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Ya pasaron dos semanas desde que las alertas del exsenador Jorge Robledo, fortalecidas con investigaciones de medios de comunicación, sobre los procesos de contratación en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, levantaran todo tipo de sospechas sobre la entidad. La raíz del asunto está sobre las dudas que despertó la posible contratación de la empresa Astrea SAS, sin ninguna experiencia en litigios internacionales, como parte del equipo de trabajo de la firma estadounidense Hughes Hubbard & Reed (HHR). Un reputado bufete de abogados que está listo para defender al Estado en una demanda de US$430 millones que el inversionista canadiense Zijin Continental Gold presentó contra Colombia.
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Tal ha sido la controversia generada que el director de la Agencia, César Palomino, despachó una solicitud masiva de renuncias en la entidad y no tuvo de otra que aceptar la renuncia irrevocable de todo el Grupo de Arbitraje de Inversión, encargado de estos delicados procesos. Palomino solicitó la intervención de la Fiscalía, por lo que considera una filtración de datos sensibles. Además, solicitó el acompañamiento de la Contraloría y de la Fiscalía, para determinar responsabilidades fiscales y disciplinarias. La primera se negó a actuar y la segunda ya puso la lupa en el caso, a través de la delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, a cargo de Marcio Melgosa Torrado.
“Para el Ministerio público es importante que la Agencia Nacional De Defensa Jurídica Del Estado aclare de manera especial, en el marco de la relevancia mediática del asunto, lo relacionado con el requisito técnico planteado dentro de la invitación a cotizar denominado ‘alianza estratégica optativa’“, se lee en la respuesta de la Procuraduría. El dilema está justamente en la iniciativa de la ”alianza estratégica", la cual se empezó a implementar en la istración Palomino. Se trata de un requisito que puede acreditar una firma internacional para ofrecer sus servicios de defensa a Colombia, que implica la inclusión de una oficina de abogados nacionales. Una iniciativa que se tornó sospechosa cuando medios como El Espectador descubrieron que HHR terminó asociada con la firma Astrea SAS, que no tiene experiencia en este tipo de casos, constituida en noviembre pasado y que miente abiertamente en su página web.
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Por tanto, la Procuraduría le hizo una serie de solicitudes a la Agencia. La primera, que realice y envíe un informe ejecutivo que dé cuenta del estado actual de la selección del contratista. También deberá indicar cuál es la modalidad de selección del contratista y su fundamento. Además, deberá indicar cuál es la finalidad de la invitación a cotizar dentro de la selección al contratista. Esto último está relacionado con, como explican las fuentes oficiales de la Agencia, el cambio que quisieron implementar: pasar de la contratación directa a una contratación más parecida a una licitación pública. No obstante, el cambio resultó extraño, pues los procesos no cuentan con puntajes a evaluar explícitos y, aunque se crea una lista corta de posibles contratistas, a la final el Consejo Directivo de la Agencia termina escogiendo a dedo a su favorita.
La Procuraduría también exige que se le responda de qué forma se garantiza el principio de selección objetiva dentro de la selección del contratista. “Realizar un análisis respecto a la inclusión como requisito técnico dentro de la invitación a cotizar denominado ‘alianza estratégica optativa’, la finalidad, pertinencia, sentido y alcance del mismo; asimismo, indicar si existen lineamientos por parte de la ANDJE que indiquen los requisitos que estos aliados deben cumplir para ser seleccionados por parte de los contratistas, así como lineamientos respecto a la atención de conflictos de interés”, es otra de las solicitudes.
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Asimismo, el órgano de control le pidió a la Agencia que responda de qué manera la firma Astrea SAS terminó relacionada con el procedimiento para seleccionar al contratista. La entidad deberá responder, así como han insistido los medios de comunicación, si, desde el punto de vista de idoneidad y experiencia, Astrea SAS cumple los requisitos para hacer parte del equipo dispuesto por el contratista para asumir la tarea de defender a Colombia de una demanda de US$430 millones. La Procuraduría, por último, sugirió suspender la firma del contrato , hasta que no se aclaren las dudas y publicar el oficio del órgano de control en la plataforma transaccional pública SECOP, dentro del proceso.
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