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Las armas de los grupos armados organizados están apuntando a los policías y soldados colombianos. Según datos oficiales de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, en lo que va corrido del año han muerto de manera violenta 21 policías y 48 soldados. Únicamente como consecuencia del plan pistola decretado por el Clan del Golfo en todo el norte del país, desde mediados de abril, han fusilado a 13 uniformados de la Policía.
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De acuerdo con información recopilada por la Procuraduría, en los últimos días han fusilado a 11 de la Fuerza Pública, por fuera de combate o durante periodos de permiso, en Bolívar, Antioquia y Norte de Santander. Adicionalmente, este 26 de abril atentaron contra el Batallón de Infantería N 22 Joaquín París, en el Guaviare, tras el cual fallecieron varios uniformados y permanece desaparecido el soldado profesional Jean Carlos Bolaño.
Ante tal violencia dirigida, la Procuraduría le envió una serie de preguntas al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en el marco de su función preventiva. “Las acciones sistemáticas de violencia contra integrantes de la Fuerza Pública afectarían la institucionalidad democrática, debilitarían su capacidad operativa y pondrían incidir negativamente en la confianza pública respecto al mantenimiento del orden y la convivencia pacífica”, señaló el órgano de control.
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La Procuraduría le solicitó al Ministerio de Defensa que entregue un informe oficial sobre los hechos de violencia contra los uniformados, considerados como graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario. También que responda cuáles son los criterios técnicos, jurídicos e institucionales que prevé implementar como parte del Gobierno para fortalecer la protección de los de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
Asimismo, la Procuraduría le solicitó al ministro Sánchez que responda qué medidas ha adoptado frente a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría, sobre los riesgos para la Fuerza Pública en el contexto de los decretos de cese al fuego. Esto con respecto al último decreto firmado por el presidente Gustavo Petro, del 17 de abril, en el que ordenó el cese de operaciones militares a favor de las disidencias de alias Calarcá.
Estas son otras de las preguntas enviadas al Ministerio de Defensa:
- ¿Qué parámetros se establecerán para la toma de decisiones en materia de investigación criminal frente a los hechos violentos perpetrados contra los uniformados?
- ¿Qué procedimientos o mecanismos de análisis de riesgo han implementado el Ejército y la Policía para identificar niveles de amenaza y adoptar medidas preventivas orientadas a salvaguardar la vida de sus integrantes?
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- ¿Qué estrategias de coordinación interinstitucional se han puesto en marcha para mejorar la protección de los uniformados en zonas rurales o de especial vulnerabilidad?
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