación de testigos, llevó a Óscar Monsalve, mayordomo de la familia Uribe Vélez durante los noventa. El testigo, padre del también testigo Juan Guillermo Monsalve, explicó que no hay prueba alguna que vincule a los Uribe con la creación del Bloque Metro paramilitar. Además, que el senador Iván Cepeda, víctima del proceso, sería quien en realidad intentaría torcer testigos. En la presente jornada, se ahondó en los testigos que aseguran haber recibido, justamente, dádivas de Uribe.
La testigo Clara Azucena decidió guardar silencio
La último testigo de la jordana 50 fue Clara Azucena López, abogada con 29 años de experiencia en la Fiscalía General de la Nación y en el grupo de investigaciones de la Corte Suprema de Justicia.
López confirmó que en el pasado estuvo a cargo de una investigación contra el excongresista del Chocó Nilton Córdoba, relacionada con el denominado cartel de la toga. Según su testimonio, en el marco de ese proceso se realizaron diligencias de campo e interceptaciones telefónicas.
No obstante, al ser requerida por más detalles sobre dichas actuaciones, la testigo se acogió a su derecho constitucional a guardar silencio, absteniéndose de responder otras preguntas del abogado Jaime Granados.
Las presuntas mañas de alias Víctor
El primer testigo en acudir a la jornada fue Samuel Arturo Sánchez Cañón, un curtido abogado que acompañó la defensa de varios paramilitares y exjefes paramilitares de Caldas, del Bloque Cacique Pipintá. Entre ellos el mismísimo Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, quien fuera comandante de ese frente paramilitar a principios de los 2.000.
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El abogado Sánchez Cañón también defendió a Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, antiguo paramilitar del Bloque Cacique Pipintá y uno de los principales testigos del caso Uribe. Según alias Víctor, en 2017, el abogado Diego Cadena, quien había sido designado por Uribe para recopilar información a su favor, lo visitó en la cárcel de Palmira (Valle). El testigo ha explicado que Cadena le alcanzó a entregar $50 millones para que declarara en contra de Cepeda y a favor de Uribe. Y que el ofrecimiento fue de hasta $200 millones.
El testigo explicó que conoció por primera vez a alias Víctor en 2005, cuando fue capturado. Los altos mandos del bloque Cacique Pipintá le solicitaron que asumiera su defensa. Sin embargo, Sánchez aseguró que tuvo varios inconvenientes con alias Víctor porque solía aprovecharse de las personas que lo buscaban para que diera información y a quienes no le ayudaban los señalaba falsamente ante la justicia.
“Yo le renuncié varias veces. Él señaló a personas de manera injusta. Y yo le renunciaba. La primera vez me acuerdo perfectamente fue en la cárcel de doña Juana en La Dorada. Él dijo que iba a hacer un ejercicio de presionar personas en búsqueda de colaboración. Yo le dije, para esa tarea yo no lo acompaño. Me dijo: ‘mi propósito es empezar a cantar’”, explicó el abogado Sánchez.
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Y agregó que volvió a defenderlo, por solicitud expresa de los altos mandos del bloque Cacique Pipintá y por quien creía era la madre de alias Víctor. No obstante, que el exparamilitar era tan vengativo, que incluso no le importó señalar falsamente a una expareja por homicidio, solo porque dejó de visitarlo en la cárcel. “La señaló injustamente por venganza, sin medir las consecuencias. Esta es la hora que la mujer todavía está privada de la libertad. Hubo personas condenadas injustamente. Múltiples”, concluyó.
La denuncia previa al juicio
Antes del inicio de la presente jornada, el senador Iván Cepeda anunció la denuncia que radicó contra Óscar Monsalve por los presuntos delitos de fraude procesal y falso testimonio. La razón de la denuncia está en unos audios filtrados que corresponderían a una llamada de Óscar Monsalve, del pasado 19 de mayo, un día antes de que este declarara en el juicio Uribe.
Aunque la defensa de Iván Cepeda, víctima en el proceso, no ha explicado cómo accedieron a las llamadas, la misma conversación fue publicada por el periodista Daniel Coronell. En las llamadas interceptadas, que corresponderían a la voz de Óscar Monsalve, se lo escucha diciendo a Monsalve que iba a dejar en limpio a Uribe y que se “iba a cagar en Cepeda”.
La publicación muestra, además, que al parecer Óscar Monsalve conocía de antemano las preguntas que le iban a hacer y que ya sabía como responderlas. “Esas preguntas me las van a hacer allá. ¿Usted conoce a Uribe? Lo vi una vez como a una cuadra de retirado. ¿Ha hablado con él? Nunca he hablado con él. Ni el saludo nos hemos dado”, se escucha.
Un día después, esa fue exactamente la misma respuesta que dio ante la jueza, la cual valora la culpabilidad del expresidente por presuntamente torcer testigos que lo favorecieran en procesos relacionados con apoyo al paramilitarismo.
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