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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia acaba de confirmar la condena en contra de la exdirectora del extinto Departamento istrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado; y el exdirector del Departamento istrativo de Presidencia del gobierno de Álvaro Uribe, Bernardo Moreno, por las conocidas chuzadas del DAS.
El alto tribunal leyó en la mañana de este martes 20 de mayo la decisión que le cerró definitivamente las puertas a Hurtado y Moreno de cambiar la condena que fue impuesta en 2015 por las interceptaciones ilegales a opositores, periodistas y magistrados.
A los dos les fueron confirmadas sus responsabilidades en los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública y falsedad ideológica en documento público. Ambos buscaban que la Sala Penal anulara el proceso por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto.
Hurtado y Moreno, protagonistas del escándalo del gobierno de Álvaro Uribe, fueron condenados el 28 de abril de 2015 por la Sala de Casación Penal y el proceso volvió a la Corte Suprema de Justicia para resolver el recurso de impugnación especial, es decir, buscar que fuera revisado y modificado.
En esa primera decisión, la justicia encontró que entre 2007 y 2008, los exfuncionarios se valieron de sus altos cargos y “acordaron desplegar labores de inteligencia contra servidores públicos con el propósito de obtener información que luego filtraron a los medios de comunicación para desprestigiar ante la opinión pública a quienes la Presidencia de la República consideraba opositores políticos”.
En ese entonces, el DAS infiltró a la Corte Suprema y, se demostró, que “ordenó la instalación de dispositivos que grabaron las sesiones de Sala Plena. De esta forma, obtuvo información sobre las discusiones jurídicas que los magistrados sostuvieron en la antesala de la emisión de decisiones cruciales en los procesos que investigaban los vínculos de congresistas, algunos cercanos a la Presidencia de la República, con grupos armados al margen de la ley”.
También, que el DAS reclutó a empleados y personal de seguridad de la Corte “que entregaron copias de piezas procesales reservadas e información personal de los magistrados y auxiliares, con la que formó un banco de datos de consulta permanente y diseñó el perfil político de los dignatarios”.
Entre las víctimas de estas chuzadas estaban congresistas de la oposición, como el hoy presidente Gustavo Petro y la fallecida senadora Piedad Córdoba; el periodista Daniel Coronell; y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, José Alfredo Escobar Araújo, Carlos Isaac Náder y Rafael Ostau de Lafont, entre otros.
En su reciente decisión, el alto tribual determinó que “la Fiscalía probó, más allá de duda razonable, la existencia de los hechos acusados y la responsabilidad de los procesados en tales conductas y no encontró motivos razonables que conllevaran su revocatoria”.
Además, que realmente “hubo un acuerdo entre exfuncionarios para adelantar labores ilegales de inteligencia desde el DAS que incluyó incluso el uso de gastos reservados para pagar testigos que contribuyeran a desprestigiar a blancos definidos con anterioridad”.
En la decisión se lee que “tampoco es sostenible afirmar que María del Pilar Hurtado no tuvo el dominio funcional de la conducta de los directivos e investigadores encargados de la ejecución de las tareas de inteligencia, pues sí libró órdenes, hizo seguimientos de su cumplimiento, recibió los informes detallados que rindieron las subdirecciones de la entidad y evaluó con ellas el nivel de cumplimiento de las tareas del organismo y de las expectativas de la Presidencia, es evidente que estaba ante la posibilidad de interrumpir las labores de sus subalternos, cuandoquiera que advertía que se cumplían por medios ilícitos o por fuera de la exigencia de garantía de la seguridad nacional”.
Por su parte, señala la Corte, Moreno Villegas, uno de los hombres más cercanos al entonces presidente Álvaro Uribe, fue vinculado a una reunión en la que se dieron instrucciones para desplegar las irregularidades desde el organismo de seguridad. Además, dice la sentencia, era quien daba “órdenes ejecutivas a la dirección del DAS y evaluaba los resultados de las tareas de inteligencia conforme al interés del Gobierno”.
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