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Ricardo Bonilla González, exministro de Hacienda, será llamado por la Fiscalía a imputación de cargos por su presunta participación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el caso de corrupción más grande que enfrenta la istración del presidente Gustavo Petro. Según el ente investigador, el exjefe de la cartera económica habría cometido delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, por, al parecer, haber cuadrado contratos para favorecer a seis congresistas de las comisiones de Crédito Público a cambio de sus conceptos favorables para aprobar altos créditos para la Nación.
Según señaló la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, durante una rueda de prensa, Bonilla estaría salpicado en uno de los cuatro sucesos que hacen parte de la macrocriminalidad del caso. A renglón seguido, explicó que la definición de la fecha para la imputación dependerá de que un juez avale el principio de oportunidad a María Alejandra Benavides, su exasesora y testigo clave en el caso, que se radicará esta misma semana.
“La Fiscalía tuvo conocimiento de la actividad, presuntamente delictiva, del señor Bonilla a partir de un acercamiento que en virtud de una negociación de principio de oportunidad tuvimos con la señora María Alejandra Benavides Soto. Ese principio de oportunidad se va a radicar a finales de esta semana y, una vez el juez de control de garantías a quien corresponda decidir la legalidad de este principio de oportunidad lo avale, vamos a proceder a solicitar la audiencia de formulación de imputación contra el exministro Bonilla”, dijo la fiscal Camargo.
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El nombre de Bonilla González en el engranaje se conoció, en principio, debido a las declaraciones que Olmedo López, exdirector de la Ungrd, le entregó a la Fiscalía. Ante la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, López puso en conocimiento que el exministro pactó con él que los convenios, que sumaban cerca de $92.000 millones, pero que nunca se firmaron, salieran de la Unidad para atender desastres y que fueran directamente a los congresistas cuyos votos eran determinantes para aprobar los créditos urgentes. Esos convenios eran conocidos como “cupos indicativos”.
Sneyder Pinilla, exdsubdirector para el Manejo de Desastres de la Ungrd, también mencionó a Bonilla durante sus declaraciones a la justicia. El exfuncionario, que al igual que López se encuentra detenido en una guarnición militar debido a temas de seguridad, dijo que el exjefe de cartera sabía perfectamente de los manejos irregulares dentro del organismo y que tuvo o con él para cuadrar los contratos que iban a beneficiar a los legisladores. Estos convenios, según Pinilla, iban dirigidos a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), en donde, al parecer, se reportaron falsas emergencias para firmar los contratos.
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Según lo dicho por Olmedo López tanto a la Fiscalía como a la Corte Suprema de Justicia, los congresistas que se verían beneficiados con esos convenios son: Wadith Manzur, Liliana Bitar (Partido Conservador), Julián Peinado, Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), Karen Astrid Manrique (Circunscripciones de Paz) y Juan Diego Muñoz (Alianza Verde). Todos han sido llamados por el alto tribunal para que entreguen sus declaraciones sobre el caso, pero, salvo la senadora Bitar, todos ejercieron su derecho a guardar silencio.
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