Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El reciente traslado de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, desde la cárcel La Picota de Bogotá hasta una estación de Policía de la capital, desató una serie de hechos violentos en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca) y puso en alerta máxima a las autoridades penitenciarias, luego de que se conocieran amenazas contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Alias Pipe Tuluá es considerado el máximo líder de la banda criminal La Inmaculada, una estructura delincuencial con fuerte presencia en el Valle del Cauca y vínculos con el narcotráfico. Marín Silva fue condenado en marzo de 2022 a 30 años de prisión por su responsabilidad en al menos 39 homicidios, siete tentativas de asesinato y otros delitos relacionados con concierto para delinquir. Su extradición a Estados Unidos, solicitada por la justicia de ese país, está en trámite, razón por la cual las autoridades colombianas decidieron trasladarlo de manera urgente a una sede policial que garantizara mayor seguridad.
Fuentes cercanas al proceso de extradición informaron que el traslado obedeció a una alerta sobre un plan de fuga que se estaba gestando desde dentro de la cárcel. Según inteligencia de la Policía, integrantes de La Inmaculada habrían reunido cerca de $800 millones para ejecutar el escape, mediante sobornos a personal penitenciario y otros funcionarios. Esta información llevó a que comandos especiales de la Policía Nacional ejecutaran una operación de traslado con un helicóptero UH-60 Black Hawk, reforzando las medidas de seguridad en torno a Marín Silva.
Lea: El plan de fuga de “Pipe Tuluá” y la crisis por su posible extradición a EE. UU.
La reacción de la banda criminal no se hizo esperar. En la noche del martes 4 de junio, el municipio de Tuluá vivió una nueva jornada de violencia: cuatro taxis fueron incinerados y varios establecimientos comerciales fueron atacados por sujetos armados. En respuesta, las autoridades locales decretaron toque de queda para evitar una mayor escalada en los enfrentamientos, presuntamente impulsados por de La Inmaculada en retaliación por las decisiones judiciales contra su líder.
El director del Inpec, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, denunció públicamente que tanto él como otros funcionarios han sido amenazados de muerte tras el traslado de Marín Silva. Según explicó en rueda de prensa, circuló un panfleto firmado por supuestos de la estructura criminal en el que declarna “objetivo militar” a todos los trabajadores del Inpec a nivel nacional. De acuerdo con uno de los apartes del panfleto, desde las 00:00 del 4 de junio, iniciarían ataques armados contra los funcionarios penitenciarios, lo que ha encendido las alarmas en el Inpec.
Gutiérrez aseguró que ya se implementaron medidas de seguridad en coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia, incluyendo inspecciones constantes en las cárceles y planes de contingencia para proteger a los funcionarios amenazados.
Relacionado: Extraditarán al terror de Tuluá: alias Pipe irá rumbo a Estados Unidos
También se reforzaron los esquemas de seguridad en varias penitenciarías del país, especialmente en las que se presume que La Inmaculada podría tener influencia. Mientras avanza el proceso de extradición de alias Pipe Tuluá hacia Estados Unidos, las autoridades intentan contener la posible ola de retaliaciones que podría extenderse a otras regiones del país.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
