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El llamado zar de la contratación, Emilio Tapia Aldana, fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión por su participación en el escándalo de Centros Poblados. Tapia había aceptado los cargos por las irregularidades que se encontraron en el proyecto que buscaba llevar internet a escuelas rurales en el país. Además, se comprometió a devolver parte del dinero robado en el entramado.
Del escándalo que le conllevó una nueva condena por corrupción, también se desprendieron dos procesos contractuales que se siguieron en las Empresas Municipales de Cali (Emcali). Durante el proceso, Tapia había aceptado los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado. Por eso, ofreció excusas, se comprometió a colaborar con las investigaciones y aseguró que reintegrará $5.063 millones que fueron apropiados ilegalmente.
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Según la Fiscalía, hasta el momento ha restituido $2.532 millones, a través de ocho títulos judiciales. Además, el 50% restante “lo cubrirá con dos pagarés por 1.265 millones de pesos que deberá presentar en abril y octubre de 2025″. Mientras eso ocurre, dice el ente investigador, “el valor está soportado con un inmueble en el corregimiento San Cristóbal, en Medellín (Antioquia)”.
Por ahora, el llamado zar de la contratación continuará privado de la libertad en una cárcel de Barranquilla (Atlántico).
Emilio Tapia llegó a caso Centros Poblados desde octubre de 2020, cuando el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) abriría una licitación pública para entregar un contrato de un billón de pesos, con el objeto de llevar internet a escuelas rurales. En esa época, Tapia, según encontró la Fiscalía, “concertó con distintas personas para comprar la experiencia de unas empresas y constituir la Unión Temporal Centros Poblados, y así participar en el proceso contractual”.
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El zar de la contratación resultó ganador de la adjudicación, a pesar de no tener las garantías bancarias que se exigían. Aun así, le fue legalizado el contrato 1043 de 2020, que le dio vía libre para gestionar y entregar tres pólizas bancarias falsas y recibir un anticipo, “del cual a Tapia Aldana le correspondieron 5.063 millones de pesos que destinó para la compra de obras de arte y vehículos, y diferentes gastos personales como préstamos y el pago de honorarios a abogados”, dijo la Fiscalía.
En el caso de los contratos de Emcali, el ente investigador encontró que en febrero de 2021 se creó un consorcio con empresas controladas por Emilio Tapia, con el propósito de quedarse con dos contratos ofertados por las Empresas Municipales de Cali (Emcali). La finalidad de esos acuerdos era la construcción de las obras alternas en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino, entre Buga y Loboguerrero (Valle del Cauca), por $3.798 millones y $2.414 millones, respectivamente.
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La investigación arrojó que Tapia falsificó las pólizas que garantizaban el cupo de crédito por el 30% de cada uno de los contratos. De esta manera, señala la Fiscalía, “hizo incurrir en error a funcionarios de Emcali que emitieron avales istrativos para suscribir los citados contratos”.
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