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¿Por qué no desea revelar su identidad? Usted está en su país y no ha cometido ningún delito. Por el contrario, usted ha sido víctima: uno de sus hijos fue detenido en El Salvador y hasta hoy no ha tenido derecho a la defensa…
La razón por la que quiero hablar del caso que nos afecta profundamente a mí y a muchas otras mamás de jóvenes colombianos, sin que se sepa quién soy, es porque la presión judicial en El Salvador, en donde están nuestros hijos, es muy fuerte y los podemos perjudicar con nuestras declaraciones, profundizando la grave situación en que se encuentran en las cárceles de ese país.
¿A qué se refiere cuando habla de presión judicial? ¿Les ha sucedido algo amenazante a ustedes, las mamás de los detenidos en El Salvador, cuando han tratado de comunicarse con las autoridades de ese país?
Concretamente, cuando intentamos llamar la atención del Gobierno colombiano, de los medios y de los periodistas sobre la situación que los detenidos del régimen de Bukele están padeciendo, los abogados de El Salvador y los otros encargados del sistema carcelario nos dijeron que cuanto más publicitemos los casos, más perjudicial sería para nuestros hijos porque nuestras quejas podrían repercutir en que los procesos no avancen; y porque podrían llegar a sancionar, incluso, a los abogados que nos atienden, hasta el punto de anularles la tarjeta profesional.
Pero ¿por qué van a intimidar con medidas como la eliminación de la tarjeta profesional a unos abogados que, simplemente, están ejerciendo su profesión?
Nos han dicho que el régimen de excepción (estado de suspensión de derechos civiles, promulgado en marzo de 2022) que decretó Bukele en El Salvador estipula reserva total sobre los procesos penales: nadie puede saber nada respecto de esos casos judiciales. El debido proceso está suspendido. Esta política aplica para nacionales y extranjeros, para todo el mundo. Por lo menos, eso nos han contestado, a nosotros, cuando pedimos información y cuando nos hemos manifestado.
Entonces a estas alturas de la detención de su hijo ocurrida hace varios años, ¿usted no sabe nada sobre lo que le sucede en el proceso que le siguen ni sobre los delitos que le imputan?
Exactamente: no sé nada. En este largo tiempo solo me he podido enterar de la excusa por la que fue detenido, la misma para casi todos los que capturan en las redadas: pertenencia a agrupaciones ilícitas con fines terroristas en colaboración con alguna mara (pandilla delictiva) de El Salvador.
¿Cuánto hace que su hijo fue detenido en el país centroamericano y de cuáles delitos lo acusaron?
A mi hijo lo detuvieron hace cerca de tres años y lo acusaron de ser colaborador de Barrio 18, una mara de las más temidas en El Salvador. Sin embargo, los propios de esa pandilla han declarado que su organización no permite que haya extranjeros.
¿Quiénes detuvieron a su hijo y qué estaba haciendo cuando lo capturaron los agentes de Bukele?
Lo detuvo la Policía de ese país cuando mi hijo estaba desayunando en un puesto callejero. Fue requerido por unos hombres de seguridad; lo llevaron a una estación policial y lo pusieron en lo que se llama una “bartolina” que es una celda (calabozo oscuro, generalmente de castigo). Le dijeron que iban a revisar su situación migratoria. Cuando se dieron cuenta de que sus papeles estaban en regla, no le volvieron a dar ninguna otra razón. Se lo llevaron y lo han mantenido en detención en varias cárceles.
Pero ¿hubo alguna denuncia previa o él estaba con otras personas sospechosas de ser delincuentes?
En el expediente se dice que un denuncio de la propia Policía es suficiente para mantenerlo preso y el agente que lo capturó afirmó que mi hijo estaba extorsionando a la dueña del puesto de comida en donde se encontraba.
¿Sabe si eso pudo ser cierto? ¿Estaba exigiéndole dinero u otras cosas a la señora del punto de comida?
No. Él estaba desayunando y se encontraba solo. Acababa de salir del sitio en donde vivía. Inventaron esa mentira para detenerlo.
¿Qué hacía su hijo en Colombia? ¿Cuáles eran sus actividades?
Trabajaba en construcción, en plazas de abastos y galerías de flores.
¿Cuáles estudios alcanzó a terminar?
Terminó bachillerato, pero él aspiraba a entrar a la universidad. Se fue para El Salvador porque pensaba que allá podía trabajar, ahorrar y regresar a Colombia para pagarse sus estudios universitarios.
¿Cabe la posibilidad de que él se hubiera involucrado con una banda criminal en El Salvador?
No hay ninguna posibilidad de que eso haya sucedido. Estoy completamente segura de que mi hijo jamás haría parte de una banda criminal.
¿Él tuvo algún problema penal o de otro tipo judicial aquí?
Cuando era menor de edad, una compañerita del colegio a la que se le perdió el celular lo denunció. Pero mi hijo solo tenía 14 años y esa denuncia nunca prosperó. Cuando eso sucedió, llamé a la mamá de la niña a quien conocía desde cuando éramos pequeñas, debido a que siempre fuimos vecinas. Hablamos y me dijo que iba a desistir del caso. Y en la Fiscalía no hubo ninguna actividad.
¿Por qué su hijo quiso ir a trabajar a El Salvador, un país pequeño y sin muchas fuentes de empleo?
Porque en El Salvador la moneda oficial era el dólar. Él pensaba que si conseguía trabajo allá, ganaría en esa moneda, podría ahorrar y regresar. También influyó que definitivamente era más fácil ingresar a ese país que a Estados Unidos. Además, al principio, Bukele hizo publicar una propaganda muy atractiva para los jóvenes extranjeros a quienes invitaba a ir, instalarse, estudiar y trabajar en su país. Muchos jóvenes se entusiasmaron con esa idea sin saber lo que les esperaría después.
¿Su hijo tiene tatuajes? Parece que tener dibujos en el cuerpo es prueba para condenar a los jóvenes en el régimen Bukele…
Sí. Mi hijo tiene tatuajes y, como usted dice, fue una de las razones para detenerlo.
¿Cuántos tatuajes tiene su hijo? ¿Muchos y visibles?
Sí. Tiene tatuajes en piernas, brazos, otras partes del cuerpo. Son visibles y hechos así, a propósito, porque en nuestro país tatuarse un adorno es corriente y los dibujos pueden estar a la vista sin que se conviertan en un indicio de sospecha.
¿Él se puso los tatuajes aquí o en El Salvador?
Aquí. E insisto en que en Colombia tener tatuajes en el cuerpo no es motivo para que se sospeche de quien los usa. Además, es una moda.
¿Cuántas veces ha visto a su hijo desde cuando lo encarcelaron?
Nunca. Ninguna de las mamás hemos podido ver a nuestros hijos desde el momento de su detención. Siempre argumentan que no se permiten los os de los detenidos con personas cercanas, de ninguna manera: no tenemos derecho a llamadas telefónicas, a mensajes por correo, ni menos a visitas. Los extranjeros solo tienen derecho a visitas consulares. Significa que el cónsul del país de origen, en nuestro caso, el colombiano, puede pedir permiso para ir con un abogado del mismo consulado. Muy pocas veces iten estas citas y ponen muchos obstáculos antes de conceder la solicitud.
¿Cuántas veces el cónsul y otros funcionarios colombianos han visitado a su hijo y a los otros detenidos de nuestra nacionalidad?
Desde cuando están detenidos la mayoría de los colombianos, los del consulado solo han podido ingresar al penal tres veces.
¿Qué les informaron en el consulado sobre esas visitas?
Nos entregaron notas que les permitieron escribir a nuestros hijos. Antes, las cartas fueron revisadas por el director del penal. El cónsul le tomó foto a cada nota y después la envía, una por una, al correo de cada familia.
¿Cuántas notas han recibido de ese tipo y por ese medio?
Cuando el cónsul ha podido ingresar nos mandan las notas por el mismo medio.
¿Qué le ha contado su hijo?
Contó que varios colombianos habían desarrollado una especie de infección en la piel (escabiosis o sarna) producto de la suciedad y el clima húmedo y caliente. También dijo que solo les daban comida dos veces al día y describió otros problemas de hacinamiento y de la vida dura que les ha tocado enfrentar. Por ejemplo, que si se enferman, no los llevan a médicos u hospitales. Si el director del penal accede, lo mejor que les puede pasar es que les permita ir a la enfermería de la misma cárcel. Muchos se quejan de fuertes dolores musculares y del espacio tan reducido en que viven, al punto de que algunos duermen acurrucados. En la más reciente visita del cónsul, él fue con un grupo humanitario, en enero de este año, y les llevaron platos de comida típica colombiana. En medio de todo, tuvieron ese momento de alegría.
¿Sabe en cuál prisión está su hijo y con cuántos otros colombianos?
Inicialmente, varios colombianos, y con ellos, mi hijo, estuvieron dispersos en diferentes penales, entre esos, el de Izalco, el de Mariona, uno de los más grandes y temibles, y en otros; pero después reunieron a la mayoría de nuestros nacionales y los llevaron a una cárcel que se llama La Occidental de Santa Ana. Ahí mejoraron las condiciones porque es un lugar más humano. Según nos han contado, comparten la celda con menos personas y les dan las tres comidas diarias.
¿Ustedes pueden enviarles dinero o productos para aseo o vestimenta?
Durante el tiempo que dure la detención —de la que nunca se sabe cuánto tiempo será— las familias tenemos que enviarles suplementos alimenticios, productos de aseo, algunos medicamentos y otros objetos como colchonetas, sábanas y el famoso uniforme blanco: bermuda, camiseta, medias y chanclas blancas. Es obligación de las familias proporcionarles todo eso.
¿Cómo envían esos paquetes? En todo caso, son de gran tamaño…
Con el tiempo, hemos conseguido personas de confianza y buenos ciudadanos en El Salvador que nos hacen el favor de adquirir los productos, hacer los paquetes y llevarlos al penal. En los primeros meses nos robaban todo. Era un gran contratiempo porque es nuestro deber enviarles esos paquetes cada tres o cuatro meses. Y cada uno cuesta alrededor de US$300. Imagínese: es mucho dinero para nuestras familias de recursos modestos. Solamente el envío de los documentos que nos piden los abogados nos vale cerca de $300.000, dependiendo de la variación del dólar.
¿Cómo hacen para saber si sus encomiendas les llegan a sus hijos?
Las personas a quienes les pagamos para que las lleven nos envían, como evidencia, fotos del momento de la entrega.
¿Y saben si dentro del penal hay trámites regulares de entrega hasta cuando el paquete esté en las manos del destinatario?
No tenemos ni idea por la falta de comunicación, pero creemos que sí, porque las instrucciones son entregadas por funcionarios del mismo gobierno Bukele.
¿Sabe usted cuántos colombianos están detenidos en ese país, cuántos han tenido un juicio y si han sido condenados o liberados?
Sí. Se sabe que hay alrededor de 140 colombianos detenidos de los cuales 13 son mujeres. La gran mayoría son jóvenes menores de 30 años. Entre quienes hemos tenido noticia que se encuentran en penales, el mayor es un hombre que no supera los 36 años. Hasta el momento, ningún colombiano ha sido condenado. Todos están en condición de sindicados. La Fiscalía salvadoreña no ha encontrado material probatorio para procesarlos o llevarlos a juicio. Nosotros percibimos que, simplemente, no investigan nada porque no tienen nada que buscar, al menos en la mayoría de los casos. Pero esa situación es terrible porque no hay resultados ni avances. ¿Hasta cuándo van a estar detenidos, entonces?
¿Usted y otras madres cuentan con recursos económicos para pagar abogados en ese país?
Ninguna de nosotras tiene recursos económicos, como dije antes. Los abogados cobran muchísimo dinero: entre US$5.000 y US$10.000 solo por asistirlos en principio. La mayoría de detenidos tiene abogados de oficio, porque no hay con qué pagarles.
Y esos abogados de oficio deben ser los más coaccionados por el régimen Bukele debido a que pertenecen a un sistema estatal de asistencia legal…
Se presume eso que usted dice. Ellos mismos nos han dicho que no son libres de ejercer una buena defensa ni una defensa en buen derecho.
¿Ustedes los notan atemorizados?
Francamente, sí.
¿Las condiciones de los colombianos podrían empeorar con la decisión de Trump de enviar a más de 200 venezolanos a El Salvador, deportados y encadenados, bajo la sindicación de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua?
Me dio muchísima tristeza porque se sabe, por lo que ha sucedido estos años, que todos ellos, o la mayoría, son “falsos positivos” (subir las cifras de deportaciones sin evidencias criminales); y también temor porque los condujeron al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), de donde, según el propio Bukele, nadie vuelve a salir una vez que entra. Solo pensar en que las cosas se van a agravar en El Salvador para los detenidos me asusta mucho.
Si las 140 familias se unieran para buscar resultados legales y presionar a los dos países, tal vez lograrían mucho más que lo que de manera individual. Ustedes lo han intentado pero ¿últimamente se han disuelto?
Precisamente cuando intentamos hacerlo, fuimos obligados a callar. Empezamos 16 familias actuando unidas. Así fue como logramos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nos escuchara y enviara una comunicación al Gobierno salvadoreño pidiéndoles unas explicaciones. El Salvador dio algunas respuestas, pero falta muchísima mayor acción. La presión para que no expongamos los casos de nuestros detenidos, como señalé antes, viene de instrucciones dadas en ese país y no estamos disueltos, pero sí cautelosos y temerosos de terminar perjudicando a nuestros hijos. Sin embargo, tenemos muchísima fe en que la CIDH incida en las decisiones de El Salvador. Finalmente, ese país es miembro de la OEA.
En estos años la historia de cada detenido debe haber tenido evolución. ¿Usted sabe alguna de las historias familiares?
He sabido de detenidos cuyos papás y mamás han muerto en este tiempo en que ellos han estado en los penales. Debido al aislamiento, todavía no saben la noticia. Otros han sido obligados a estar tan separados de sus familias que estas aún no han podido determinar en dónde están recluidos ni cuáles son sus condiciones de vida. Estos colombianos jamás han recibido un paquete ni una ayuda externa. Es una situación terriblemente desoladora.
¿Sabe de algún preso colombiano que haya muerto?
Afortunadamente, entre los colombianos que se encuentran en los penales de El Salvador no hay reporte de muertes, aunque sí tenemos noticia de incidentes horrorosos que les han sucedido a algunos.
“Colombia ha quedado corta en gestión humana”
La Cancillería colombiana y la embajada de nuestro país en San Salvador, ¿acompañan a los nacionales de los penales más allá de las visitas consulares?
Además del cónsul que ha hecho una buena presencia, el ministerio de Relaciones Exteriores ha sido diligente pero, definitivamente, falta hacer más esfuerzos para la humanización de la situación de nuestros detenidos porque se resignan a citar el derecho interno de cada país para explicar que la cancillería no puede incidir en las reglamentaciones nacionales. Yo creo que se han quedado cortos en gestión humana, en presión diplomática y en la insistencia en la mejoría de las condiciones de reclusión.
¿Qué esperan ustedes y qué le solicitan a la Cancillería?
Le pedimos que se haga presente en los penales de una manera más humana, insisto. Entendemos las delimitaciones diplomáticas pero podría poner mayor esfuerzo y buscar herramientas para activar los procesos y para que el Estado salvadoreño tenga la certeza de que los colombianos detenidos en ese país, cuentan con otro Estado que se interesa en su suerte. No desconocemos la tarea que han hecho en el ministerio y la embajada. Pero así como se les agradece, también se les puede insistir, con respeto, en que se han quedado cortos.
El Salvador, un país con los derechos humanos suspendidos
Nayib Bukele, el presidente de El Salvador que se ofreció a recibir y mantener encarcelados en su llamado, tenebrosamente, Centro de Confinamiento del Terrorismo, a más de 200 venezolanos sindicados por el gobierno Trump, de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, fue reelegido el año pasado a pesar de que esa posibilidad estaba prohibida en la Constitución. Antes, había obtenido el permiso de la Corte Suprema cuyos son aliados de Bukele. Obtuvo el 80% de los votos y su partido, 54 de 60 escaños de una Asamblea Legislativa plegada a sus deseos que, además, fue la electora de los del Tribunal Supremo Electoral. El estado de excepción prolongado por tres años, le ha permitido a Bukele mantener el control total sobre su país. En estas condiciones, y con los derechos civiles suspendidos “la policía y el ejército han llevado a cabo cientos de redadas indiscriminadas, especialmente en barrios de bajos recursos, arrestando a más de 81.000 personas, incluidos más de 3.000 niños”, reportó Humans Right Watch. “Muchos detenidos no tienen vínculos aparentes con la violencia de pandillas. Los arrestos a menudo parecen basarse en la apariencia de los detenidos y en denuncias anónimas, más que en pruebas”, añadió WRW.
