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El gobierno de Gustavo Petro, a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), llegó a un acuerdo para reconocer responsabilidad internacional por las múltiples y constantes violencias padecidas por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Se trata de una comunidad que, desde 1997, a través de la asociación de centenares de campesinos desplazados, se constituyó formalmente en el territorio urabeño en distintas propiedades con vocación agrícola. La comunidad se ha declarado en oposición abierta a cualquier grupo criminal de los que han pasado y todavía permanecen en la zona y, con el tiempo, se declararon independientes de las instituciones del Estado, ante a inoperancia y la asociación de fuerzas de seguridad del Estado con grupos criminales.
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El acuerdo entre la Comunidad y Colombia se firmó ante la instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), institución de la justicia internacional que recibió el caso en 2008, que itió su estudio para 2016 y ante el cual la Andje gestionó un proceso de solución amistosa. Se trata de un hito en la historia de la Comunidad, pues hace decadas que no tenían relación con el Estado, incluso negando el ingreso a personal de la fuerza pública a sus territorios bajo dominio, los cuales cuentan con presencia de oenegés de cooperación internacional para la paz. En principio, Colombia ofrecerá un acto público de reconocimiento de responsabilidad por los múltiples hechos ocurridos.
Según las pruebas allegadas ante la CIDH, solo entre 1997 y el 2000 se recopilaron 66 hechos victimizantes, individualizados en detenciones arbitrarias, saqueos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas contra de la Comunidad. Luego de ello, para febrero de 2005, los campesinos fueron víctimas de uno de los hechos más sombríos de la historia del conflicto armado, cuando de la Brigada XVII del Ejército se aliaron con paramilitares del bloque Héroes de Tolová, con el fin de localizar supuestos pobladores ayudantes de la guerrilla. En la persecución, asesinaron con machete a Luis Eduardo Guerra, a su hijo de 11 años y a su esposa. Después, fueron acuchillados Alfonso Tuberquia y sus dos hijos de cinco y dos años.
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Por hechos de esta naturaleza, el gobierno se comprometió a construir un monumento en honor a las víctimas. Se ubicarán placas y murales en los territorios del dominio de la Comunidad de Paz. El Estado publicará un libro que recopile la historia de los pobladores. Se solicitará a la Fiscalía la creación de un grupo de fiscales e investigadores del CTI que permitan concluir las pesquisas sobre la sostenida persecución. Asimismo, el Estado se comprometió con la creación de una comisión independiente, de evaluación de la justicia, presidida por la Defensoría del Pueblo, para evaluar el desarrollo de las investigaciones por violaciones a derechos humanos contra los .
La tarea es grande. De acuerdo con el informe de isión del caso de la CIDH, en palabras de la Comunidad, “las violaciones a derechos humanos derivadas de los hechos denunciados revelan una política de Estado que se traducen en la tolerancia y el encubrimiento de los hechos. Se alega que la falta de reconocimiento del paramilitarismo como política estatal, ha sido un factor de impunidad y continuidad de los crímenes, y que una de las fallas de la justicia en estos casos ha sido ignorar su carácter sistemático y de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, lo que ameritaría una remisión, por parte de la Corte Interamericana a la Corte Penal Internacional para lo de su competencia”.
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Entre los hechos relatados por la Comunidad está que fue vulnerada la petición de proteger la neutralidad de los territorios, luego de las masacres, cuando en abril de 2005 la presidencia de Álvaro Uribe Vélez ordenó la presencia permanente de la Fuerza Pública en el caserío de San José de Apartadó. Ello, se menciona en el informe, “provocó el desplazamiento inmediato de casi todos los habitantes del caserío. Refiere que la policía para albergarse ha usurpado casas, saqueado los bienes. Se alega que muchas viviendas fueron utilizadas como casas de prostitución de policías y soldados, y que se ha albergado a paramilitares en dichas viviendas”.
La posición de paz de la Comunidad ha sido tan constante como la guerra en el territorio. En marzo del año pasado, fueron asesinados a sangre fría la pobladora Nallely Sepúlveda y su cuñado Édinson David, de 14 años, quienes eran la esposa y el hermano del coordinador humanitario de la organización. Las autoridades indicaron que realizaron las acciones correspondientes para llegar al lugar, dado que a la finca donde se presentó el crimen solo se puede acceder por el municipio de Turbo y está bajo el control de integrantes del Clan del Golfo. Es decir, los reductos de los mismos paramilitares que en 2005 cometieron la masacre.
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Ahora, resta saber cuáles serán los compromisos de la Fuerza Pública en la región, la cual está diezmada por la fuerte presencia del Clan del Golfo que tiene prácticamente su centro de operaciones ahí mismo. Entre tanto, las reparaciones simbólicas fueron concertadas por los de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó con los funcionarios del gobierno Petro, y se reconocerá la responsabilidad de Colombia, como Estado, por las múltiples violaciones de derechos humanos que han padecido desde 1997 y hasta la fecha. La Comunidad sigue resistiendo en una de las asociaciones en búsqueda de la paz más entrañables del mundo, que es reconocida por la Iglesia Católica y apoyada por Estados de la Unión Europea, y que significa un haz de luz en la oscuridad de la guerra por el control de la mejor esquina de América.
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