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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema concedió el sustituto de prisión domiciliaria al capitán navío, Néstor Alfonso Segura Mora, condenado el 1 de abril de 2022 por el Juzgado de Inspección de la Armada Nacional a 49 meses de prisión y una multa de 200 salarios mínimos, por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal en el montaje contra el almirante Gabriel Arango Bacci. En 2008, el entonces almirante fue acusado ante la Corte Suprema de Justicia de tener nexos con organizaciones narcotraficantes.
En febrero de este año, el Tribunal Superior Militar ordenó investigar al excomandante de la Armada Nacional, Guillermo Barrera Hurtado, como autor responsable del delito de fraude procesal que condeno a un año y medio de cárcel al almirante Bacci, acusado de recibir sobornos para evitar operativos y permitir libremente el tráfico de drogas por la zona Caribe. El Tribunal determinó que para este montaje, fueron claves diversos documentos firmados por el entonces comandante de la Armada Nacional y el informe firmado por el capitán de navío Néstor Alfonso Segura Mora, el 8 de noviembre de 2007, en el cual estarían consignadas falsedades, contradicciones y manipulación de los hechos.
Según lo descrito en el fallo, expuesto por el magistrado Diego Eugenio Corredor, “No hay duda, entonces, que el capitán Segura Mora actuó de manera dolosa, pues no solo elaboró la documentación orientada a afectar los intereses del almirante Arango Bacci, sino que también, ratificó su contenido en la declaración que rindió ante la Fiscalía el 21 de mayo de 2008, en el proceso que se seguía su contra”.
Asimismo, el alto tribual concedió el beneficio de casa por cárcel al demostrarse que, Segura Mora, cumple los requisitos de arraigo, y la Sala “dispondrá que el procesado cumpla la pena impuesta en la dirección antes anotada o en la que señale el juzgado al momento de suscribir la diligencia de compromiso”.
De acuerdo al fallo, el condenado se comprometerá a no cambiar de residencia sin autorización previa del funcionario judicial, a comparecer las veces que sea requerido ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena, a permitir el ingreso a su residencia de los encargados de vigilar el cumplimiento de la reclusión, y a seguir las condiciones del INPEC para la prisión domiciliaria. En diciembre de 2020, una condena del Consejo de Estado obligo a la Nación a pagar una millonaria indemnización por la privación injusta de la libertad del almirante Arango Bacci.
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