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El Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Santo Madero, quienes han soportado cuanta barbarie ha sucedido en el corazón del Bolívar, está viviendo una de sus épocas mas felices. El Juzgado Primero de Restitución de Tierras del Carmen de Bolívar ordenó la restitución de su territorio ancestral, constituido por más de 400 en 256 hectáreas en el municipio de San Jacinto. Se trata del resultado de una lucha de décadas por mantener un territorio unificado, libre de violencias y con garantías del Estado para su desarrollo.
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El Consejo Comunitario presentó su demanda a través de la Unidad de Restitución, cuyo director, el mayor Giovanni Yule, estuvo presente en la entrega material del predio. A su turno, la jueza Diana María Rodríguez, aseguró que “la justicia camina al ritmo de las comunidades. Es la primera sentencia de restitución colectiva a favor de un consejo comunitario afrodescendiente en Bolívar es un hecho que marca un hito en la protección de los derechos étnico-territoriales bajo el enfoque diferencial y el pluralismo jurídico que consagra la Constitución colombiana”.
El fallo de restitución está basado en más de 30 hechos puntuales de extrema violencia padecidos por la comunidad a lo largo de su historia reciente. Toda una muestra de la muerte que se apoderó de los Montes de María por cuenta del conflicto armado entre guerrilleros y paramilitares por las rutas de narcotráfico, y la intervención desmedida de las Fuerzas de Seguridad del Estado. El primer hecho data de 1987, cuando empezaron a llegar los primeros grupos armados no identificados, que reclutaron a tres menores de edad entre los 12 y 14 años, y generaron zozobra en la comunidad pintando leyendas en las paredes de las casas.
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En los noventas iniciaron los métodos de financiación del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a través de secuestros. La llegada de la guerrilla también significó las primeras muestras brutales con torturas y asesinatos en locaciones públicas, cuyas víctimas fueron pobladores falsamente señalados como enemigos. La guerra no respetó ni siquiera al sacerdote de origen español Javier Ciriaco Cirujano, secuestrado, torturado y asesinado en 1993, a quien el Ejército Popular de Liberación (EPL) lo persiguió hasta la muerte.
“En 1995 aproximadamente, las FARC- EP toma como rehén al señor Orlando Ariza miembro del Consejo Comunitario Santo Madero, bajo la excusa de realizar indagaciones para comprobar ‘buena conducta’. Luego de dichas indagaciones es dejado en libertad. El hecho generó desplazamientos de la comunidad por temor. En febrero de 1997, el frente 37 de las FARC-EP atacó con rockets y granadas la estación de Policía de San Jacinto e incendió la sede de la Caja Agraria, el casco urbano se encuentra ubicado cerca del territorio de Santo Madero. El ataque, según información de prensa, fue perpetrado por aproximadamente 200 hombres, duró cerca de tres horas y dejó heridos a dos policías, dos infantes y un capitán de la Infantería de Marina”, se lee en la sentencia.
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Las Autodefensas Unidas de Colombia ingresaron al territorio en 1999 y su incursión significó el asesinato de cuatro inocentes. Las FARC respondieron instalando minas antipersona y recrudeciendo el control social contra la comunidad, al punto de que asesinaron a un ciudadano por su homosexualidad, dado que esa orientación no era aceptada por la guerrilla. Tal fue la agresividad de la guerrilla que, incluso, instalaron minas antipersona en el colegio de enseñanza secundaria de la vereda Morena Bajo, a donde acudían niños y jóvenes a estudiar.
En 2001 ocurrió el primer desplazamiento masivo, luego de que las AUC se presentaran en el centro poblado amenazando con quemar cada una de las casas. De ahí en adelante se libró una guerra que protagonizaron todos los grupos armados organizados presentes en la región, incluyendo a las fuerzas del Ejército que, en su intento por arremeter contra los ilegales, lideró combates cuyo fuego cruzado fue padecido por la comunidad. Con el Acuerdo de Paz en 2016 y la dejación de armas de las FARC, el ELN intentó tomar el territorio, no obstante, la fuerza creciente del Clan del Golfo, conformada por autodefensas que no se quisieron movilizar, se apropiaron de la región y sus hechos violentos se registraron hasta 2021.
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La jueza Rodríguez acreditó las múltiples situaciones de violencia y ordenó la restitución del territorio, a través de una entrega simbólica y una serie de órdenes para garantizar la supervivencia de la comunidad. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) deberá formalizar el territorio a nombre del Consejo Comunitario de Santo Madero y realizar de manera clara y visible la delimitación del mismo. Además, La Defensoría, el Ministerio del Interior, la Gobernación de Bolívar y las alcaldías de San Jacinto y el Carmen de Bolívar deberán formular y financiar estrategias de fortalecimiento de los saberes ancestrales de las víctimas.
“El Plan de formación deberá incluir los siguientes temas: derechos humanos, derechos territoriales y alcances de la propiedad colectiva, derechos ambientales, deberes de las comunidades negras y del Consejo Comunitario en el cuidado y conservación del ambiente, planeación participativa y pedagogía para la socialización y alcances de la sentencia restitutiva, lo anterior con un enfoque de género que dé a las mujeres del territorio la posibilidad de participar en la dirección y protección del territorio activamente”, se lee en la sentencia.
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Asimismo, la Unidad Nacional de Protección (UNP) deberá atender las necesidades de los de la comunidad. Por último, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, en colaboración con institutos como el Sena y el Ideam, deberá adoptar medidas para monitorear la cobertura vegetal y el estado de los bosques de la zona. Los proyectos de restauración de la flora estarán a cargo del Ministerio de Ambiente. Y el Ministerio de Agricultura tiene la orden de concertar los proyectos productivos a los que puedan acceder los de la comunidad, que garanticen su soberanía alimentaria y la participación en mercados locales.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhoan Sebastian Cote
Por Tomás Tarazona Ramírez
