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Cuatro excomandantes del Bloque Magdalena Medio de las antiguas Farc fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los cargos se dan en el marco del Caso 01, que investiga la política sistemática de secuestros implementada por esa guerrilla durante el conflicto armado.
Los comparecientes enfrentan acusaciones por haber ordenado, facilitado y omitido acciones ante múltiples crímenes cometidos contra personas privadas de la libertad. La imputación se da contra Erasmo Traslaviña Benavides, conocido en la guerrilla como Jimmy Guerrero; Pedro Trujillo Hernández, alias Alberto Cancharina; Jairo Reinaldo Cala Suárez, alias Jairo Quintero o Jairo Mechas; y Fabio Gil Forero, alias Norbey Narváez.
Todos ellos ocuparon posiciones de mando en el Bloque Magdalena Medio, una de las estructuras más activas de las Farc en el nororiente del país, con influencia en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá y Cesar.
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La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP estableció que estos cuatro exguerrilleros tuvieron responsabilidad directa e indirecta en múltiples violaciones de derechos humanos, incluyendo homicidios, torturas, tratos crueles, violencia sexual, desapariciones forzadas, desplazamiento y trabajo forzado, cometidos contra personas secuestradas por las Farc.
Según el tribunal, estos crímenes se cometieron como parte de un plan sistemático para financiar a la organización y mantener el control sobre la población civil, mediante el miedo y el castigo. Los cuatro comparecientes tienen un límite de 30 días para aceptar, o no, los cargos. De acogerse a la imputación y comprometerse con la verdad plena y la reparación a las víctimas, podrían acceder a sanciones propias contempladas por la JEP. En caso contrario, el proceso avanzará hacia la apertura de juicio, con penas más severas.
La política de secuestros de las Farc
Entre 1990 y 2016 el Bloque Magdalena Medio implementó la política de secuestros como una herramienta militar y económica. A través del cobro de “impuestos” a comerciantes, empresarios, ganaderos y funcionarios públicos, la estructura guerrillera consolidó una red de retenciones ilegales que afectó gravemente el desarrollo democrático y la vida cotidiana en vastas zonas del país.
La JEP acreditó 189 víctimas —entre directas e indirectas— que han denunciado ante el tribunal los crímenes cometidos por esta estructura. De acuerdo con los testimonios recogidos, los secuestros no solo eran utilizados para obtener recursos mediante extorsiones, sino también como método de control social, castigo ejemplarizante y represalia contra quienes eran considerados opositores políticos o supuestos colaboradores del Estado o de grupos paramilitares.
Uno de los casos emblemáticos que sustentan la imputación es la operación denominada La despedida a Samper, ejecutada en 1997, en la que el Bloque Magdalena Medio ordenó el secuestro masivo de funcionarios públicos, concejales, alcaldes y candidatos a cargos de elección popular. El objetivo era presionar al entonces presidente Ernesto Samper para lograr un intercambio humanitario con guerrilleros presos. Según la JEP, esta campaña paralizó la actividad política en varios municipios y dejó una profunda huella en la institucionalidad local.
El proceso de contrastación de pruebas incluyó informes de la Fiscalía General de la Nación, organizaciones de víctimas y derechos humanos, la Procuraduría, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad, así como 29 observaciones escritas de víctimas y los testimonios de 46 exintegrantes del Bloque Magdalena Medio.
La Sala concluyó que los hoy imputados participaron en reuniones donde se definieron políticas de secuestro y que, aun cuando no siempre ordenaron directamente las privaciones de la libertad, tenían pleno conocimiento de su ejecución y omitieron tomar medidas para evitarlas o sancionar los abusos.
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El informe también revela que el Bloque Magdalena Medio financió sus actividades a través de una economía ilegal basada no solo en el secuestro extorsivo, sino también en el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando de gasolina. Esto les permitió mantener un corredor estratégico entre Venezuela y el centro del país, a través del Magdalena Medio, con el fin de movilizar recursos, armas y combatientes.
Una de las coyunturas que incrementó las prácticas de secuestro fue la incursión de grupos paramilitares en Barrancabermeja el 16 de mayo de 1998. En respuesta, las Farc intensificaron su control territorial mediante actos de violencia contra la población civil, incluyendo nuevas oleadas de secuestros, amenazas y asesinatos selectivos, con el fin de reafirmar su dominio sobre la región y castigar a quienes consideraban colaboradores del enemigo.
Con esta decisión, ya son 41 los exintegrantes de las Farc imputados en el Caso 01, incluyendo a los siete del antiguo secretariado, entre ellos Rodrigo Londoño (Timochenko) y Pastor Alape, quienes también dirigieron el Bloque Magdalena Medio en años anteriores. La JEP ha acreditado un total de 4.213 víctimas en este caso, considerado uno de los más emblemáticos del tribunal por su alcance nacional y por abordar el secuestro como una de las prácticas más repudiadas del conflicto armado.
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